SÍMBOLOS DE CONVIVENCIA

 

 Editorial de   “ABC” del 28/11/2004

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

QUIEN siembra vientos recoge tempestades. El Gobierno tripartito de la Generalitat catalana y la necesidad de votos por parte del PSOE en el Congreso de los Diputados otorgan a ERC un protagonismo que no merece. El noble ejercicio de la política exige de quienes lo practican una alta responsabilidad moral, que no está al alcance de ciertos líderes histriónicos y populistas. El sentido de Estado y la búsqueda del interés general son conceptos incomprensibles para los que practican una política de vía estrecha, miope y egoísta, orientada a cultivar las pasiones de los sectores más radicales. Los intransigentes buscan por todos los medios a su alcance motivos para la confrontación entre España y una de sus partes integrantes. Así, la propuesta para prohibir las corridas de toros a la española en una Comunidad Autónoma que cuenta con una larga y notable tradición taurina se suma a otros episodios recientes, como la polémica artificial sobre el idioma valenciano, cerrada hace días por Pasqual Maragall y Francisco Camps. Ayer mismo, muchos miles de valencianos, aún heridos, expresaron en la calle una firme defensa de su lengua, al tiempo que su indignación por la agresión injustificada de que se sienten víctimas. Todo ello, conviene subrayarlo, en una Comunidad en la que la convivencia de las lenguas en la vida social puede calificarse de modélica.

La búsqueda de enfrentamientos provoca la discordia civil, conduce al conflicto de unos territorios con otros y daña sin remedio la convivencia. Estos planteamientos deben ser proscritos en nombre de la buena salud democrática. La España constitucional ofrece un proyecto atractivo de vida en común, abierto a todos por igual, con la única y elemental exigencia de respetar los derechos de los demás y de ser leales a las instituciones. No hay que dar cancha, por tanto, a los partidos antisistema, que promueven intereses mezquinos a costa del bienestar colectivo. Está en juego nada menos que la subsistencia del sistema constitucional vigente.

Nuestra Constitución reconoce, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Existe, pues, una dimensión moral en la vida colectiva, que exige compartir esfuerzos y apoyar los proyectos de todos, como el conjunto de los españoles ha hecho con frecuencia respecto a Cataluña.

España es mucho más que un Estado: es una nación que constituye desde hace siglos el único marco imaginable para la convivencia política de muchos millones de personas. Es, además, un Estado fuertemente descentralizado que permite el autogobierno de los diversos territorios y respeta plenamente su peculiaridad. Nada más ajeno, sin embargo, al modelo constitucional que el «imperialismo» linguístico, cultural o político que algunas Comunidades pudieran querer ejercer sobre otras. En este marco, la estrategia de los radicales consiste en crear una sensación de independencia psicológica con el resto de España, como paso previo a una ruptura jurídico-formal. Por ello, es primordial que se mantenga el entendimiento entre los ciudadanos de toda España, sin crear situaciones de agravio o confrontación que dañan profundamente la moral colectiva. A la hora de la verdad, la vida se rige por sentimientos y afectos compartidos y no sólo por normas administrativas sobre la distribución de competencias. Ojalá los excesos pasionales sean superados por la lógica del sentido común, que exige de los responsables políticos el fomento de la paz social como expresión de la convivencia.