DERECHO DE LOS HABLANTES

 Artículo de I. Sánchez Cámara  en “ABC” del 23.02.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Ni los idiomas ni las entidades colectivas tienen derechos; sólo los tienen las personas. Las leyes no deben defender ni atacar a las lenguas, sino proteger los derechos de las personas, de los hablantes. El problema no consiste en determinar si el castellano o el catalán se encuentran en peligro en Cataluña. Ninguno de los dos lo está. Cataluña no es bilingüe ni monolingüe. Cataluña ni habla ni tiene derechos. España y Europa, tampoco. Los catalanes son bilingües y lo han venido siendo durante siglos. Casi la mitad de ellos declara tener el catalán como lengua principal, y otros tantos, al menos, el castellano. Además la inmensa mayoría, más del 95 por ciento, entiende el catalán, y, todos, por supuesto, el castellano. Ninguno de los dos idiomas se encuentra en peligro de extinción. El problema no es ése. ¿Cuál es, entonces? El problema consiste en que los partidos nacionalistas, en contra de la Constitución y del buen sentido, aspiran a que sólo el catalán sea oficial, y su conocimiento, por tanto, obligatorio para todos los residentes. La Constitución establece para todos los españoles el deber de conocer y el derecho a utilizar el castellano. Y la cooficialidad de la lengua propia de las comunidades que lo tienen. Pero nunca un deber de conocerlo. La Constitución y las leyes deben cumplirse mientras estén en vigor.

El problema reside, por lo tanto, en el incumplimiento de la ley y en la vulneración de los derechos de los ciudadanos. El problema aparece cuando se impone el deber de conocer el catalán y se establece, de hecho y en contra de la ley, que es el único idioma oficial de Cataluña. El problema surge cuando se vulnera el derecho de los padres, aunque sea sólo uno, a escolarizar a sus hijos en castellano (y cuando Artur Mas, en contra de la Constitución, afirma que quienes quieran enseñanza en castellano que se la paguen, como los japoneses). El problema aparece cuando niños que no saben catalán son obligados a estudiar sólo en catalán. El problema surge cuando los empresarios y comerciantes son obligados a etiquetar sus productos y a rotular sus establecimientos en catalán. El problema aparece cuando se exige a los funcionarios un deber que vulnera la Constitución. Y, desde luego, cuando se establece una especie de policía lingüística totalitaria que vigila y sanciona a quienes ejercen un derecho amparado por la Carta Magna.

Quienes tienen derechos son los catalanes y el resto de los españoles. Quienes abren una guerra lingüística son quienes incumplen la Constitución y, por lo demás, atentan contra la convivencia y el buen sentido. Ni el catalán ni el castellano tienen derechos ni están amenazados. Quienes tienen derechos amenazados por el nacionalismo totalitario son los ciudadanos no nacionalistas. Éste es el error fatal del nacionalismo: instaurar falsos derechos colectivos, derivados de identidades, reales o ficticias, que encubren el desprecio a los únicos derechos que existen: los derechos de las personas. Lo que está en peligro es el derecho de los hablantes reconocido por la Constitución.