LIBERTICIDAS EN CATALUÑA
Artículo de M. Martín Ferrand en “ABC” del 22.12.05
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Con una apostilla a pie de título: ¡¡CACA!!... 20 CONST...161 CONST.... TC, UE, VIRGEN DE MONTSERRAT, FREUD, ¡¡SOCORROOOO!!.... ¡¡VXCFR6RTDSGZY!!....
La política, aseguraba Jaime
Campmany, tiene mucho de farsa; pero, en diferencia con ella, hay muchas veces
que nos hace llorar. Hay muchos fantoches en el oficio representativo que,
llenándose la boca con la palabra libertad, no hacen otra cosa que disminuirla,
limitarla y tratar de asfixiarla. Pobrecita libertad. Los fantasmones de la
democracia, una epidemia creciente, la maltratan sin descanso. Ahí tenemos,
calentita, la última gran parida del Parlamento de Cataluña: con la única, y
tibia, oposición del PP ha metido en un solo saco la mucha y dispersa
legislación audiovisual hasta ahora existente, cosa buena, y, para compensar,
centra la regulación de la actividad en tan notable ámbito autonómico en el
Consejo Audiovisual de Cataluña, un órgano con nueve consejeros decididos por el
Parlament y un presidente designado por el Govern.
El CAC -la virgen del Montserrat le ilumine- tiene potestad, por sí y ante sí,
para imponer multas de hasta 300.000 euros y para sancionar con la suspensión de
las emisiones, en radio y televisión, por periodos de hasta tres meses. Curiosa
unanimidad la de los integrantes del tripartito, reforzada por CiU, para
convertirse en árbitros y delanteros del mismo encuentro. El espíritu
liberticida, un gen maligno, habita en el alma de los nacionalistas. Sin él se
quedarían en nada. Su condición anacrónica incapacita a los espíritus
separatistas para entender, aceptar y asumir los nuevos supuestos de libertad
que viajan con la evolución tecnológica y les fuerzan a la mala digestión de los
clásicos.
Que un órgano meramente administrativo de designación estrictamente política
pueda alzarse en discernir entre lo verdadero y lo falso y, en consecuencia,
multar y/o cerrar estaciones radiodifusoras es algo que acredita la escasez
democrática de quienes, además de promoverlo, lo auspician y mantienen. Sólo la
Justicia, a través de sus correspondientes jurisdicciones, tiene legitimidad
democrática para, en su caso, sancionar el trabajo periodístico. La
argumentación de que el CAC tiene probada su independencia es, aunque fuera de
ese modo, una falacia más sobre el despropósito normativo del Parlament. ¿Qué
hada benéfica garantiza que puede, o quiere, seguirlo siendo y superar su propia
condición política?
Cuando, en su afán intervencionista, el más duro franquismo promulgaba una ley
de Prensa, salvaba los muebles con un artículo segundo capaz de convertir en
delito los suspiros y, naturalmente, sometiendo la decisión a los tribunales.
Han tenido que pasar treinta años de vida democrática para que terminemos
evocando, por liberales, las medidas restrictivas a la libertad que generó la
Dictadura. Mal asunto que, como siempre, arranca de los complejos de
inferioridad, y de la inferioridad misma, que alimentan los nacionalismos con
resabios fascistoides.