EL VALOR DE NUESTRA CONSTITUCIÓN

  Editorial de   “ABC” del 06.12.05

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

 El formateado es mío (L. B.-B.)

El distanciamiento entre ciudadanos y partidos políticos es un mal de toda democracia, resultante de dejar reducido este sistema a una convocatoria electoral periódica, orillando su sentido más estricto, aquél que debería hacer que todo gobierno representativo se vea concernido por las directrices de la opinión pública en la definición de su acción política. En definitiva, la democracia habría de ser un estado de permanente legitimación, y no sólo del acceso al poder, sino también de su ejercicio. En este sentido, la celebración del vigésimo séptimo aniversario de la Constitución España no podría estar siendo más expresiva de la disociación de intereses entre, por un lado, el sentimiento ciudadano de respaldo al texto constitucional y a sus valores esenciales y, por otro, la orientación de las principales decisiones del Gobierno en lo que afecta a la reforma del Estado, objetivo más ambicioso y radical que la llamada «reforma territorial». El 6 de diciembre se convierte, hoy más que nunca, en una jornada de defensa de los valores que representa la Carta Magna, cuyo marco de convivencia ven amenazado muchos españoles. No hace falta encuesta alguna para percibir que la sociedad española asocia su estabilidad y su progreso a la seguridad institucional y jurídica que ha proporcionado la Constitución de 1978, y lo hace en la misma medida en que valora como amenazas a estas condiciones del éxito constitucional las reiteradas andanadas nacionalistas contra la unidad de la soberanía nacional.

La experiencia de veintisiete años de paz democrática ha permitido a los españoles saber bien qué está dentro y qué está fuera de la Constitución. Y no sólo en cuanto norma jurídica vinculante, que no es una categoría menor, sino también como una ética política cimentada en la moderación, el consenso, el reformismo y la transacción. Pese a esta evidencia -reflejada en sondeos que atestiguan un estado de opinión muy consolidado-, España vive hoy un proceso de relativismo conceptual sobre lo que ha de entenderse como constitucional, con motivo, fundamentalmente, de una estrategia política del Gobierno socialista que sólo puede tener alguna expectativa de éxito si los ciudadanos españoles dejan de ver la Constitución como un patrimonio común y empiezan a percibirla como un «muro de contención» que hay que superar para entrar en las tierras prometidas del presidente del Gobierno. Así se explican algunas de las más agrias polémicas que castigan a la sociedad española en los últimos meses y, también, el empeño del PSOE en deslegitimar democráticamente al centro-derecha que representa el PP y en excluirlo de toda opción de acuerdo sobre asuntos de Estado. También responde a este patrón la descalificación de todas las manifestaciones públicas realizadas hasta ahora. La convocada para la defensa de la familia era una orgía inquisitorial; la de apoyo a las víctimas, una manipulación partidista del terrorismo; la que congregó a un millón de asistentes contra el proyecto de la LOE, una convocatoria de privilegiados; y el acto del PP del pasado sábado en la Puerta del Sol, de respaldo a la Constitución, una manifestación sectaria que fomenta «el odio entre españoles».

Para justificar pactos con Esquerra Republicana de Cataluña, para arropar la posible negociación con ETA y para impulsar un modelo confederal de relaciones entre Comunidades Autónomas y Estado es preciso romper las amarras de la sociedad con aquellos valores y principios que, hasta ahora, habían dejado extramuros de la democracia los acuerdos con minorías independentistas, el desistimiento ante el terrorismo y la derogación de la unidad de la soberanía nacional. El constitucionalismo, sin embargo, está reaccionando, porque no es, como pretende el PSOE, un talante que permite hacer cualquier cosa.

Precisamente porque la Constitución no permitía todo, ha sido posible llegar hasta donde estamos, con sus luces y sus sombras. Repasar los objetivos de los aliados preferentes del Gobierno de Rodríguez Zapatero es, simplemente, contemplar otro Estado no distinto, sino opuesto al diseñado en 1978, con la previa liquidación de la realidad nacional de España. Ni la unidad nacional, ni la solidaridad entre las regiones, ni la soberanía popular, ni la Monarquía parlamentaria. Nada de esto queda a salvo de unos aliados cuya hostilidad a la Constitución es aún más pública desde que comparten poder político con el PSOE. Así se explica, en definitiva, que la ruptura definitiva del consenso constitucional de 1978 -condición sine qua non para el buen fin de la estrategia socialista- requiera la marginación política de esa derecha democrática que legítimamente ha decidido salir en defensa de la Constitución.