UN SECTOR DE LOS SOCIALISTAS VASCOS ALABA EL DISCURSO DE BONO FRENTE A LA CALMA QUE RECLAMA ZAPATERO
Rodríguez Ibarra adelanta que si Ibarretxe convoca un referéndum ilegal, el Gobierno tiene la obligación de retirar las competencias a la Ertzaintza
M. L. G. FRANCO, Noticia en “ABC” del 08/01/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado la noticia que sigue para incluirla en este sitio web. (L. B.-B.)
BILBAO /
MÉRIDA. Las palabras pronunciadas con motivo de la Pascua Militar por el
ministro de Defensa, José Bono, ante el desafío planteado por el lendkari, Juan
José Ibarretxe, parecen haber satisfecho a un sector de los socialistas vascos
mucho más que la escenificación oficial que han hecho el Gobierno, y su
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de su reacción al proyecto
independentista.
Así se desprende al menos del comunicado hecho público por cinco dirigentes
socialistas del País Vasco críticos con la línea «oficial» de Patxi López -la
europarlamentaria Rosa Díez, los alcaldes de Ermua y Portugalete, Carlos
Totorika y Mikel Cabieces, y los concejales Maite Pagazaurtundua y Nicolás
Gutiérrez-, que agraceden a Bono su «claridad y compromiso» en su discurso ante
el Rey, el presidente del Gobierno y toda la cúpula militar. Bono sostuvo que
«defender la nación es garantizar la igualdad de todos» y que «España no
permitirá que deshonren la memoria de las mil víctimas de ETA».
En su comunicado, primero que los críticos firman de forma conjunta y que rezuma
un tono de descontento con Zapatero -este grupo de socialistas rechaza cualquier
intento de negociación del «plan Ibarretxe» con el lendakari-, recuerdan que es
al Gobierno a quien corresponde garantizar el orden constitucional «con el apoyo
de todos» y «mantener y respetar, por dignidad y coherencia la memoria de
centenares de españoles que fueron asesinados por defender sus valores».
«Era absolutamente necesario»
Para Díez y los otros cuatro firmantes, que dicen haberse sentido
«reconfortados» con las palabras de Bono porque «reafirman» las dichas días
atrás por el ministro de Administraciones Públicas como respuesta oficial al
plan Ibarretxe, «era absolutamente necesario que un miembro tan significativo
del Gobierno, ante el Rey y el presidente, confirmara inequívocamente el
compromiso firme de defender íntegramente la Constitución». A su juicio, «lo que
está en juego no es sólo la unidad territorial de España, sino la igualdad de
todos los españoles ante la ley».
Y, a diferencia de la reacción oficial del Gobierno, que ha apelado a la
«normalidad» democrática e institucional para hacer frente al plan Ibarretxe sin
necesidad de recurrir a medidas excepcionales, quien dejó entrever que sí harán
falta esas medidas fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de
Extremadura y miembro de la Ejecutiva socialista.
Ibarra sostuvo ayer que la primera consecuencia de un referéndum ilegal sería la
obligación por parte del Gobierno de retirar las competencias que en materia de
seguridad tiene atribuidas el País Vasco. «Si usted quiere hacer un referéndum
ilegal -dijo Ibarra-, yo tengo que impedirlo. Y como las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad vascos dependen del lendakari, y el lendakari es quien quiere
incumplir la ley. no tengo ninguna confianza en que utilice a las fuerzas a su
cargo para hacer que la ley se cumpla». Para Ibarra, este sería una de los
muchos «inconvenientes» que tiene mantener un pulso al Estado. Otro, sería, por
ejemplo, que la mayoría que PSOE y PP tienen en Álava impedirían que esta
provincia se sumara al «país» de Ibarretxe.
«No sembrar el alarmismo»
Rodríguez Ibarra añadió que «ya es hora» de que los nacionalistas sepan que en
las apuestas también se puede perder. En todo caso, coincidió con Zapatero en
que el plan Ibarretxe debe llegar al Congreso para ser rechazado de forma
tajante y en que no debe convocar una Conferencia de Presidentes porque,
ironizó, «no puede ser que todo el mundo ande de cabeza como consecuencia de una
iniciativa parlamentaria de un presidente autonómico».
La reacción oficial del PSOE volvió a corresponder ayer a Diego López Garrido,
«número dos» del Grupo en el Congreso, quien demandó del PP «serenidad», respeto
a la «normalidad de las instituciones» y que no dé lugar a «respuestas
dramáticas para sembrar alarmismo».