RAJOY RECUPERA EL TERRENO PERDIDO

 Artículo de CASIMIRO GARCIA-ABADILLO  en “El Mundo” del 10.10.05

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

Las encuestas pueden equivocarse, pero su valor fundamental -si están bien hechas- es que apuntan tendencias, movimientos que unas veces son casi imperceptibles y otras, las menos, pendulares.

Pues bien, el sondeo de Sigma Dos, que ayer y hoy ha publicado EL MUNDO, apunta precisamente un cambio significativo en la orientación del voto ciudadano: por primera vez desde el 14 de marzo de 2004, el PP estaría en disposición de ganar las elecciones generales al PSOE. Y, lo que es más relevante, señala con claridad la causa de la significativa subida del PP (tres puntos desde el mes de marzo último) y del sensible recorte del PSOE en su expectativa de voto (los socialistas han perdido 2,5 puntos en siete meses).La razón de ese vuelco no es otra que el apoyo del Gobierno al Estatuto de Cataluña, que es visto por la mayoría de los españoles como un ataque a la Constitución y a la solidaridad interterritorial.

Al PP se le abre un despejado horizonte político porque, para muchos españoles, en estos momentos, garantiza mejor que el PSOE la continuidad del modelo de Estado pactado en la transición política, que ha dado a España los mejores años de estabilidad y progreso de los dos últimos siglos.

Es la gran oportunidad que necesitaba Mariano Rajoy para situarse ante la opinión pública como un líder con la fuerza y la credibilidad necesaria para derrotar a Rodríguez Zapatero.

Los dirigentes de mayor solera del PSOE no necesitaban sondeos para darse cuenta de que la aventura soberanista de Maragall le iba a costar muy cara al Gobierno y al partido. No en vano, Alfonso Guerra lleva meses lanzando mensajes llenos de coherencia en defensa de la Constitución que son recibidos como el maná por los militantes más veteranos, que no se explican ni la deriva nacionalista del PSC ni aún menos el impulso que ha recibido desde Moncloa.

Para sorpresa de muchos, el pasado jueves Rajoy reveló que algunos dirigentes del PSOE se habían acercado al PP para hablar del Estatuto de Cataluña. Según fuentes de toda solvencia, los que han dado el paso adelante han sido figuras de relieve como el propio Guerra, el ex secretario de Organización Txiqui Benegas y los presidentes de Asturias y Castilla-La Mancha, Vicente Alvarez Areces y José María Barreda, respectivamente.

Aunque no hayan participado en esas discretas conversaciones, no hace falta recordar cómo piensan Bono, que se ha convertido en la bestia negra de los nacionalistas, y, por supuesto, Rodríguez Ibarra.

Dicen las fuentes que, por el momento, no ha habido acuerdos, ni planes de actuación conjunta. Tan sólo «conversaciones informales» motivadas por un planteamiento común: que el Estatuto catalán significa una reforma de la Constitución y como tal tiene que ser abordado.

Un financiero que cenó recientemente con Felipe González me comentaba la semana pasada su «cabreo» con la falta de visión que atribuye a Rodríguez Zapatero en la gestión de la crisis abierta por Maragall.El error, señalaba González en esa cena, es que «José Luis ha puesto todo patas arriba sin tener siquiera una hoja de ruta a seguir». Se esperaba con cierta expectación la intervención de González el viernes en Jaca, pero, fiel a sus principios, prefirió que los trapos sucios se lavaran en casa y tan sólo se limitó a pedir «consenso» entre los grandes partidos, advirtiendo, eso sí, que «con las cosas de comer no se juega». ¿Entendido el mensaje, José Luis?

El PSOE es un partido disciplinado y nadie debe esperar fisuras o rupturas que puedan beneficiar a la oposición. Pero ¡ojo!, si el Gobierno trata de colar el Estatuto por mayoría simple introduciendo sólo reformas superficiales, tendrá que hacer frente a un auténtico bloque formado por decenas de diputados, una mayoría de presidentes socialistas de comunidades autónomas y centenares de alcaldes que estarían dispuestos a gritar un rotundo «NO».

El proceso de tramitación del Estatuto será largo y, durante los meses en que su debate esté sobre la mesa, el PSOE estará al albur de un desgaste político que no se puede permitir si quiere volver a ganar las elecciones.

Entre los ministros, la inquietud comienza a extenderse peligrosamente, como apuntó Fernando Garea en un artículo publicado el pasado jueves. Ya no es sólo una cuestión de Bono y Sevilla. Solbes, por ejemplo, se muestra claramente en contra de aceptar el sistema de financiación que propone el Estatuto porque, de facto, hace saltar por los aires no sólo el modelo pactado en 2001 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que hace prácticamente imposible de conciliar el mantenimiento de las políticas sociales con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

La hora del talante parece haber llegado a su fin. Ahora toca gestión. En definitiva, gobierno. Y ello implica tomar decisiones que necesariamente no pueden gustar a todo el mundo.

El presidente del Gobierno tiene sin resolver los dos grandes asuntos que han sido su gran apuesta para esta legislatura. Por un lado, el final de ETA sigue siendo un deseo que convertir en realidad, a buen seguro, supondrá un elevado desgaste.

La opinión pública rechaza mayoritariamente la negociación con los terroristas y las cesiones a cambio del final de la violencia.A pesar de los reiterados desmentidos, casi la mitad de los ciudadanos cree que el Gobierno está ya negociando con ETA, lo que está abriendo otra importante vía de agua en la credibilidad de Zapatero.

Por otro lado, abrir e impulsar el debate territorial, colocando el modelo catalán como ejemplo a seguir, no sólo ha reforzado la vertiente más nacionalista del PSC, sino que ha agudizado en la mayoría de las regiones una justificada suspicacia hacia las concesiones que se vayan a producir si se aprueba el Estatuto.

Desde hace 25 años, esos dos grandes temas, lucha antiterrorista y modelo de Estado, han sido acordados por los dos grandes partidos, independientemente de quién estuviera en el poder. Ni siquiera en las etapas más duras de oposición del PP contra el PSOE (la corrupción) o, a sensu contrario, del PSOE contra el PP (Guerra de Irak), se cuestionó esa práctica que ha servido para consolidar firmemente la democracia.

Rodríguez Zapatero ayudó al PP a gestionar una difícil situación y fue uno de los impulsores del Pacto Antiterrorista. Esa actitud, favorable al consenso en los asuntos de Estado, le dio grandes réditos políticos a medio plazo.

Los ciudadanos quieren que para ciertos asuntos («las cosas de comer», que diría González), el PP y el PSOE arrinconen sus diferencias y piensen en el bien común.

Pues bien, el gran error de Rodríguez Zapatero está en querer conformar una nueva mayoría sin el centro derecha. Es decir, en construir un nuevo consenso en el que quepan todos los partidos menos el PP. Eso es precisamente lo que firmaron los partidos catalanes en el Pacto del Tinell cuando condicionaron la constitución del tripartito a no pactar en ningún caso con el PP no sólo en Cataluña, sino en España.

Ese pacto, que en Cataluña, aunque sea absolutamente aberrante desde el punto de vista democrático, es posible porque el PP representa a menos del 15% de la población, en España es impensable, ya que los populares tienen el respaldo del 40% de los ciudadanos.

Rodríguez Zapatero, en su afán por inaugurar una nueva etapa política, corre el riesgo de dejarse en el camino los jirones de historia que han hecho de su partido un pilar insustituible de la España democrática.