LA RUPTURA DEL CONSENSO

 Editorial de   “ABC” del 12/05/2005

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

EL debate sobre el estado de la Nación transcurrió ayer en los términos previsibles de crispación y enfrentamiento. A pesar del panorama idílico, más cerca de la utopía que de la realidad, que presentaba Zapatero en su intervención de la mañana, la opinión pública es consciente de que se ha quebrado el entendimiento de fondo entre los dos grandes partidos. Se avecinan tiempos de riesgo para la cohesión social y territorial y no bastan las palabras abstractas ni los apoyos interesados que ayer prestaban al Gobierno socialista sus socios parlamentarios. La estrella del debate fue sin duda esta reflexión reiterada del presidente: «La política puede contribuir al fin de la violencia». No es difícil suponer que se trata de un reconocimiento de que el diálogo podría conducir a concesiones relevantes. No basta con anunciar que el Parlamento será informado en su día, porque la democracia exige transparencia y debate público. En todo caso, ayer quedó certificado el final del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, asunto que en los años anteriores era elemento de unión entre Gobierno y oposición y que ayer se convirtió en el centro de un debate duro, áspero y tenso en el que Mariano Rajoy, ante la gravedad de la situación, acusó a Zapatero de «traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento».

La mayoría de los ciudadanos tienen muy claro que la responsabilidad incumbe al Gobierno, porque el Partido Popular ha intentado —por activa y por pasiva— mantener vivos el espíritu y la letra de un acuerdo que ha causado un daño importante a ETA. En rigor, la renuncia del Gobierno a instar la ilegalización de EHAK ha sido el principio del fin. No parece fácil que las iniciativas que ahora están en marcha vayan a mejorar la situación, sin olvidar el impacto de un acuerdo de esta naturaleza sobre la moral colectiva de un Estado democrático.

ROTOS los puentes entre el Gobierno y la oposición, daba ayer la impresión de que hemos entrado en sentido material en un nuevo periodo constituyente, aunque la reforma formal del texto constitucional vaya a limitarse a cuatro aspectos concretos. Se daría así la razón a Maragall cuando dijo que la Constitución era «una gran disposición transitoria». En efecto, la revisión en marcha de los Estatutos puede suponer, si se pierde el control, la ruptura material de la Constitución («la mejor de nuestra Historia», como dijo ayer acertadamente el líder de la oposición). Bajo la retórica de la España plural, se esconde una ruptura de la solidaridad y un debilitamiento de la Administración central. Sobre la incorporación del concepto de «nación» a los Estatutos y sobre la financiación autonómica, el presidente no quiso o no pudo aportar datos concretos, pero confirmó en cambio la nueva doctrina en materia de justicia, que conduce a reforzar a los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas a costa del Tribunal Supremo. Es una mala noticia para la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos. Por lo demás, sigue sin concretarse el modelo de financiación que piensa plantear el PSOE como contraoferta al tripartito y tampoco se sabe si alcanza a este punto decisivo el compromiso de apoyar cualquier texto que surja, con amplia mayoría, del Parlamento catalán. Con la capacidad que le caracteriza para eludir los asuntos concretos, Zapatero le dijo más o menos a cada uno lo que su interlocutor deseaba escuchar.

Capítulo aparte merece el debate sobre la acción exterior del Estado. Zapatero insiste en conseguir nuevos réditos de su política respecto a Irak, con una curiosa tendencia a utilizar un patriotismo convencional para justificar la autonomía de España respecto a los Estados Unidos. Todo ello, sin renunciar a contar su breve conversación reciente con el presidente Bush. Tampoco se aportó ningún argumento razonable para justificar en qué ha beneficiado a España el apoyo sin condiciones al eje franco-alemán. Frente a la acusación de que nuestra política exterior es ahora errática y ruinosa, el presidente se escuda una vez más en las buenas palabras, tales como «nuestra Bandera es enseña de paz», «hemos vuelto al corazón de Europa» y otras similares.

El balance general en materia de gestión ofrece más sombras que luces. Es cierto que la situación económica mantiene unas pautas razonables, aunque se atisban síntomas preocupantes que el presidente niega desde su tradicional voluntarismo. En cualquier caso, la herencia muy favorable recibida de los gobiernos anteriores rebaja notablemente cualquier mérito que pueda atribuirse en este terreno al Ejecutivo actual. Zapatero no despejó las dudas acerca de la existencia de territorios de primera y de segunda a la hora de programar y ejecutar las inversiones en materia de infraestructura. El cruce de acusaciones sobre el Plan Hidrológico Nacional y la política del agua no aportó nada nuevo, por lo que muchos ciudadanos siguen sin entender cuáles son las razones técnicas que invitan a desandar un camino que parecía bien orientado. Tampoco hubo referencias serias a la educación, donde nada se dijo del notable descontento e inquietud de padres y profesores. La cultura fue el pariente pobre del debate, porque, al parecer, el presidente nada tiene que decir sobre el Museo del Prado o sobre el Archivo de Salamanca.

Más interesante, en cambio, resultó la discrepancia sobre inmigración. Es extraño que el Gobierno mantenga su discurso triunfalista sobre un proceso de regularización que no convence a casi nadie y que prefiera cerrar los ojos ante problemas que debería abordar con máxima prudencia, porque afectan ya a la convivencia diaria. El presidente valora de forma complaciente la política social y, en particular, el matrimonio de homosexuales, sin admitir que ha creado un fuerte debate y que se reabre una innecesaria confrontación con la Iglesia.

ESTUVO enérgico Rajoy en su papel de líder de la oposición. Contrastan una vez más su precisión y sus preguntas directas con la capacidad del presidente para eludir las cuestiones espinosas. Muchos ciudadanos aprecian la defensa inequívoca del modelo constitucional vigente y rechazan que, un año después, se insista en alusiones permanentes a los gobiernos anteriores. Más allá de la coyuntura, la opinión pública está seriamente preocupada por la deriva del debate territorial y por la perspectiva de una negociación con el terrorismo. Dos asuntos claves para abordar con todos los puentes dinamitados.