ESTATUT SIN EL PUEBLO
Artículo de FRANCESC DE CARRERAS en “La Vanguardia” del 23.06.05
Por su interés y relevancia,
he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L.
B.-B.)
Los ciudadanos catalanes sabemos que se está elaborando un nuevo Estatut. Lo
sabemos desde que empezó a dar sus primeros pasos el actual Gobierno tripartito:
estaba en los programas electorales de los partidos que lo forman y también en
el programa de CiU, uno de los partidos de la oposición. Sólo el PP no lo
consideraba necesario. Por tanto, si nos atenemos a esta casi unanimidad de la
representación parlamentaria, las apariencias indicaban que en Catalunya había
un gran clamor para aprobar un nuevo Estatut. Por lo visto, el actual ya no
servía, resultaba totalmente insuficiente.
Todo ello, sin embargo, es bastante raro. Primero porque el actual Estatut ha
suministrado a Catalunya un grado de autonomía altísimo, obviamente el mayor de
su historia, y ha sido punto de referencia para la reforma territorial del resto
de las comunidades españolas.
Pero, además, también era rara esta súbita cuasi-unanimidad cuando la autonomía
española era vista por todos los especialistas extranjeros, sobre todo por los
buenos conocedores de los estados federales, como una reforma territorial
ejemplar, modelo para las reformas territoriales en otros muchos países. Por
último, el amplio acuerdo parlamentario no parecía corresponderse con la opinión
pública catalana si nos atenemos a los sondeos. Como es sabido, en todas las
encuestas efectuadas los catalanes sitúan al nuevo Estatut en uno de los últimos
lugares entre las actuales necesidades de Catalunya.
A pesar de todo ello, el nuevo Estatut ha sido y sigue siendo el elemento
central de la actual política catalana. Maragall acaba de declarar que el
próximo julio será decisivo y que, por esta causa, "entramos en un mes de
infarto". Yo, sinceramente, creo que la salud cardiaca de los ciudadanos
catalanes no está ni mejor ni peor que en los últimos tiempos y supongo que
Maragall se refiere únicamente a la salud de una buena parte de la clase
política catalana, aquella que ha comprometido su prestigio político a la
aprobación del nuevo texto estatutario. A veces pienso -piensa mal y acertarás,
dice el refrán- que este empeño en aprobar un Estatut no tiene otro fundamento
que la supervivencia de la actual clase política, la cual comienza a tener claro
que, si no se aprueba, le habrá llegado el momento de la jubilación. El infarto
no alcanza, por tanto, al miocardio, sino a los cargos públicos que algunos
están ocupando. Constituye, ciertamente, un espectáculo ver los desesperados
esfuerzos de una clase política intentando salvarse a sí misma.
Estas prisas innecesarias muestran, por otra parte, el concepto de democracia de
esta clase política catalana a la vista del calendario que se está proponiendo.
Porque, en efecto, el procedimiento de elaboración de este nuevo Estatut es de
una insólita opacidad y carece de la mínima trasparencia democrática
imprescindible.
Tras una grotesca campaña de participación (sic) que tuvo lugar el verano
pasado, la publicidad de los debates en el seno de la ponencia parlamentaria,
que comenzó sus reuniones hace casi un año, ha sido más que escasa.
La mayoría de las noticias estaban filtradas por los ponentes de forma oficiosa
a la prensa. Lo único que consta por escrito es un documento que lleva por
título Proposta de reforma de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya. Treballs de
la ponencia redactora. Primera lectura. Maig del 2005, publicado en formato
paper y que está expuesto en la web del Parlament. Recoge los acuerdos y
desacuerdos -muchos más los segundos que los primeros- de los partidos en la
ponencia redactora, lleva por fecha 27 de abril y va precedida de un
Advertiment preliminar, de fecha 17 de mayo. Es decir, hasta hace un mes y
medio, éste era el único documento escrito de un asunto tan decisivo como es el
nuevo Estatut de Catalunya.
Ahora bien, podía tratarse de trabajos preparatorios de carácter previo a un
amplio debate parlamentario posterior que, por su misma naturaleza, sería
público, es decir, se realizaría con el objeto de lograr la participación de los
ciudadanos para que entendieran las propuestas y posiciones de los distintos
partidos, con el fin de aprobar un texto a través de los procedimientos
parlamentarios habituales en las democracias: enmiendas, defensa de éstas,
acuerdos y desacuerdos recogidos en las actas parlamentarias.
En el Parlament de Catalunya, sin embargo, el procedimiento será distinto: una
reunión de la comisión parlamentaria a finales de julio -con los ciudadanos ya
de campo y playa- y un pleno que, a poder ser -¡cómo no!-, debe realizarse el 11
de septiembre, es decir, en un día festivo pero patriótico. Quizás es
casualidad, pero quizás no, que también el acuerdo de la ponencia sobre el
borrador lleva fecha, como hemos indicado, de 27 de abril, día de la Verge de
Montserrat. Con este calendario en el que hay, sin duda, más patria que
democracia, está previsto aprobar el nuevo Estatut en Catalunya, quizás un
Estatut para el pueblo, pero, desde luego, sin el pueblo.
Afortunadamente, nos queda el trámite parlamentario en Madrid. Esperemos que si
el texto propuesto por el Parlament llega al Congreso de los Diputados, el
debate que allí se celebre sea de una mayor calidad democrática, la propia de
una democracia deliberativa. Aquí, el texto que están elaborando los partidos
responde a los criterios de una simple democracia de negociación, ésa que desde
la izquierda tanto se critica por conservadora y derechista.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB