LOS OBISPOS RECHAZAN EL PLAN IBARRETXE

 Editorial de   “ABC” del 08/01/2005

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

LA nota de Prensa hecha pública ayer por la Conferencia Episcopal en relación con el plan Ibarretxe merece el elogio de los sectores más sensatos de la sociedad española. Mientras el Gobierno socialista reacciona de forma tibia y actúa en función de su estrategia partidista, la Iglesia habla alto y claro sobre un problema muy grave que no puede ni debe minimizarse, como pretenden Rodríguez Zapatero y un amplio sector del PSOE. Es imprescindible en la circunstancia actual que las instituciones que vertebran nuestra sociedad se pronuncien expresamente en defensa de la España constitucional, a la que desafía sin rodeos el aparente proyecto de reforma del Estatuto vasco, que encubre en rigor una alteración sustancial de la Constitución.

En este punto incide con acierto la nota de los obispos, en términos análogos a los que habían anticipado en días anteriores monseñor Cañizares y monseñor García-Gasco. Es «inadmisible», en efecto, la pretensión de alterar de forma unilateral el ordenamiento jurídico en función de la propia voluntad de poder. Mucho más cuando se trata de la fórmula de convivencia adoptada por una «sociedad pluricentenaria», referencia ésta singularmente adecuada porque apunta al centro de gravedad del asunto: España es una de las naciones más antiguas y sólidas de Europa; no es, en cambio, como algunos pretenden, un Estado artificial, producto de la yuxtaposición de entidades dotadas de poder originario, libres por ello para asociarse o separarse a su propio albedrío. La apelación al documento de noviembre de 2002 sobre terrorismo y nacionalismo totalitario resulta muy significativa: en el plano moral no es admisible cualquier modo de propugnar la independencia y, más aún, la «idolatría» de la propia nación conduce a una perspectiva nihilista y anticristiana. Desde un punto de vista positivo, los obispos recuerdan que la Constitución es el marco «ineludible» de nuestra convivencia, «fruto maduro» de una voluntad común. No niegan la posibilidad de reforma, puesto que, como toda obra humana, «no es perfecta»; pero toda propuesta de modificación debe respetar las formas y los contenidos derivados del ordenamiento vigente. Es una exigencia elemental en el plano jurídico y político. También lo es, como recuerda ahora el magisterio de la Iglesia, en el ámbito moral y del «bien común».

Estas palabras precisas y rigurosas han sido descalificadas en bloque y sin matices por los partidos nacionalistas, incluido -en primera fila- el Partido Nacionalista Vasco, que no parece tener presentes las raíces democristianas de alguno de sus sectores históricos y que sólo acepta la voz de la Iglesia cuando considera que favorece sus posiciones, aunque sea de forma circunstancial. En todo caso, el conjunto de los obispos españoles ha sabido ejercer con prontitud y con firmeza su derecho y su deber de ilustrar a la sociedad sobre un asunto de tan graves repercusiones. He aquí una buena prueba del sentido de la responsabilidad que ofrece una institución que habla en nombre de muchos millones de ciudadanos, víctimas desde hace unos meses de una ofensiva laicista que -paradójicamente- invoca en falso el nombre de la Constitución.