¿ES FIABLE EL PSOE PARA DEFENDER EL ORDEN CONSTITUCIONAL?

 Editorial de   “ABC” del 01.10.05

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

EN este ambiente de alegre federalismo que ha inaugurado el socialismo en Cataluña, es bueno recordar que no hay ningún Estatuto aprobado todavía, que todo Estatuto de autonomía es, al final, una Ley Orgánica del Parlamento nacional y que el Tribunal Constitucional es el único órgano con potestad decisiva para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Por tanto, si el Estado mantiene sus instituciones arraigadas en el texto aprobado en 1978, que declara la unidad indivisible de la Nación española, la propuesta aprobada ayer por la Cámara catalana debe estar abocada no a meras modificaciones semánticas, sino a una transformación radical o a su puro rechazo. Aún queda el Estado, por tanto, pero siempre que el Gobierno esté dispuesto a abanderar la cancelación urgente de este proceso constituyente que Rodríguez Zapatero ha abierto. La petición del PP de tramitar la propuesta catalana como reforma constitucional (lo que hace imprescindible sus votos) o de convocar elecciones para que los ciudadanos se pronuncien sobre el cambio que pretende imponerse, es una manera gráfica de llamar la atención sobre la desconexión entre el Gobierno socialista y la sociedad española en su conjunto.

En este sentido, la pregunta acuciante es si el PSOE es fiable como partido dispuesto a defender el orden constitucional agredido por la reforma estatutaria aprobada en Cataluña. La respuesta no está en las manifestaciones de barones socialistas con mucha voz y poco voto en el Congreso. Tampoco en la escasa vieja guardia socialista que aún conserva escaño y sentido común. La respuesta está en si va a mantener o no la estrategia implantada por Zapatero de abrir un proceso neoconstituyente, alimentado por un revisionismo histórico revanchista y basado en pactos de interés con los nacionalistas, cuyo principal fundamento es la aversión común de todos ellos a la derecha. La irracionalidad está colonizando como una epidemia el discurso socialista sobre la realidad nacional de España, pero por ahora puede más el rechazo a coincidir con el PP que la responsabilidad de frenar a todas las fuerzas políticas centrífugas que pilotan la marcha del país a un escenario de disgregación política e institucional. Por eso, Carod-Rovira remachó ayer con sinceridad su alegría al decir que el nuevo Estatuto es «un paso hacia el Estado catalán». No puede decir otra cosa a la vista de lo bien que le va su proyecto de soberanismo de la mano del PSOE.

No son Maragall ni Carod-Rovira quienes tienen que dar cuenta de por qué Cataluña se define como nación -síntesis de todos los despropósitos- en una propuesta que enmascara como federal un modelo confederal, que hace más fácil la consecución de la soberanía. Es Zapatero el que debe explicar qué ha hecho para impedirlo, porque lo cierto es que lo que se ha producido es un acuerdo inconstitucional y no la retirada del texto preparado por el tripartito. El dato es incuestionable. En la legislatura de este socialismo tranquilizador, que iba a sosegar la «tensión territorial» que supuestamente provocó Aznar, dos Parlamentos autonómicos han aprobado por mayoría absoluta sendas propuestas de reforma estatutaria que son declaraciones de soberanía y de derogación constitucional. Y el PSOE no ha sido ajeno a la formación de la masa crítica que ha envalentonado a los nacionalismos. Al contrario, sus propuestas para «actualizar el Estado autonómico» se basan en el reconocimiento de tantas naciones como pueblos haya allí donde, eso sí, tenga que pactar con nacionalismos. Sin nacionalistas de por medio, el PSOE no tiene problemas con la identidad española. Pero ahí están las ofertas de López en el País Vasco para reformar el Estatuto, bajo la invocación del «proyecto nacional vasco»; o de Touriño, refiriéndose a Galicia como «comunidad nacional». Su socio, el nacionalista Quintana, apuntaló ayer mismo esta estrategia y exigió a Zapatero que Galicia juegue «dentro del Estado en la División de las naciones». Ha comenzado la puja en la subasta de naciones.

Se ha llegado a esta crisis porque el Gobierno lo ha consentido y porque ha alentado los procesos políticos de disgregación que empiezan a cuajar con formas legislativas. Aún es posible evitar que la Constitución se descoyunte. El PP está legitimado para usar los medios constitucionales a su alcance para que el Estado prevenga daños mayores. Y si -como Maragall admite- estamos ante un cambio de modelo, los diputados del PSOE están obligados, con su voto, a hacer oír en el Congreso la voz de la inmensa mayoría de los españoles que siguen confiando en la Constitución. Es el momento, en fin, de demostrar dónde reside la soberanía.