ESPERANZADOR DESHIELO

 

 Editorial de   “ABC” del 15/01/2005

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

 

EL resultado de la entrevista mantenida ayer en La Moncloa por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, envuelta en densas incertidumbres, otorgó a los españoles una estimable ración de tranquilidad. La gran mayoría de la sociedad ha percibido con satisfacción que existe un cierto clima de entendimiento entre el Gobierno y la oposición, que representan al 80 por ciento de los votantes, en lo que concierne al rechazo absoluto a la viabilidad del plan Ibarretxe y a la apertura de un diálogo serio, formalizado a través de una comisión conjunta, entorno a las posibles reformas sobre la organización territorial del Estado. Los últimos episodios de la interminable puesta en escena del desafío soberanista son fiel reflejo de la complicada posición en que se sitúa el Gobierno. Zapatero estuvo firme, sin duda, en la reunión del jueves con el lendakari; pero la simbología, esencial en la democracia, trasladaba la imagen de una confrontación de dos legitimidades enfrentadas.

En la misma línea se sitúa la recepción en el Congreso al presidente del Parlamento vasco, a pesar de las cautelas protocolarias y de la prudencia exhibida por Manuel Marín para solventar la difícil papeleta. Atutxa cumplió el objetivo nacionalista de solemnizar la entrega oficial del documento, cuando en rigor se trata de un simple trámite administrativo. Pero, sobre todo, transmitió una petición descabellada, rechazada de forma rotunda por Marín, acerca de la formación de una comisión bilateral para analizar el texto antes del Pleno que rechazará su toma en consideración. La eventual presencia de miembros de la ilegalizada Batasuna o del grupo parlamentario que debería estar disuelto (y no lo está por razones imputables al propio Atutxa) supone una propuesta abierta para devolver a Otegi y los suyos un protagonismo inmerecido. Es también una ofensa a las víctimas y a millones de ciudadanos que desean ver a ETA y a sus seguidores expulsados del lugar reservado a las personas honorables.

EN todo caso, el presidente de la Cámara de Vitoria ha dejado muy claro que el PNV busca la negociación «entre Euskadi y España», como ellos dicen, pretendiendo una confrontación imposible entre la parte y el todo, que es imprescindible desterrar del lenguaje político y mediático. Se le han dado excesivas facilidades a los nacionalistas para presentar en las máximas sedes del Ejecutivo y del Legislativo una opción que rechaza frontalmente la soberanía nacional, que, como bien dice la Constitución, «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Pero no pueden abrigar ninguna esperanza en cuanto al fondo del asunto: el Gobierno ha sido muy claro en su «no».

Más importancia tiene la entrevista de ayer entre Zapatero y Rajoy, representantes de esa voluntad del PSOE y del PP que el lendakari contrapone mediante una trampa dialéctica a la voluntad del pueblo vasco. Es digna de elogio la generosidad política que revela la oferta de pacto planteada por el líder popular. Hace tiempo que la sociedad exige a los dos grandes partidos de ámbito nacional que pongan freno a las exigencias desmesuradas de los grupos que sirven para completar mayorías parlamentarias. La negociación y el acuerdo, legítimos en toda democracia, no deben suponer una modificación de las reglas del juego, que tienen que quedar resguardadas de las circunstancias coyunturales. Hay un amplio margen para pactar alianzas en materia de inversiones o de políticas sectoriales. El PP ha presentado un «mapa de lo inamovible», ofreciendo una garantía de gobernabilidad y de estabilidad parlamentaria. Según este esquema, PP y PSOE conforman el núcleo duro del poder constituyente, que no sólo afecta a la reforma formal de la Constitución, sino también a los Estatutos de Autonomía y otras leyes vertebradoras del sistema.

A su vez, la propuesta de Zapatero, planteada como un pacto de «lealtad», siendo diferente en aspectos importantes, puede reconducirse a un procedimiento de diálogo. Es evidente que sin el consenso del PP resulta imposible la reforma de la Constitución, pero también es fundamental que el principal partido de la oposición participe del acuerdo sobre reformas estatutarias que, en las circunstancias actuales, podrían ser aprobadas por las mayorías que el Gobierno ha formado con sus socios más o menos formales. Resultaría incoherente que el PSOE persistiera en el empeño de crear un «pseudobloque constitucional» junto con los nacionalistas, excluyendo al centro-derecha, que ha mostrado su clara voluntad de llegar a un entendimiento en asuntos de Estado.

Ayer lo hubo en La Moncloa, con un acuerdo que implícitamente tiene categoría de compromiso documental y que supera en jerarquía al lenguaje de los gestos en el que tan hábilmente se mueve Zapatero. Porque no es lo mismo centralidad que hacer equilibrios, como tampoco se puede confundir la flexibilidad con la ambigüedad.

La tentación sigue presente en algunos estrategas del equipo del jefe del Ejecutivo, pero el razonable resultado de la entrevista permite atisbar nuevas posibilidades. No hay que olvidar, en todo caso, que el Gobierno sigue apoyado en una mayoría que completa ERC (que ayer mismo aviso a Zapatero de que el acuerdo con los populares es incompatible con el firmado con los independentistas) y que el tripartito catalán plantea exigencias de imposible encaje con los criterios del PP. Consigue el Ejecutivo ampliar el principio de diálogo universal que caracteriza su forma de hacer política, pero debe tener presente que tarde o temprano tendrá que optar por planteamientos que son rigurosamente incompatibles.

Rajoy ha cumplido con su deber y ambos líderes han conseguido transmitir un mensaje de sosiego -al menos transitorio- en un debate cada vez más encrespado. Cada uno asume su responsabilidad, y en democracia la decisión la tomarán los electores en su día.