CATALUÑA Y LA LOAPA AL REVÉS

  Editorial de   “ABC” del 30.01.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

La financiación autonómica y la definición de Cataluña como nación son las cuestiones más llamativas del Estatuto de cara a la opinión pública. aunque, sin embargo, hay otros aspectos que merecen muy serias reservas. Ante todo, el reconocimiento de «derechos históricos» como fundamento del autogobierno, que choca con la Constitución como fuente única de legitimidad hasta el punto de que el PSC se opuso en su día a invocar en el texto a las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana. El propio Consejo Consultivo expresó su crítica hacia planteamientos más propios del historicismo romántico que del Estado democrático. El Estatuto supone, además, una mejora sustancial del ámbito competencial de la Generalitat, en la que se sustenta buena parte del mensaje «Cataluña gana» lanzado a los cuatro vientos por los beneficiarios del acuerdo. De hecho, casi un tercio de la futura ley se dedica a una regulación minuciosa y prolija de las competencias. El objetivo político es muy claro: «blindar» dichas competencias para crear un territorio inmune a la acción legislativa y ejecutiva del Estado. De este modo, queda claro que el PSOE está dispuesto a hacer dejación de las funciones estatales para satisfacer su estrategia coyuntural.

El Estatuto se hace eco de una vieja reivindicación victimista del nacionalismo, incapaz de reconocer la evidencia de que el Estado de las Autonomías permite un despliegue generoso del pluralismo territorial. Como es sabido, la Constitución no atribuye directamente competencias a las comunidades autónomas, sino que ofrece una relación de materias susceptibles de ser asumidas por ellas. Cataluña y el País Vasco han expresado siempre su insatisfacción ante las competencias recibidas por vía extraestatutaria, ya sea por medio de leyes orgánicas sectoriales o de leyes de transferencia y delegación al amparo del artículo 150.2. La razón es muy simple: esta fórmula deja abierta la puerta a que el Estado recupere tales competencias por el mismo procedimiento legal. En cambio, el carácter materialmente paccionado del Estatuto (que no puede ser alterado sin acuerdo del Parlamento territorial) ofrece a las instituciones autonómicas una especie de derecho de veto frente al poder legislativo del Estado. Dicho en términos coloquiales, Zapatero acepta la cláusula «lo que se da no se quita». Así, la Generalitat asume todas las competencias posibles e incluso consolida las que había adquirido de facto ante la pasividad de los poderes centrales.

Hay algo más. El TC (a pesar de algunas sentencias más que discutibles sobre urbanismo, medio ambiente o patrimonio cultural) no ha conseguido ganar fama de árbitro imparcial a los ojos del nacionalismo insaciable. De hecho, la fórmula «bases más desarrollo» (la técnica más característica de distribución competencial en el sistema vigente) ha generado continuas disputas. La queja reiterada y casi siempre injusta es que el TC amplía el ámbito de las bases estatales. Para evitarlo, el Estatuto desmenuza al detalle las competencias de la Generalitat, con objeto de impedir una eventual interpretación expansiva de aquellas. Aunque el Gobierno prefiere mirar para otro lado, se trata de un evidente vicio de inconstitucionalidad. No es admisible otorgar preferencia al derecho catalán sobre cualquier otro en el territorio autonómico. En particular, es inaceptable que las bases estatales sólo puedan establecerse en forma de «principios» en una norma con rango de ley y con la exclusión de aquellas materias que el Estatuto disponga. Hace ya tiempo, con motivo de la célebre Loapa, la STC 76/83 estableció que el legislador no puede «definir» los conceptos que aparecen en la Constitución. Como es obvio, tampoco un estatuto puede decir qué son y qué no son bases y mucho menos cerrar la puerta a su determinación por las Cortes generales. O sea, que se pretende imponer una especie de «loapa al revés», con grave quebranto del ordenamiento vigente.

Aunque Zapatero asegura que aquí el único que «blinda» es el TC, el Gobierno está promoviendo una norma que desapodera al Estado de sus funciones legítimas. Se sitúa así en el polo opuesto del criterio expresado por el Consejo de Estado sobre el carácter «intangible» de la legislación básica. Una propuesta que, curiosamente, algunos descalifican recordando que la Constitución supone un marco abierto, cuando el acuerdo entre Zapatero y Mas pretende todo lo contrario. El debate en el Congreso debe modificar estos elementos del futuro estatuto, porque la soberanía no sólo se cuestiona mediante definiciones más o menos explícitas, sino que se diluye a través de concesiones inaceptables en la letra pequeña de la ley.