CATALUÑA, A DEBATE

 

  Editorial de   “ABC” del 15.01.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

 

La llegada del proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña al Parlamento nacional ha centrado el debate político y jurídico sobre la inserción del texto en los límites constitucionales y las consecuencias de su aprobación en el modelo de Estado. Esta es la razón por la que resultan improcedentes los llamamientos al silencio que hacen a veces los dirigentes catalanes cuando se trata de replicar las críticas que proceden de otras comunidades. Lo que se discute en relación con el nuevo Estatuto catalán es también una revisión sustancial de las relaciones entre Cataluña y el resto de España y de la continuidad del Estado en aquella autonomía, motivos suficientes para que el interés legítimo en el desenlace de este proyecto estatutario no esté limitado a los representantes políticos catalanes, sino que se extienda a toda la sociedad española.

Sin embargo, otra cuestión no menos importante, pero que está pasando menos advertida en el debate político, es el futuro de la propia Cataluña. La aprobación de la propuesta estatutaria por el Parlamento autonómico no liberó a la sociedad catalana de nuevas responsabilidades por el resultado de este proceso de revisión de los fundamentos de su autogobierno. En la entrevista que hoy publica ABC, Jordi Pujol afirma con sinceridad que «haya o no Estatuto, hay muchas posibilidades de que el resultado sea negativo». La autoridad personal y política de Pujol es suficiente para rebajar las expectativas que se han construido en torno a este nuevo proceso estatutario, sobre el que se han volcado propósitos que van más allá de la mera sustitución de un texto por otro, y llegan directamente a la revisión del modelo constitucional de 1978.

Cabría, entonces, preguntarse si este proceso político ha sido iniciado por personas capaces para culminarlo, si tenía objetivos definidos desde el principio y si, tal y como están las cosas, su mantenimiento no es un fraude a la sociedad catalana y también a la española. Fraude para ambas porque si a los catalanes se les ha planteado el nuevo Estatuto como el salto cualitativo que necesitaba su identidad nacional -o cualquiera de las ocho fórmulas con las que el presidente del Gobierno iba a resolver la disputa semántica en torno a la nación-, a los restantes españoles se les dice insistentemente que el futuro Estatuto -pactado con independentistas, nacionalistas y el socialismo confederal- hará más fuerte y cohesionada a España. Obviamente, Pujol enfoca su análisis desde la perspectiva nacionalista, porque señala la causa del posible fracaso en las dificultades que hay para reconocer a Cataluña el volumen competencial y financiero que, a su juicio, merece. Claro que tales «dificultades» son las exigencias derivadas de un determinado orden constitucional y de un modelo unitario y descentralizado de Estado en el que la unidad, la igualdad y la solidaridad son sus pilares fundamentales. Y una de tales dificultades habría de ser el trato político y jurídico del castellano en Cataluña, claramente en regresión desde el acceso de la coalición nacionalista y socialista en 2003, tal y como se desprende del estudio que hoy publica ABC, elaborado por el profesor Francesc de Carreras y el letrado de la Seguridad Social José Domingo sobre la doctrina del Tribunal Superior de Justicia catalán en torno a la cooficialidad y la creciente aplicación de sanciones por parte de la administración autonómica.

En todo caso, Pujol demuestra poseer una capacidad de equilibrio argumental muy superior -por ejemplo, al tratar la solidaridad entre regiones y la suficiencia fiscal- a la que esgrimen los actuales dirigentes políticos catalanes, que se sintetiza en el reconocimiento de que «Cataluña es España, pero lo es a su manera». Los problemas surgen en la concreción de esa manera de ser de Cataluña en España, pero también de Cataluña consigo misma, porque el templado pesimismo de Pujol es una instrospección de la situación en la comunidad que presidió durante tantos años. Buena parte de la esfera político-mediática catalana responsabiliza a la intransigencia «española» del desconcertante panorama que se ha abierto. Bien, no se trata de establecer competiciones, pero ejemplos como el deplorable artículo de «Avui» en el que se insultaba gravemente a los militares, o aquella otra «pieza» en la que se proponía el linchamiento de los intelectuales que se han movilizado contra el nacionalismo obligatorio, partieron de Cataluña. Así que el victimismo, quizás también sea «a su manera».