NO MÁS OPACIDAD

 Editorial de   “ABC” del 24.05.05

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

A medida que pasa el tiempo, la nueva etapa de la política antiterrorista se está caracterizando por una acumulación de contraindicaciones que el Gobierno debe valorar con responsabilidad para actuar en consecuencia y hacer las rectificaciones oportunas. Lo que no es admisible es que la información sobre el posible «final dialogado» del terrorismo no venga de la mano de una política de comunicación seria y bien dirigida, con la que el Gobierno habría podido explicar su novedosa posición frente al cese de la violencia y contar con más opciones para serenar el debate y recabar más apoyos. Sin embargo, a nada de esto contribuye saber que ETA envió al Gobierno una carta con una propuesta de negociación o que el jefe del Ejecutivo comenta en cenas privadas -como a la que asistió el filósofo Fernando Savater- las aspiraciones de los etarras, interpretando los mensajes remitidos desde su entorno. Hay compromisos que sólo son creíbles con hechos y si Zapatero se comprometió a informar al Parlamento de la marcha del proceso de negociación, lo coherente habría sido dar cuenta de los datos que tenía en su poder para implicar al Congreso en un nuevo consenso antiterrorista y escenificar la ruptura del Pacto suscrito con el PP.

Si el Gobierno reclama para sí el derecho a dirigir la política nacional, debe asumir también las responsabilidades que le corresponden. La primera es medir los efectos de sus decisiones, sabiendo que negociar con los terroristas es una iniciativa que compromete decisiva y definitivamente a un Gobierno. Está bien que ahora la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega pida hablar menos y reflexionar más, pero el consejo será tanto más valioso cuanta más autocrítica conlleve, pues nadie ha hablado más en público de esperanzas de paz, nuevos escenarios, final dialogado... que el jefe del Ejecutivo. La opinión pública es, en este sentido, insobornable y si se lanza públicamente el debate del diálogo con ETA hay que afrontarlo en su integridad, también en el trance más complicado de dar explicaciones. Y hay que darlas, porque si ETA ha hecho saber qué pretende de este proceso, el Gobierno debe informar al PP, en primer lugar, si es que realmente está vivo el Pacto Antiterrorista, y luego al Parlamento, porque a esto se ha comprometido Zapatero. El crédito del Gobierno en este envite depende, tanto o más que de la oposición del PP, de la certeza que tengan los ciudadanos de que no se les está ocultando nada y de que este proceso no tiene doble fondo, que no se ha abierto a ciegas o sobre meras conjeturas.

El escenario real, no el ficticio, en el que se ha planteado el «final dialogado» con ETA exige dosis altas de fuerza política y respaldo social. Sólo el PP está en condiciones de garantizárselas y, por esto mismo, no tiene sentido que el Gobierno tenga una agenda oculta y ande hurtando información al principal partido de la oposición, con el que, antes o después, tendrá que contar para legitimar plenamente cualquier decisión final sobre el terrorismo.

Mientras tanto, la continuidad terrorista de ETA -seis bombas en una semana- acrecienta el valor de la fórmula policial para su derrota y confirma las bondades de operaciones como la que ayer permitió la detención en Francia del jefe del aparato internacional de la banda, José Ramón Sagarzazu, y otros dos presuntos etarras. Hasta que se demuestre otra cosa, la presión policial es el recurso más eficaz del Estado contra los terroristas, si bien es cierto que el salto cualitativo vino dado por la irrupción de la Justicia en el entramado político de ETA, entre otras cosas porque con detener a terroristas no era suficiente para su erradicación: había que actuar sobre la estructura de apoyo.

Sin embargo, los éxitos policiales corren el riesgo de ver mermada su eficacia por la consolidación política de la izquierda proetarra, que también ayer decidió quién debía acceder a la presidencia del Parlamento vasco. El bloque de Estella funcionó y no perdió esta ocasión para demostrar que la correlación de fuerzas -42 parlamentarios nacionalistas frente a 33 constitucionalistas-, por ahora, no va a propiciar ningún cambio en el País Vasco. El proceso de elección deja buenas y malas noticias: el PNV pone los pies en el suelo y se ve obligado a renunciar a la «opción Atutxa» y la división llega al tripartito vasco, después de que EA urgiera el «sacrificio político» del ex consejero de Interior. Las malas nuevas las encabeza la constatación de que el emporio etarra, a través de la careta de EHAK, ha mostrado que puede tener la llave en la legislatura.