VISIÓN CATALANA DEL MUNDO
Artículo de PATXO UNZUETA en “El País” del 16.06.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
¿Tendrán razón los que sostienen que la definición de Cataluña como nación en el proyecto de nuevo Estatuto es un reconocimiento simbólico sin mayores consecuencias? La inclusión en el texto del deber de conocer la lengua catalana ¿es también un puro gesto simbólico que no perjudica a nadie? Un posible criterio para decidir si hay que prevenirse frente a esas novedades o dejarlas pasar sin mayor inquietud podría ser imaginar lo que un Gobierno dirigido por un nacionalista -Carod-Rovira, por ejemplo- podría hacer con un Estatuto que incluyera esos conceptos.
El mismo sábado 11 en que los líderes políticos catalanes debatían sobre la inclusión o no del término nación en el proyecto se publicaba en EL PAÍS un artículo de Pilar Bonet titulado Los 'no ciudadanos' de Letonia. Trata sobre los 470.000 habitantes (el 20% de la población) de origen ruso a los que no se les reconocen derechos políticos, el de voto principalmente. Para su renacionalización como ciudadanos de pleno derecho tienen que pasar un examen de lengua, historia y constitución nacional. Entre esos no ciudadanos figuran 15.000 niños nacidos con posterioridad a la independencia y no registrados por sus padres como letones. Letonia es un país miembro de la Unión Europea (UE), cuyas instituciones vienen presionando desde hace años para la supresión de esa discriminación.
También Estonia forma parte de la UE. En un artículo publicado en diciembre de 2003 en la revista Claves, Elena Jurado explicaba la discriminación aplicada al medio millón de habitantes rusohablantes (el 38% de la población) de esa república báltica, a los que se negó la ciudadanía a partir de la independencia, en marzo de 1991. Lo más impactante del artículo es la referencia a la frustración de muchos de esos ciudadanos al comprobar cómo, tras haber apoyado la secesión de la URSS por asociarla a la idea de democracia y respeto por los derechos humanos, se habían encontrado convertidos de la noche a la mañana en extranjeros.
Puede ser igualmente útil para los catalanes preocupados por su futuro observar la realidad de Euskadi, la comunidad en la que los nacionalistas han llegado más lejos en el intento de perpetuar su hegemonía política. En 1990, en pleno debate sobre la autodeterminación como remedio a la insatisfacción que ciertos líderes nacionalistas habían detectado en su corazón, a alguien se le ocurrió que para acabar de una vez por todas con ese debate lo mejor sería votar una resolución sobre el asunto en el Parlamento vasco: una resolución de reconocimiento y delimitación del derecho de autodeterminación en términos compatibles con el principio autonómico plasmado en el Estatuto de Gernika. La idea fue impulsada por Euskadiko Ezkerra, partido que poco después se fusionaría con el de los socialistas vascos.
La aprobación de la resolución no tuvo ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa; pero 14 años después, el lehendakari Ibarretxe la utilizó como elemento de legitimación de su plan soberanista: "El pueblo vasco" -puede leerse en el preámbulo- "tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco". Lo que cuenta no es el contenido, sino la palabra: autodeterminación, interpretada como fundamento de un proceso constituyente cuyo desenlace (como ha escrito el profesor R. L. Blanco Valdés: Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, 2005) "no podría ser otro que la misma independencia". A la que se llegaría a través de un paulatino vaciado de competencias del Estado y la correlativa desprotección del ciudadano no nacionalista frente a abusos en terrenos como el judicial o el laboral con el pretexto del idioma.
La idea de que mientras gobiernen los nuestros no habrá peligro de atropellos antidemocráticos es voluntarista. Primero, porque no siempre gobernarán; segundo, porque una política filonacionalista impulsada por un partido de izquierda radicaliza a los nacionalistas genuinos y favorece su hegemonía a medio plazo. La cuestión es, por tanto, qué podría hacer en su día con la combinación entre la definición de Cataluña como nación y la obligatoriedad de hablar catalán un partido independentista: el de los autores, por ejemplo, de un inolvidable informe sobre la prensa difundido en mayo de 2004 que proponía crear un "espacio catalán de comunicación" que transmita la "forma catalana de ver el mundo".