EL ESTATUTO DE LOS DESPROPÓSITOS

 

 Artículo de MIQUEL PORTA PERALES, ensayista y crítico literario,  en “ABC” del 06.10.05

 

  Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

«El Parlamento de Cataluña -advierte el autor- no ha aprobado un Estatuto, sino la Constitución y/o programa político de un nacionalismo que convierte al resto de España en una comunidad autónoma dotada de soberanía y competencias limitadas»


LA reivindicación de un nuevo Estatuto de Cataluña ha sido una suma de despropósitos. Para empezar, el hecho en sí. Es decir, la propia existencia de un proyecto que choca con el sentido común y el deseo de la ciudadanía. Choca con el sentido común por tres razones. En primer lugar, porque el Estatuto de 1979 funciona correctamente. En segundo lugar, porque no tiene sentido reclamar un nuevo Estatuto para aumentar el techo competencial cuando el actual aún no está del todo desarrollado. En tercer lugar, porque un nuevo Estatuto en clave soberanista es un factor de desestabilización política. Por lo demás, el proyecto de nuevo Estatuto choca con el deseo de una ciudadanía escasamente interesada en el asunto. El dato: la encuesta del oficial Instituto de Estadística de Cataluña señala que sólo el 3,8 por ciento de los catalanes consideran que el Estatuto debe ser una prioridad del Govern. De un despropósito a otro: el de un Rodríguez Zapatero que -electoralismo de bajo vuelo- promete apoyar la propuesta del Parlamento de Cataluña.

Con dichos mimbres, es decir, a partir de esos despropósitos, el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña echa a andar. Para ser exactos, lo que se pone en marcha es una subasta nacionalista entre los cuatro partidos que impulsan el texto y que, como no podía ser de otra manera, se resuelve con el clásico «pues yo todavía más». El resultado es otra serie de despropósitos que vulneran la Constitución. Verbigracia: Cataluña es una nación; España es un Estado plurinacional y federal; el autogobierno de Cataluña se funda en los derechos históricos del pueblo catalán; el espacio político y geográfico de referencia de Cataluña es Europa; la Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en los mecanismos multilaterales de colaboración con el Estado; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia judicial en Cataluña; los magistrados y otros cuerpos deben conocer obligatoriamente la lengua catalana; la Generalitat se arroga una larga lista de competencias exclusivas y excluyentes; sistema de financiación insolidario en la línea del concierto vasco.

Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿por qué ocurre lo que ocurre? Respondo: por una serie de motivos -suma y sigue de despropósitos- políticos, partidistas, personales y psicológicos que se complementan entre sí. Motivos políticos: hay quien persigue un Estado federal asimétrico que conduzca a un nuevo modelo de Estado que otorgue determinados privilegios a Cataluña; quien desea rebasar lo constitucionalmente permitido con la vista puesta en un nueva relación política entre Cataluña y el Estado gracias a la cual la primera daría un salto adelante en el proceso de la llamada reconstrucción nacional; quien -en palabras de un jurista catalán de reconocido prestigio que no puede ser tildado de españolista quejoso- utiliza el nuevo Estatuto para la «construcción de un sistema jurídico separado, dotado de autonomía interna, que consiga en el futuro la independencia, mediante la dilución en Europa de sus relaciones con España». Y unos y otros desean diferenciarse de lo español para afirmar una supuesta identidad propia que debe traducirse en concesiones y beneficios políticos y económicos.

De los motivos políticos, a los partidistas y personales: hay quien, brindando emociones nacionalistas a la parroquia, quiere mantener el electorado o recuperar el voto perdido; quien apuesta adrede por un texto inconstitucional con el objetivo de que en el Congreso sea rechazado para así dar rienda suelta a ese victimismo tan característico del nacionalismo catalán; quien necesita el nuevo Estatuto para pasar a la Historia como el president que consiguió una mayor cuota de soberanía para Cataluña; quien, probablemente, acepta el nuevo Estatuto a cambio de que no se adelanten las elecciones autonómicas y no se modifiquen ni la ley electoral catalana ni la ley de financiación de partidos. En medio de este embrollo de intereses -en medio de este pasteleo-, emerge la figura de un Rodríguez Zapatero que, en su ingenuidad -aceptemos que se trata de ingenuidad-, piensa que la vía catalana puede ser el modelo que inspire la solución del llamado conflicto vasco. Y por eso le interesa el nuevo Estatuto. Por eso, y porque tiene alguna hipoteca que pagar. Aunque también es posible que a Rodríguez Zapatero le interese recortar el texto para así exhibir su constitucionalismo. En cualquier caso, el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña se parece a un pacto y/o sociedad de socorros mutuos. Pero en ello hay un claro perdedor: la estabilidad y la cohesión nacionales. Queda por determinar el último motivo, el psicológico. Hipótesis: en el origen del nuevo Estatuto de Cataluña se encontraría la figura de la personalidad narcisista. Según la psicología, quien posee dicha personalidad «tiende a exagerar su talento y espera ser valorado como una cosa especial» al «pensar que, como consecuencia de sus características especiales, sus problemas son únicos y solamente pueden ser entendidos por otra gente también especial». En el caso del nacionalismo catalán, la personalidad narcisista pesa lo suyo.

En el Parlamento de Cataluña se ha representado una tragicomedia. Tragedia, por las consecuencias que puede conllevar. Comedia, por lo que tiene de farsa. De hecho, el Parlamento de Cataluña no ha aprobado un Estatuto, sino la Constitución y/o programa político de un nacionalismo catalán de derecha e izquierda que convierte al resto de España en una comunidad autónoma dotada de soberanía y competencias limitadas. El mundo al revés. Y uno, parafraseando a Ortega, tiene la sensación de que el nacionalismo catalán está acampado en España con la vista puesta en otro lugar. Ante esta tragicomedia, ante tamaña suma de despropósitos que generará despropósitos similares en otras comunidades, el Congreso no puede dimitir de su soberanía. Pero para ello se necesita una mayoría responsable y sin hipotecas políticas que pagar.