EL REY Y EL CONSENSO CONSTITUCIONAL

  Editorial de   “ABC” del 26.12.05

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. 

Sobre el Rey y su función constitucional se han escrito y se han dicho cosas fuera de lugar. Para la izquierda «republicana», el Jefe del Estado debería abstenerse de cualquier pronunciamiento o intervención de carácter político; para una derecha extremosa y abrupta, Don Juan Carlos tendría que implicarse activamente y de forma comprometida en la política cotidiana para una defensa, supuestamente más eficaz, de determinados valores constitucionales y, en particular, el de la unidad nacional. Sin embargo, el Rey ha estado y está en su sitio. Ni debe callar lo que ha dicho ni es conforme a su función constitucional pronunciarse en foros distintos y de maneras diferentes a los que ha utilizado para hacer vigentes los principios constitucionales más básicos de nuestra convivencia. Sus mensajes navideños -que hoy ABC repasa de manera exhaustiva- demuestran que el Rey, con firmeza pero con argumentos persuasivos, ha venido apelando a los criterios que hicieron de la Transición un capítulo ejemplar en todo el mundo occidental. La afirmación del Monarca según la cual «España es una gran Nación» encierra un nítido llamamiento a las fuerzas políticas parlamentarias para que no alteren la sustancia de la cohesión de los pueblos de España que alcanzó en la Constitución de 1978 una doble formulación, útil y, a la vez, respetuosa con el desafío de la unidad.

Las preocupaciones del Rey, puestas de manifiesto en el mensaje del pasado sábado, conectan de la misma manera con las inquietudes profundas de la sociedad española y demuestran que el Jefe del Estado ha establecido desde su proclamación -este año ha hecho tres décadas- una singularísima sintonía con el pueblo español, que, sin atavismos ni visceralidades, sino con sentido común y de la historia, sigue apostando claramente por la forma monárquica del Estado frente a escarceos demagógicos -supuestamente progresistas- que tratan de recuperar una especie de mitología republicana. La legitimidad de la Monarquía española, que la Constitución se limita a reinstaurar en Don Juan Carlos y en sus sucesores, no procede de ningún título otorgado, sino de la dinámica histórica, de la fidelidad dinástica y del respaldo democrático a la Constitución de 1978.

No puede olvidarse que -como hoy también se rememora en las páginas de ABC- en pleno franquismo, el 19 de marzo de 1945, el padre del Rey, Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, expuso a los españoles desde el exilio de Lausana (Suiza) su apuesta y la de la dinastía por un régimen parlamentario plenamente democrático. Sesenta años después, su hijo, Don Juan Carlos, atenido a un estatuto constitucional que le permite amplias facultades de arbitraje y moderación para el ejercicio de su alta magistratura, puede contemplar con satisfacción cómo la Corona ha hecho realidad aquella aspiración.

Se refirió Don Juan Carlos al nacimiento de su última nieta, la Infanta Leonor, primogénita de los Príncipes de Asturias, que, en palabras del Rey, «amplía y garantiza la sucesión». Oportuna referencia que es también una contundente invocación a un futuro de la propia institución que, con su habitual capacidad de adaptación, está llamada a ofrecer a nuestro país una instancia de permanente estabilidad. La Monarquía requiere de un basamento jurídico-constitucional que sea coherente con su propio origen y funcionamiento. El Estado autonómico, que se fundamenta en la unidad nacional y en la autonomía de las regiones y nacionalidades de España, constituye una fórmula idónea para conciliar intereses contrapuestos y atemperar las tradicionales tensiones segregacionistas que algunos territorios españoles han venido planteando desde hace muchas décadas. En definitiva: la Monarquía es la forma de Estado que se erige en la mejor y más idónea, suprapartidista y equilibradora.

Los mensajes del Rey -uno tras otro-; sus comportamientos, siempre dentro de los márgenes de la Constitución; la discreción con la que ejerce sus competencias cerca de las fuerzas políticasy las instituciones, y su enorme autoridad moral componen el cuadro de una Jefatura del Estado que es, sin duda, de los mejores logros de la democracia española. Quienes pretendan desestabilizarlo se equivocarán, porque, aunque la Corona carece de elementos de coerción para defenderse, concita el consenso, el afecto y el respeto mayoritarios, de tal manera que, además de ser una institución política, es histórica, social y cultural. De ahí su arraigo y la empatía del Rey con su pueblo.