EL GOBIERNO Y EL PSOE EN CONTRA DEL PROYECTO
Zapatero prevé hacerlo constitucional en las Cortes, consciente de que excede la Constitución, con los suyos preocupados
Informe de FERNANDO GAREA en “El Mundo” del 30.09.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el Informe que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
MADRID.- «Que el Estatut pueda venir y se adaptará a la Constitución en el Congreso», es el argumento que ha movido en las últimas semanas a Zapatero en sus gestiones para que se aprobara el proyecto en Cataluña. Y así lo ha dicho en privado, en la paradoja de implicarse para amparar algo que cuestionan él y casi todo su Gobierno y su partido.
De hecho, el proyecto que llegará al Congreso contiene puntos que han sido rechazados por el Gobierno en los últimos meses en reuniones que el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Administraciones Públicas y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes han mantenido con líderes catalanes. Ahora, Zapatero da por superado su compromiso de aprobar en las Cortes el texto que llegue, sin tocarlo.
El caso más evidente es el de la financiación. Zapatero, Fernández de la Vega como portavoz, Solbes y varios ministros han rechazado abiertamente que Cataluña tenga un sistema de financiación distinto al del resto, basado sólo en la bilateralidad y próximo al concierto vasco. Sobre financiación no hay más singularidades que las del País Vasco y Navarra, ha reiterado Zapatero en público. Expresamente ha tachado de inconstitucional un modelo como el del concierto y el propio Consell Consultiú de Cataluña lo ha rechazado por no ser acorde con la Carta Magna.
Otro punto de conflicto es el de la definición de Cataluña como nación. Zapatero lo ha defendido y hace casi un año abrió la primera Conferencia de Presidentes en el Senado con la frase: «Aquí hay representantes de regiones, comunidades y alguna nación».Sin embargo, tres ministros de los de mayor peso político han considerado que este punto es inconstitucional. Así lo han dicho José Bono, José Antonio Alonso y Juan Fernando López Aguilar.Este último es catedrático de Derecho Constitucional y su opinión coincide con la de destacados barones, diputados y dirigentes socialistas, con el presidente del PSOE, Manuel Chaves, al frente.Ahora tiene que convencer a su grupo parlamentario.
En cuanto al blindaje competencial, el Consell Consultiu consideró constitucional la fórmula que se ha aprobado con una lista de competencias sobre las que el Estado no puede dictar leyes de bases. También se establece unilateralmente el traspaso de competencias del Estado.
Este punto ha sido rechazado por el Gobierno y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, llegó a hablar en una conferencia de «Loapa al revés», en referencia a la ley que anuló el Constitucional en los años 80 por pretender blindar competencias estatales.
En cuanto al capítulo de la Justicia, hay opiniones que aseguran que puede haber inconstitucionalidades en el texto aprobado.Sin embargo, en este caso el Gobierno ya aprobó un anteproyecto de Ley Orgánica que está en fase de informe en el Consejo General del Poder Judicial para establecer las bases de esa descentralización judicial. Ese proyecto convierte a los tribunales superiores en última instancia, dejando al Supremo sólo para unificar doctrina, y crea los consejos del poder judicial autonómicos. El Estatut desborda esta ley, pero el Gobierno prevé reconducirlo en el cauce del proyecto de ley que se tramitará en paralelo.
Hay juristas que consideran inconstitucional que un estatuto establezca derechos políticos y fundamentales sólo para una comunidad.Sin embargo, ni el Consell Consultiu ni el Gobierno lo han objetado, al menos en público.