CRISIS DE UN PACTO QUE NUNCA EXISTIÓ

 

 Editorial de   “ABC” del 02/03/2005

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

 

DECÍA Mariano José de Larra que el Estatuto Real de 1834 nació «raquítico» a juzgar por lo poco que duró. Algo parecido puede decirse, a la vista de la evolución de los acontecimientos, respecto del efímero acuerdo entre Zapatero y Rajoy para encauzar la reforma del modelo territorial, alcanzado en la entrevista de Moncloa previa al debate parlamentario del plan Ibarretxe. El PP ha hecho pública su decisión de considerar cerrada, antes de empezar su trabajo, la comisión mixta entre populares y socialistas. Está cargado de razón Mariano Rajoy cuando acusa al presidente del Gobierno de incumplir lo acordado y también al no aceptar un grupo de trabajo de escaso nivel político, convertido en una simple fórmula oportunista que el PSOE pretendía utilizar para ganar tiempo, ofrecer una imagen dialogante y mantener una apariencia que no se ajusta a la realidad.

Porque la realidad, guste o no guste, es que el PSOE ha optado por mantener su alianza con Esquerra Republicana, un partido que se sitúa fuera del sistema en relación con la forma de Estado y con la forma de Gobierno. El Ejecutivo ha forzado la respuesta del PP al convertir a ERC en interlocutor privilegiado para las negociaciones sobre el modelo territorial. La reciente entrevista en Moncloa con Carod-Rovira, las últimas propuestas de José Blanco y el anuncio -conocido a través de los medios- de que el PSOE «comunica» al principal partido de la oposición su intención de enviar una consulta al Consejo de Estado sobre la reforma constitucional son las gotas que han colmado el vaso de la paciencia. Final anticipado para un pacto que nunca existió.

Desde el punto de vista de la estabilidad institucional, es una lástima que Rodríguez Zapatero prefiera someterse al chantaje continuado de ERC y no acepte la oferta leal del PP, reiterada por Rajoy durante su intervención en el Congreso sobre el plan Ibarretxe. Ahora se entiende, aunque no hacía falta especial agudeza, la tibia reacción del Gobierno ante el desafío soberanista: visita del lendakari (y también de Imaz) al presidente del Gobierno; máxima cortesía para Atutxa en el Congreso de los Diputados; en fin, aceptación del debate en el Pleno de un falso proyecto de reforma estatutaria que encubre en rigor una verdadera mutación de la Constitución vigente. Los socialistas optan por un camino peligroso, buscando con oportunismo unos resultados electorales favorables en el País Vasco y en Galicia, ignorando el sentido de Estado y la responsabilidad exigible a un partido solvente y riguroso. El PP debe ahora ejercer esa misma responsabilidad, manteniendo abierta la oferta de pacto. Más aún, es posible que tenga que aportar en el futuro una alta dosis de sensatez para sacar a su adversario del laberinto que los propios socialistas se han fabricado.

La situación política en Cataluña, cuya evolución es por ahora imprevisible, viene a complicar el asunto. Es probable que el tan elogiado modelo de consenso haya naufragado para siempre entre el socavón del Carmelo y la grave acusación de Maragall a CiU. Si no prospera la vía catalana, ¿cuál será ahora la alternativa socialista en el País Vasco al plan del PNV? Maragall lanzó ayer una explícita crítica al Gobierno y al modelo de reforma estatutaria propuesto por Manuel Chaves, que parece cobrar peso en amplios sectores del partido ante las dificultades de viabilidad de la opción catalana.

Hace tiempo que la sociedad muestra su preocupación por la deriva del debate territorial. Sin dogmatismo, pero con firmeza y convicción, es necesario proclamar una vez más la plena vigencia de las grandes decisiones adoptadas por el pueblo español, titular único de la soberanía, que se plasman en la Constitución de 1978. Seguro que los electores entenderán la postura de quienes dan preferencia al interés general sobre el partidismo coyuntural.