LA CONFISCACIÓN DEL ESTADO
Editorial de “ABC” del 06.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
El tiempo no juega a favor de la
estrategia del Gobierno en la negociación del proyecto de Estatuto para
Cataluña, porque está permitiendo que afloren todas las diferencias de fondo y
forma que quedaron veladas por el rescate in extremis realizado por el jefe del
Ejecutivo. Las voces que entonces aconsejaban que fueran el socialismo catalán
y, en particular, Pasqual Maragall quienes asumieran el coste de frenar en
origen este despropósito inconstitucional se ven ahora confirmados por los
mínimos márgenes de negociación en los que se mueven el PSOE y el Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Los independentistas de ERC han sacado a pasear el demonio
familiar del PSOE y han advertido que del fracaso del Estatuto sólo se
beneficiará el PP. Y éste es el dilema en el que se ha plantado el PSOE, solo y
sin ayuda: o una huida hacia delante en la que se llegue a un acuerdo «como sea»
para evitar que la pieza se la cobre el PP o acabar cediendo a las evidencias de
que este proyecto no tiene salida, aunque suponga reconocer que los populares
tenían razón cuando le demandaron no apoyar el proyecto del tripartito.
El Gobierno es cada vez más vulnerable en esta negociación y sus interlocutores
nacionalistas lo saben: abundan en la división del Ejecutivo, descalificando la
propuesta de financiación patrocinada por el vicepresidente segundo y ministro
de Economía, Pedro Solbes, y reclaman, al mismo tiempo, la intervención
mesiánica de Rodríguez Zapatero, insistiendo en la reclamación de una
financiación que supone, lisa y llanamente, la confiscación de las arcas del
Estado, la merma presupuestaria de la Administración General.
Por eso, cuando ERC pide el 80 por ciento del IRPF para la Generalidad,
desprecia el efecto general en la capacidad financiera del Estado, porque,
trasladada esa transferencia tributaria a todas las Comunidades autónomas -al
descartarse un sistema de financiación sólo para Cataluña-, la Hacienda estatal
perdería, ya en 2007, unos 30.000 millones de euros. Para la Generalidad
implicaría la obtención de más de 5.000 millones de euros, importe que supera
con creces el de varios departamentos ministeriales. El aspecto más preocupante
de esta pugna de números es doble.
Por un lado, el Gobierno demuestra no tener una última palabra que zanje la
discusión. No lidera la negociación ni ha asumido con todas sus consecuencias la
representación de los intereses nacionales. La propuesta de Solbes, aunque éste
insista en que el sistema del proyecto estatutario es incompatible con la
Constitución, se ha tomado no como lo que debía ser, la oferta final, sino como
un punto de partida para negociar, y esto supone una grave desautorización para
la única voz del Ejecutivo que ha terciado con sentido común en este asunto. La
negociación estatutaria es, así, una muestra sucesiva de las debilidades del
Gobierno, y no sólo en el aspecto económico. Su ministro de Economía lanza una
propuesta financiera, pero se descarta como «línea roja» del acuerdo. Su
ministro de Justicia propone una reforma judicial ad hoc de algunas demandas
nacionalistas, pero ya se anuncian nuevos acuerdos en materia de Justicia que
desbordarán el proyecto ministerial. Y esto es lo que ha trascendido.
La ventaja de los nacionalistas en esta negociación es que saben que el Gobierno
no ha trazado límites infranqueables y que, en todo caso, los atisbos de firmeza
que pueda exhibir se debilitan señalando al PP y el beneficio político que
obtendría si el proyecto de Estatuto fuera retirado del Parlamento. Esto no es
una política de Gobierno, sino un menudeo partidista.
Cuando un problema es de dinero, hay solución. Pero en este caso, tras la
exigencia de más fondos para la Generalidad, lo que asoma es una absoluta
indiferencia por la suerte de España en su conjunto, por la solidaridad de las
regiones y por las políticas de cohesión que precisa un país todavía con grandes
desequilibrios territoriales. No se puede esperar otra cosa de la actitud
nacionalista, cuyo motor siempre ha sido el egoísmo y la insolidaridad, la
permanente impugnación de los grandes consensos constitucionales y la
provocación de una incomodidad permanente en los territorios en los que se
asienta en la relación con el resto de España.