HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

 

 Artículo de Casimiro Garcia-Abadillo en “El Mundo” del 26.12.05

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

El PSOE hispano-español, por citar un término utilizado con ironía por el presidente del Congreso, Manuel Marín, lleva meses preocupado por el desgaste electoral causado por el debate sobre el Estatuto de Cataluña. Y es que la propuesta que aprobó el Parlamento catalán era imposible de encajar en la Constitución.

El proyecto nada tenía que ver con el «modelo federal» al que en ocasiones recurre Pasqual Maragall para justificar el aval por parte del PSC. Si lo que se busca para Cataluña es un modelo como el Concierto vasco, y así es como se plantea el modelo de financiación en el texto aprobado por el cuatripartito, entonces no se puede hablar de federalismo. Lo que se aprobó fue una especie de Constitución soberanista en la que la nación catalana sustituye la solidaridad con el resto de las regiones por una especie de limosna que el Estado tiene que aceptar sin rechistar porque ni siquiera se le da la posibilidad de establecer su cuantía.

Pero el PSOE hispano-español no sólo se circunscribe a González, Guerra, Bono, Vázquez y Rodríguez Ibarra, como pretenden Maragall y los líderes de ERC, sino a la inmensa mayoría de sus militantes y votantes, que piensan honestamente que ser socialista o de izquierdas tiene que ver con la preferencia de un sistema político en el que contribuyan más los que más tienen.

No es casual que la mayoría de las encuestas publicadas por los medios de todas las tendencias en los últimos tiempos de un empate entre el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición o, incluso, una ligera victoria del PP. Y tampoco lo es que en los análisis todos coincidan en que la pérdida de apoyo del PSOE tiene su origen en el apoyo del PSC al proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña.

La revisa Temas, dirigida por el socialista José Félix Tezanos, publicó en noviembre un sondeo en el que, al margen de reflejar un empate entre el PSOE y el PP, destacaba que «los debates sobre cuestiones nacionales parece que están reforzando los sentimientos de españolidad entre una mayoría de la población».

Esa presión de la opinión pública, rentabilizada por el PP, ha hecho endurecer las posiciones del Gobierno en la negociación sobre el Estatuto.

Sin embargo, el miedo escénico que ha provocado ese giro de 180 grados no sólo se ha producido por la sensación de vértigo electoral («podemos ganar el Estatuto a cambio de perder las elecciones», comentaba hace unos días un dirigente del PSOE hispano-español), sino porque el anticatalanismo comenzaba a extenderse peligrosamente en amplias capas de la población. Hasta tal punto, que el boicot a los productos catalanes (a pesar de no ser defendido por ninguna fuerza política representativa) ha tenido una influencia real que los expertos sitúan en el 10% de caída de ventas para algunos productos.

El miedo guarda la viña, dice el refrán. Y así ha sido en esta ocasión. Cuando la semana pasada se conoció el texto alternativo del Gobierno a la propuesta de Estatuto, muchos ciudadanos suspiraron con alivio. Ya había sido una buena noticia el conocer que Pedro Solbes llevaba las riendas de la negociación en los asuntos relativos a la financiación. Pero al ver los recortes que el Gobierno había aplicado a partes sustanciales del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña, incluso algunos dirigentes del PP pensaron que no iban a tener más remedio que morderse los labios. En líneas generales, y a excepción hecha de la política lingüística -que no es un tema menor- podría decirse que el Estatuto, de aprobarse según las pretensiones del Gobierno, podría pasar sin grandes dificultades la ITV de la Constitución.

Muchos nos preguntamos si esa no era una propuesta trampa. Es decir, pensada precisamente para cargarse el Estatuto. Resultaba tan alejada de los planteamientos iniciales, tan opuesta a los requerimientos de ERC, que no sería extraño que su objetivo fuera provocar la ruptura de los nacionalistas. Dar por finiquitado el problema por la vía rápida del aborto.

Sin embargo, la sorpresa para los escépticos ha sido observar que la respuesta de los supuestos afectados ha sido más bien moderada. Como si la brutal siega a sus pretensiones soberanistas no hubiese sido más que un lavado de cara a la madrileña.

La respuesta al enigma la daba uno de los políticos de más recorrido del escenario político catalán, Josep Antoni Duran Lleida, en la carta que publicó la web de su partido el pasado viernes.

Plantea Durán: «Después de tantos meses de debate en Cataluña,...del jaleo que se ha provocado alrededor del Estatuto..., de provocar un clima de confrontación de una parte de la sociedad española con la catalana..., después de un boicot de productos catalanes...habrá quien se preguntará si es acertado retirar el Estatuto».

Y ahora viene la respuesta del propio Durán al dilema: «Somos muy conscientes de que es mucho mejor que se apruebe que retirarlo...No parece que podamos tener en el futuro más próximo, a pesar de todo, una situación mejor que la actual. Zapatero, si queréis de forma inconsciente, se ha metido en un buen lío».

CiU sabe (a pesar de las declaraciones para la galería de Artur Mas) que conseguir algo mejor de lo que ofrece Zapatero -incluidos los recortes- es prácticamente imposible. Y que, desde luego, un gobierno del PP no ofrecería alternativas más favorables para los intereses nacionalistas.

Por tanto, ahora, tras los meses de rauxa, toca los días de seny.Bienvenidos sean.

Aunque el término nación va a ser un elemento de fricción en las conversaciones de estos días (los nacionalistas, a los que hay que sumar al PSC en esta reivindicación, van a insistir en mantenerlo en el Estatuto), no va a ser ni mucho menos el elemento clave para determinar si la negociación se salda al final con éxito.

El asunto fundamental, naturalmente, reside en la financiación.Y no tanto en la cantidad de dinero procedente del IRPF que se ceda a Cataluña (y, por tanto, a todas las demás comunidades) desde el Estado.

La clave está en el límite que se vaya a poner a la solidaridad.Es decir, al dinero que aporta Cataluña para equilibrar la renta de las regiones con menos recursos.

La solución podría venir de una propuesta realizada en su día por el propio Durán y que consiste en reproducir el sistema que se sigue en Alemania. Los landers ricos tienen topada su contribución a los más pobres, de manera que nunca se pueda alterar por la vía de esa redistribución el ranking de riqueza.

De manera gráfica, Durán afirma: «Si una región aporta 130 al Estado y otra sólo 70, lo lógico es que la que más aporta reciba fondos por 110 y la que menos por 90, pero no que se iguale a 100 lo que perciban, porque si no, las que menos contribuyen no tendrán aliciente para mejorar y seguirán instaladas en la subvención».

No parece una idea descabellada, ni mucho menos. Hay que reconocer a Cataluña su esfuerzo y, por lo tanto, premiarla de alguna manera.Al igual que a Madrid, que, por cierto, está en el mismo caso.

Discutir en esos términos parece razonable y alcanzar un acuerdo no parece imposible. Ahora bien, ¿aceptarán los independentistas de ERC ese marco de negociación? ¿Sacrificarán sus planteamientos de máximos por el bien de Cataluña y, por tanto, de España? Lo sabremos en unos días.