EL GRITO DE SIGUENZA
Artículo de Casimiro García-Abadillo en “El Mundo” del 21-3-05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
El socialismo tradicional español ve con estupor el proceso impulsado por Pasqual Maragall para la elaboración de un nuevo Estatut. En opinión de sus más conspicuos representantes, las modificaciones que plantea implicarán, de facto, una profunda reforma de la Constitución.
Lo más preocupante, dicen, es que la deriva soberanista del PSC cuenta con las simpatías del presidente del Gobierno, que está empeñado en hacer la segunda transición en la que se considera prioritario el concurso de los nacionalistas.
Los cimientos del viejo PSOE se tambalean cuando se cuestionan principios tan fundamentales como los de la solidaridad interterritorial, que, según este sector de enorme peso en el partido, debe seguir siendo la prioridad ante cualquier cambio que se introduzca en la Carta Magna.
Dentro del Gobierno, esas tesis son compartidas al cien por cien por José Bono y Jordi Sevilla y, en un tono menor, por Juan Fernando López Aguilar y Pedro Solbes, entre otros. Sin embargo, el hombre que está dedicando más esfuerzos a que el PSOE no abdique de defender una idea progresista pero unitaria de España es Alfonso Guerra.
El ex vicepresidente del Gobierno y ahora presidente de la Comisión Constitucional del Congreso no desaprovecha ocasión para dar la voz de alarma sobre un proceso que se puede llevar por delante el Estado de las autonomías tal y como fue concebido durante la Transición.
Con ese objetivo, la Fundación Pablo Iglesias, cuyo patronato preside, convocó durante los días 10 y 11 de marzo una reunión «discreta» en el parador de Sigüenza a la que asistieron destacados líderes del PSOE, expertos juristas y algún representante del Gobierno.
Al margen del propio Guerra, uno de los impulsores de la reunión fue Juan José Laborda, presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
Allí estuvieron relevantes socialistas vascos como Txiqui Benegas, Ramón Jáuregui, Emilio Guevara o el ex militante del PNV Joseba Arregui.
También acudió Alfonso Perales, secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE y catedráticos como Javier Corcuera o Andrés de Blas.
Por parte del PSC asistió, entre otros, el vicepresidente primero del Senado, Isidre Molas.
Como expertos constitucionalistas fueron invitados Alvaro Rodríguez Bereijo, ex presidente del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo de Estado, y Carles Viver Pi-Suñer, ex vicepresidente del Constitucional y gran inspirador del nuevo Estatuto catalán desde su atalaya del Institut d'Estudis Autonomics. Por parte del Gobierno, estuvieron Jordi Sevilla (Administraciones Públicas) y López Aguilar (Justicia), así como el jefe de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano.
Gregorio Peces-Barba (que además de Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo es miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias y, claro, padre de la Constitución del 78) también estaba invitado, pero no pudo asistir porque estaba enfrascado en la trifulca con el portavoz de la Comisión de Interior del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
La reunión de Sigüenza se fue caldeando por momentos. Inmediatamente se estableció una intensa contienda intelectual entre los ex miembros del Constitucional. Viver Pi-Suñr defendió la capacidad de Cataluña para blindar sus propias competencias frente al Estado. Rodríguez Bereijo (por otra parte, gran amigo del catedrático catalán) atacó sin piedad ese planteamiento como claramente inconstitucional.
El peligro, coincidieron la mayoría de los intervinientes, reside en que Cataluña quiere un Estatuto que sin plantear abiertamente una reforma de la Constitución, de hecho, vacía de contenido su Título VIII, que en su artículo 138.1 establece: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español...» Y que añade en su apartado 2: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».
El Título VIII plantea en su artículo 149 las competencias que son exclusivas del Estado, es decir, las bases de su existencia como tal. Si se deja sin sustancia ese bloque de la Carta Magna, se produce un vuelco fundamental, esencial, en la concepción de España que se consensuó en 1978.
La mayoría de los presentes en Sigüenza compartió los razonamientos de Rodríguez Bereijo. Probablemente porque, según uno de los asistentes a la reunión, «estaba diciendo lo que muchos no podíamos decir pero estábamos deseando escuchar».
A veces, el enfrentamiento tuvo tintes ciertamente cómicos. Como cuando el dirigente del PSC Molás apeló a la necesidad, como catalán, de «sentirse cómodo»» en España. Uno de los contertulios le espetó: «Hombre, es usted vicepresidente del Senado, me parece que no es para sentirse precisamente incómodo».
Curiosamente, Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, no estuvo invitado al cónclave. El hombre que pasa por ser privilegiado asesor del presidente del Gobierno para asuntos constitucionales ya había hecho sus polémicas declaraciones sobre la conveniencia de incluir en el texto constitucional la expresión “comunidad nacional” para definir a ciertas comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco.
Rubio Llorente recibió criticas generalizadas por parte de la mayoría de los intervinientes.
La cuestión, señala uno de los presentes, es que «Rubio Llorente se siente llamado a ser el padre de la nueva Constitución y para ello cuenta con la aquiescencia del presidente del Gobierno».
La intervención sin duda más llena de contenido político y a decir de algunos presentes, más sólida y crítica, fue la del anfitrión al término de las dos jornadas de debate. Guerra, sin mencionar en ningún momento a Rodríguez Zapatero, fue muy duro respecto al «adanismo político» que impera en algunos dirigentes de su partido y en el Gobierno. Es decir, con la bisoñez y pérdida de memoria histórica que supone abrir un proceso que puede poner patas arriba las bases del Estado que se fraguaron tras la muerte de Franco y que implicaron renuncias de todos los partidos políticos.
Dar a unas comunidades ciertas prerrogativas generará sentimientos de agravio en el resto. Es decir, que por contentar a Cataluña o el País Vasco (eso es precisamente lo que pretende el plan Ibarretxe) se genere un sentimiento de desafección en las demás comunidades, lo que llevaría a medio plazo a la desintegración de España.
«En parte», afirma uno de los ponentes, «estamos siendo víctimas de los errores del pasado. Se permitió que en ulgunos Estatutos se deslizaran competencias que suponían una clara ruptura con la Constitución, como por ejemplo la gestión de la Seguridad Social que recoge el Estatuto de Gernika. Pero no se dijo nada porque se pensó que era mejor no buscar un enfrentamiento directo con los nacionalistas. Ahora se plantea esa cuestión como un incumplimiento del Estatuto».
Aunque las aportaciones que se hicieron fueron de gran nivel y reflejaron que la preocupación por lo que está pasando no es sólo cosa de los guerristas, la sensación que se respiraba era de generalizado pesimismo. Maragall quiere que el nuevo Estatut sea su legado político y va a hacer todo lo posible (incluido mirar hacia otro lado en temas relacionados con la corrupción) para que así sea. Abortar el proceso sería interiorizado por Zapatero como un fracaso personal, lo que no parece que esté dispuesto a admitir.