PROPUESTA INACEPTABLE

 Editorial de   “ABC” del 29/04/2005

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

LA pasividad del Gobierno, su dependencia aritmética del tripartito catalán, su aceptación de una regresión autonómica absolutamente contraria a la evidencia, su silencio respecto a la utilización torticera del concepto de déficit fiscal territorial y su irresponsabilidad al abrir la reforma estatuaria sin objetivos claros han conducido a un nuevo enfrentamiento institucional de imprevisibles consecuencias. Porque la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo catalán es sencillamente inaceptable para cualquier gobierno que quiera mantener los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y unidad de mercado. Cobran ahora todo su sentido las advertencias lanzadas por Felipe González y Alfonso Guerra.

Zapatero ya no puede permanecer más tiempo callado, porque el que calla otorga. Y otorgar significa aceptar un régimen confederal, incompatible con la Constitución, pero coherente con las aspiraciones de los nacionalistas, que siempre han pedido una negociación de iguales entre dos soberanías originarias. Nunca han aceptado el Estado de las Autonomías, sino que postulan la libre adhesión entre naciones. En eso coinciden el plan Ibarretxe y la propuesta del Ejecutivo catalán, aunque la mayoría de los componentes de este último les separe radicalmente su actitud ante la violencia. Los nacionalistas catalanes siempre han considerado un agravio el Concierto Vasco. Ahora se apuntan a sus efectos y exigen equipararse en sus resultados en quince años, aunque al hacerlo nieguen la razón de ser de supuestos derechos históricos territoriales.

El sistema de financiación prevé una Agencia Tributaria propia y una Comisión Mixta Estado-Generalitat, como órgano bilateral de coordinación cuya presidencia se ejercería por turno rotatorio. Lo primero significa que se rompe la unidad fiscal, con grave riesgo de clientelismo político, descoordinación y fraude. Lo segundo, que las cuentas de Cataluña se desvinculen del devenir económico y financiero de las demás Autonomías y se negocien entre iguales con el Gobierno central. Además, el Estado garantizaría la suficiencia financiera de Cataluña, pero no a la inversa, cuando es ésta la que recauda. Y se limita unilateralmente la aplicación de cualquier mecanismo de solidaridad interterritorial que pueda establecer el Estado a mantener la posición de Cataluña en el ranking de renta per cápita. El tripartito pide también negociar una compensación por la deuda histórica provocada por los sistemas anteriores. Una lógica reivindicativa peligrosa que podría llevar un día, por ejemplo, a que el resto de España pida una compensación por el proteccionismo económico de inspiración catalana o que Andalucía exija una indemnización por la contribución de sus inmigrantes, o que Extremadura reclame un pago por su déficit comercial bilateral. Un despropósito y un país ingobernable.

Hay motivos económicos, políticos y constitucionales para una radical oposición democrática a esta propuesta, al margen de que se pueda negociar el reparto cuantitativo de la recaudación de las distintas figuras impositivas. Pero siempre en un marco de igualdad entre Comunidades, en un sistema general para todos, fuera de la negociación de un Estatuto concreto, y en el que quede consagrada la soberanía fiscal del Estado. Si además el PSOE fuera capaz de garantizar que no va cambiar de idea, como después de 2001, cuando aceptó un sistema definitivo de financiación que rechazaba la generalización del Concierto, se cerraría por fin un debate estéril que sólo divide a los españoles. Desde el punto de vista económico los números del Estado no cuadran, y el sistema es ineficiente e insolidario, en negociación permanente y con unos costes de gestión muy elevados. Desde el punto de vista político, Cataluña pretende una relación de igual a igual con el Estado, completamente al margen de las otras Comunidades, un Concierto particular que confunde deliberadamente la solidaridad entre las personas con la solidaridad por metro cuadrado, lo que no parece muy socialista. Y es una propuesta anticonstitucional porque choca frontalmente con el Estado de las Autonomías y se enmarca no ya en una visión federal, sino confederal de España.