EL SILENCIO DE LOS INTELECTUALES
Artículo de Patxo Unzueta en “El País” del 24.11.05
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
"Dónde están los intelectuales españoles que siempre fueron partidarios de la libertad", preguntaba la vicepresidenta de los socialistas catalanes, Manuela de Madre, en un acto sobre el Estatut celebrado en Madrid la semana pasada. La anterior, un columnista habitual de la prensa barcelonesa había reprochado al "progresismo español" su "silencio clamoroso", preguntando también dónde están esos "intelectuales españoles que pueden comprender y apoyar la demanda catalana de más poder y más recursos".
Silencio no ha habido. Ni tras la aprobación del anteproyecto de Estatut en Cataluña, ni antes. En las últimas semanas se han publicado decenas de artículos razonadamente críticos con ese texto de escritores, periodistas y profesores que en absoluto podrían ser tenidos por enemigos del autogobierno catalán. Y hace meses que la fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Eguiagaray, publicó un estudio encargado al profesor Ángel de la Fuente sobre Mecanismos de cohesión territorial en el que advertía de los negativos efectos que tendría sobre las políticas redistributivas la aplicación del modelo de financiación propuesto.
La Fundación Pablo Iglesias publicará en breve las actas del encuentro sobre Reformas constitucionales y estatutarias celebrado en marzo pasado en Sigüenza, con la participación de 46 catedráticos, juristas, políticos y publicistas especializados en temas autonómicos. Además del debate jurídico sobre aspectos esenciales del entonces anteproyecto de nuevo Estatut (lengua, competencias, blindaje), muchas de las intervenciones se dirigieron a alertar a los socialistas catalanes sobre los riesgos del camino emprendido: el Congreso no podría avalar un Estatuto incompatible con la lógica constitucional; pero si llegaba con el respaldo de todos los partidos catalanes, o todos menos el PP, tampoco podría echarlo atrás sin provocar un enfrentamiento indeseable entre instituciones democráticas. Se consideraba conveniente, por ello, frenar la dinámica maximalista en que se había metido la ponencia, sin esperar a hacerlo en las Cortes.
Esa recomendación figura entre las conclusiones del encuentro resumidas por el presidente de la Fundación, Alfonso Guerra, que las ha expuesto luego en conferencias y entrevistas. En la publicada en EL PAÍS el domingo pasado proponía "tirar del PP hacia una posición común y no empujarlo hacia una posición radical". El martes, Felipe González expresaba su desacuerdo tanto con el proyecto catalán como con las reacciones anticatalanas "que pueden dificultar la convivencia".
¿Habrá un componente generacional en la distinta forma de abordar esta cuestión por los actuales dirigentes? Como observó hace años el politólogo Ángelo Panebianco, es habitual que todo cambio en la estructura de autoridad de un partido sea seguido por una cierta redefinición de sus objetivos: para legitimar a la nueva dirección poniendo de relieve las profundas motivaciones del relevo (Modelos de partido. Alianza Editorial. 1990). El actual equipo dirigente ha acabado por asumir como su bandera una idea de la España plural que implica la reforma constitucional y de los Estatutos. Un programa para el que la implicación del primer partido de la oposición era imprescindible (reforma del Senado) o en todo caso políticamente necesaria. Sin embargo, fue abordado con una estrategia que objetivamente empujaba al PP hacia la marginación, a veces explícitamente, como en el Pacto del Tinell, otras de manera más oblicua. Las advertencias sobre el peligro de que esa dinámica llevara al fracaso de las reformas tuvieron escaso eco hasta fecha reciente. Se pasó de despreciar las críticas de la derecha por venir de la derecha a considerar de derecha toda crítica, con independencia de quién la formulara.
El PP ha reaccionado como esperaban los más sectarios del PSOE, e incluso anuncia movilizaciones contra el Estatut, que es una forma de trasladar a la población la división entre comunidades sembrada por los políticos. Ante esta perspectiva cabe preguntar quiénes fueron más leales a los valores de la izquierda: los que advirtieron de las consecuencias de entrar en el callejón de un Estatuto maximalista inaceptable para la mayoría del Congreso (y de los españoles) o los que relativizaron esos riesgos y magnificaron la necesidad ineludible de la reforma, primero, de su radicalidad, después, y de la irrenunciabilidad de los ejes principales del proyecto, más tarde.