OTRA VEZ LA LENGUA
Editorial de “ABC” del 14/03/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
LA
Constitución dispone, en su artículo 3º, que el castellano es la lengua española
oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en
las respectivas Comunidades Autónomas. La legislación vigente y la sociedad en
su conjunto reconocen con naturalidad que la pluralidad lingüística de España
enriquece nuestra cultura común. Por ello, plantear a estas alturas nuevos
episodios de una imaginaria «guerra de las lenguas» sólo resulta explicable por
la falta de proyectos serios del Gobierno y por el deseo de perturbar la
convivencia que inspira a algunos nacionalistas radicales.
La semana pasada se vivió en el Congreso un capítulo tragicómico de la eterna
querella. Tiene razón Manuel Marín al mantener en pleno vigor unas reglas del
juego que han funcionado bien durante años. Su afán conciliador y la cuota
parlamentaria del talante gubernamental habían inducido al presidente de la
Cámara a una interpretación flexible del reglamento, percibida como debilidad
por los diputados de Esquerra y algunos otros. Lo más sorprendente es el apoyo
expreso del grupo socialista, a través del propio Pérez Rubalcaba, a las
pretensiones de un nacionalismo que no conoce límites. Peor todavía es que
Rodríguez Zapatero se mostró algo más que comprensivo con la permanente
«travesura» de sus socios parlamentarios, que desafían las normas cada vez que
tienen la oportunidad de hacerlo. Flaco servicio prestan a la lengua catalana
quienes la utilizan sin escrúpulo por razones de oportunismo político. Por lo
demás, el Partido Socialista debe recordar su propuesta de un estatus de
imparcialidad para la presidencia de las Cámaras, así como su reciente pacto con
el Partido Popular sobre reformas reglamentarias, que incluye -al menos de forma
implícita- la remisión al Senado del uso de lenguas autonómicas.
Otra noticia reciente demuestra la insensatez que se apodera por momentos de
algunos sectores sociales y políticos. Circula en ambientes universitarios un
proyecto de reforma de los estudios de Filología que pretende suprimir la actual
Filología Hispánica, equipara la lengua española con el catalán, el vasco, el
gallego y el asturiano, y determina que para cursar la especialidad de
Castellano habría que elegir necesariamente otra de las que denomina «lenguas y
culturas del Estado español». La firme reacción de la Real Academia y las
expresivas palabras del profesor Rodríguez Adrados («locura» y «monumento a la
incultura») son fiel reflejo de la única opinión razonable frente a quienes
actúan en contra de la Constitución, de la práctica social y del más elemental
sentido común.