CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OTRA VEZ

 Artículo de Wilfredo Espina en “ABC” del 20-4-06

Wifredo Espina, Periodista, ex director del Centre d´Investigació de la Comunicació

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Con el alarmado título de «La amenaza del CAC contra la libertad convertida en una inadmisible realidad», el prestigioso periodista Ramón Pedrós (hombre de confianza que fue de Jordi Pujol) viene a dar, en buena parte, la razón a la alerta que hicimos sobre los peligros para los medios de comunicación del espíritu del Tripartito catalán, ahora corroborados por la Ley del Audiovisual al amparo ya de lo previsto en el futuro Estatut.

Denunciamos el intervencionismo en los contenidos de los medios que, en nombre de la veracidad, establecía el proyecto de Estatut. A raíz de las reacciones, se suavizó el texto. Pero sin que acabe de llegar a los ciudadanos -seguramente deslumbrados por su acento nacionalista y el aumento de competencias-, el exceso de intervención en la vida cívica, asociativa y económica que inspira todo el Estatut. No, no es un Estatut de todos los catalanes, es un Estatut partidista, casi un programa partidario de gobierno. Lo ha aclarado bien Zapatero en su inicio de campaña para el referéndum en Cataluña, al advertir a ERC que es un Estatut de izquierdas, por lo que ese partido no podía votar «no».

Un Estatuto de partido -de derechas o de izquierdas, da igual- ¿se imaginan qué barbaridad? ¡Cuando un estatuto de autonomía -como una Constitución-, cualquiera que sea, debe ser el campo de juego y las normas que permitan que todas las tendencias políticas puedan intervenir y jugar en igualdad de condiciones! Tiene razón, conseller señor Carretero -aunque usted lo diga en otro sentido- que estamos ante «un desastre» para la libertad de expresión.

Y el espíritu de este Estatut da cobertura a lo que Pedrós llama «la inadmisible serie de medidas que quiere imponer el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) por controlar la información relacionada con el referéndum sobre el Estatut», y añade que «da la razón a los detractores de este organismo, que vieron en su puesta en marcha una grave amenaza en potencia contra la libertad de expresión en Cataluña. Los temores se han hecho realidad». Y sigue Pedrós, en El Debat, que «dejar un organismo regulador de los contenidos audiovisuales en manos de los políticos, supone literalmente admitir la censura y no haber entendido nada del papel que juegan los medios en la democracia».

Y pone un ejemplo de estos días: «El mitin socialista de sábado en Cornellà demostró que Zapatero y el PSOE quieren explotar a fondo el Estatut, así como la paz en Euskadi, por volver a distanciarse del PP de Mariano Rajoy en la segunda mitad de la legislatura. Es lógico que sea así. Tienen todo el derecho a hacerlo. Pero las fuerzas que quieran capitalizar el éxito del Estatuto, necesitan naturalmente un buen resultado en el referéndum. Y aunque previsiblemente se le vaya a dar el «sí» en la consulta, no se olvide que, de los cinco partidos catalanes, hay dos que, por el momento, no propugnan esta opción». Por esto ahora Maragall coge las riendas de la campaña del referéndum en un intento de tapar la boca, no al PP, sino a su socio ERC.

Todo lo cual lleva a Pedrós a concluir que «esto explica la irrupción del CAC con la imposición de una normativa ad hoc para que las televisiones y radios públicas eviten la polémica y prioricen los contenidos propagandísticos sobre el Estatut. No se puedan dar a conocer las posiciones de cada partido, sino que el CAC exige prioridad informativa por el contenido de la norma, por tal de limitar las oportunidades de explicación de ERC y del PP, y explotar sin polémica la difusión del texto. Es decir, se suprime aquello que hasta ahora se imponía -los bloques electorales-, porque ahora no conviene dar voz a los partidos sino divulgar las glorias del Estatut».(...) «La estrategia sería digna de la propaganda de un régimen totalitario; esta clase de funciones y normativas que coartan la libertad no son propias de la democracia».

Lo digo con pena, porque creía -y aún quiero creer- en la posibilidad de una función ordenadora saludable del tráfico comunicativo -¡no de los contenidos!-, del Consell de l´Audiovisual de Catalunya, como en su día propugnaba su primer presidente Lluís de Carreras, que se negó siempre a una actividad censora, criterio que compartió su sucesor Francesc Codina. Con ambos colaboré y hablamos de todo esto, advirtiéndoles siempre, sin embargo, que el origen político de sus miembros directivos podía enturbiar o malograr todas las buenas intenciones personales. El CAC no puede convertirse -como quieren algunos políticos- en censor de la libertad de expresión. ¿Por qué no se levantan más protestas? ¿Silencio del miedo, interesado, cómplice? ¿Y los Colegios de Periodistas, las Asociaciones de la Prensa, la FAPE, los síndics de greuges, los defensores del pueblo, de los lectores y radiotelevidentes, y las Facultades de de Comunicación? Cabría preguntar una y mil veces por qué este silencio si es que no supiéramos ya a qué se debe. ¿Cómo los periodistas podrán votar «sí» a un Estatut que da cobertura a esto?