NOTICIA DE LA ÍNSULA BARATARIA

 Artículo de Miquel Porta Perales, Crítico y escritor,  en “ABC” del 26.08.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. 

... Artur Mas tiene razón: el proyecto soberanista del nacionalismo catalán -si el Tribunal Constitucional no lo remedia- dará un salto adelante. Y, como corresponde a un nacionalismo vertebrado por la queja y la reivindicación permanentes, antes o después se intentará un nuevo salto adelante hacia la soberanía total...

KARL Marx, en El 18 brumario de Luis Bonaparte, corrigió a Hegel afirmando que si es cierto que la historia se repite dos veces, también lo es que lo hace «una vez como tragedia y otra como farsa». Esta idea viene como anillo al dedo para hablar del nuevo Estatuto de Cataluña. Y es que este texto, como si del regreso del pasado se tratara, es un bis de otros redactados con anterioridad. Vayamos a la historia para recalar en la actualidad y sacar las conclusiones pertinentes.

En el año 1888, la Lliga de Catalunya dirigió a la Reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena un mensaje escrito en catalán en que, tras «recordar todo lo que constituye la personalidad de Cataluña», se reivindicaba la instauración de la autonomía -mucho más, como verán- con las siguientes palabras: «Deseamos, pues, que vuelva a poseer la nación catalana sus Cortes generales libres e independientes... Cortes en las que se voten los presupuestos de Cataluña y la cantidad con la que ha de contribuir nuestro país a los gastos generales de España... Que sea Cataluña señora del gobierno interior de su casa... Que la lengua catalana sea la lengua oficial de Cataluña para todas las manifestaciones de la vida de este pueblo. Que la enseñanza en Cataluña sea dada en lengua catalana. Que sean catalanes los Tribunales de Justicia y todas las causas y litigios se fallen definitivamente dentro del Territorio. Que los cargos de la nación catalana los nombren los catalanes mismos, procurando que recaigan en catalanes los cargos políticos, los judiciales, los administrativos y los de enseñanza. Que venga el Jefe del Estado de España a jurar en Cataluña sus Constituciones fundamentales. Y por fin que se reintegre a Cataluña todo lo que siendo letra viva se guarde como letra muerta en los archivos y en los fondos del alma de los buenos hijos de la tierra».

Otro texto: las «Bases para la constitución regional catalana» de 1892 -las conocidas «Bases de Manresa», impulsadas por Unió Catalanista-, un documento articulado que reivindica «la legislación antigua, las sabias disposiciones que contiene respecto a los derechos y libertades de los catalanes», que establece que «la lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá usarse en Cataluña», que indica que «sólo los catalanes, sean de nacimiento o naturalización, podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos», que concluye que Cataluña «dictará libremente sus leyes orgánicas; cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal; del establecimiento y percepción de impuestos».

La similitud existente entre el ayer y el hoy resulta sorprendente. Han pasado más de cien años y el espíritu de 1888 y 1892 se percibe en la copia -apenas renovada con retórica y bobería progresistas- de 2006. Una copia que dice que Cataluña es una nación, que el autogobierno se funda en los derechos históricos del pueblo catalán, que la Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en los mecanismos multilaterales de colaboración voluntaria con el Estado y con otras comunidades autónomas respecto a las cuales no haya manifestado su acuerdo, que establece que el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña así como la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, que afirma que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial sea cual fuere el derecho invocable, que enumera una larga lista de competencias exclusivas que vacían y debilitan el Estado hasta convertirlo en una suerte de peculiar Autonomía dependiente de la Comunidad Autónoma catalana, que concede a los ciudadanos catalanes unos derechos que no tienen los demás españoles, que reivindica para la Generalitat la capacitad normativa y de gestión sobre los impuestos propios, estatales y cedidos. Y está el intervencionismo y dirigismo de un Estatuto que todo -digo bien, todo- lo somete a control.

Así, en materia económica exige la creación de un «espacio catalán de relaciones laborales» que -sigue la obsesión por lo propio- fundamente una «práctica propia de diálogo social». Intervencionismo y dirigismo se perciben también en el ámbito de las asociaciones y fundaciones, consumo, paisaje, etc. A los amantes de la broma, les recomiendo el artículo 144 1. h. según el cual corresponde a la Generalitat «la regulación del ambiente atmosférico» (!). El Estatuto de 2006 es una casi Constitución para Cataluña, pero una jaula para sus ciudadanos. Jaula en que la apelación a los derechos colectivos limita los derechos individuales, el concepto de lengua propia fortalece la vía de la imposición lingüística en una comunidad bilingüe, el intervencionismo económico pone trabas a la libertad de mercado, la promoción de la información veraz puede esconder el dirigismo informativo, la recuperación de la memoria histórica prioriza los valores oficialmente establecidos. George Orwell no lo hubiera hecho mejor.

El Estatuto catalán de 2006 -que sin previa reforma de la Constitución cambia de facto el modelo de Estado- concibe Cataluña como una entidad «nacional» desglosada o en vías de desglose a la que se conceden determinados privilegios. ¿España? Un Estado -una suerte de adherencia con la cual hay que convivir mientras Cataluña no se diluya como nación sin Estado, casi Estado o Estado en el seno de la Unión Europea- al que el nuevo Estatuto debilita muy seriamente -¿un Estado inviable? ¿un Estado lisiado?- amputándole una parte substancial de competencias y recursos. Y si a ello unimos que el nuevo Estatuto -como corresponde a la ideología pegajosa nacionalprogresista que todo lo impregna en Cataluña- está concebido en clave intervencionista, la intención perseguida bien podría ser el diseño y construcción de una ínsula Barataria en el noreste de la Península Ibérica. Ínsula que, para asombro de lo que todavía pueda quedar de la izquierda, se erigiría gracias a un socialismo que, del internacionalismo incluyente al nacionalismo excluyente, tras haber contribuido a la victoria mediática e ideológica del nacionalismo catalán, está contribuyendo ahora a su victoria política. Y ello para obtener una cuota de poder siempre condicionada y amenazada por el nacionalismo que ha alimentado. Aunque -no cabe descartar la hipótesis-, probablemente, el socialismo hace lo que hace porque esa es su manera de entender Cataluña y desentender España.

En la rueda de prensa posterior al «acuerdo global» de enero, Artur Mas señaló que el texto consensuado no significaba un «paso adelante», sino «un salto adelante» en la consecución del autogobierno de Cataluña. Artur Mas tiene razón: el proyecto soberanista del nacionalismo catalán -si el Tribunal Constitucional no lo remedia- dará un salto adelante. Y, como corresponde a un nacionalismo vertebrado por la queja y la reivindicación permanentes, antes o después se intentará un nuevo salto adelante hacia la soberanía total. Mientras no llega la plenitud nacional, a la espera de un nuevo Rodríguez Zapatero, el nacionalismo catalán hace suyas las palabras del clásico: si «me deparase el cielo alguna ínsula, o otra cosa semejante, no soy tan necio que la desechase; que también se dice: «Cuando te dieran la vaquilla, corre con la soguilla»». En eso estamos.