SI AL FOMENTO DEL CATALAN, NO A SU IMPOSICION OBLIGATORIA
Editorial de “El Mundo” del 09.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.
El Gobierno llegó el jueves 29 de diciembre a un pacto con todos los partidos catalanes excepto el PP para mantener en su integridad las disposiciones del proyecto de Estatuto relativas a la política lingüística. Se trata sin duda de una de las mayores concesiones que los socialistas podían hacer a los nacionalistas, quienes, como asegura el vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, José Domingo, en su esclarecedor artículo sobre la cuestión que hoy publicamos, «forjan su proyecto independentista con una cadena de tres eslabones: Lengua, Nación y Estado».
Desde los años de la Transición, las autoridades catalanas han ido pasando gradualmente de un legítimo y encomiable fomento de la lengua a una política de imposición que alcanza ahora su máximo exponente con el Estatuto. En dicho proyecto, por ejemplo, se establece por primera vez en una ley la «obligación de conocer el catalán» y se impone que ésta sea la «lengua vehicular» de todos los niveles de la enseñanza, universitaria y no universitaria.
Al aceptar tales disposiciones, Zapatero está entrando en contradicción directa con la jurisprudencia del Constitucional, que tanto para el catalán como para el euskara y el gallego se ha pronunciado repetidamente en contra de equiparar las lenguas cooficiales con el castellano en cuanto a la obligación de su conocimiento.Es más, fue el propio Partido Socialista el que en 1983 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalización del Gallego que contenía un artículo similar al del Estatuto que ahora apoya.
Quizá haya quienes dentro del PSOE piensen que su cesión sólo va a reflejar en la ley lo que ya está ocurriendo de facto en Cataluña. Y algo de razón no les falta, en el sentido de que la imposición del catalán y la consiguiente discriminación del castellano es un empeño de los Gobiernos catalanes desde hace años, como demuestra la serie de investigación y análisis cuya publicación comienza hoy nuestro periódico.
Sin embargo, pretender otorgar carta de derecho a una realidad inconstitucional por el mero hecho de que ya está ocurriendo es de una gravedad insoslayable. De mantener su pacto, el Gobierno español estará dando patente de corso al Ejecutivo catalán para sancionar a los comercios que no rotulen en catalán, hacer que el castellano desaparezca definitivamente de la enseñanza -contra las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- y permitir, por ejemplo, que se produzcan despidos laborales alegando como razón objetiva que el trabajador no conoce la lengua autonómica. Los nacionalistas conocen tan bien la importancia de este triunfo que sólo por ello están dispuestos a ceder momentáneamente en el resto de sus reclamaciones.
No se ha dejado puntada sin hilo, y la prueba es que ni siquiera la imposibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo se respeta. Así, a la «obligación de todos los magistrados, jueces y fiscales de acreditar su conocimiento del catalán para obtener una plaza en Cataluña» se añade la de hacerlo «para obtener una plaza en los concursos de traslado», lo que en la práctica afectará absolutamente a todos.
Todo esto es lo que está respaldando Zapatero con su aprobación del Estatuto: un nacionalismo lingüístico que, como hoy explica el filósofo Eugenio Trías, miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO, quiere negar y destruir paulatinamente, a través de su insaciable espíritu intervencionista, lo que es hoy la realidad social de Cataluña: el bilingüismo.