EL GUIÓN DEL ESTATUTO

  Editorial de   “ABC” del 07.03.06 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. 

El proyecto del nuevo Estatuto para Cataluña superó ayer su primer trámite en la ponencia de la Comisión Constitucional. Ahora será ésta la que vuelva a debatir el texto y, en particular, los aspectos sobre los que el PSOE mantiene ciertas diferencias con sus socios nacionalistas. Sin embargo, visto el balance que se acumula desde la primera reunión entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas, en septiembre del pasado año, cabe considerar tales diferencias más como un problema de tácticas de partido que como síntomas de posiciones inamovibles.

El proyecto de Estatuto está sirviendo para varios fines, no sólo para la suplantación del modelo constitucional del Estado autonómico por otro casi confederal, sino también para ensamblar los equilibrios de poder que el PSOE desea amarrar con los nacionalismos. Por un lado, con la intención de consagrar a toda costa el aislamiento político del Partido Popular, objetivo que actúa como un banderín de enganche entre el PSOE y sus socios minoritarios. Por otro, con la pretensión de plasmar en un nuevo régimen de autogobierno el mapa del reparto del poder político entre uno y otros. Lógicamente, es en el proyecto de autogobierno donde han de entablarse las negociaciones entre quienes quieren avanzar en el proyecto nacionalista y quienes quieren afianzar una estrategia a largo plazo de conservación del poder a nivel nacional. Sin estas directrices, no es posible entender la irrupción del socialismo español como abanderado de un proyecto centrífugo que, en lo que debería interesar a los principios de su ideología, va a menguar la capacidad del Estado, tanto política como económica, para dotar a España de iniciativas de cohesión, además de establecer, y esto es muy grave, un escalafón entre ciudadanos españoles. No en vano el portavoz socialista en la ponencia, López Garrido, atribuyó, por lapsus o a conciencia, al texto convenido el mérito de reconocer más derechos a los catalanes, algo que hasta entonces se había negado sistemáticamente. Y es cierto: los españoles no van a ser iguales en derechos.

El empeño de los portavoces de la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno en subrayar la posición «aislada» del PP, acabó descubriéndose ayer como la táctica de velar la trascendencia de lo ya pactado, como el Preámbulo del futuro Estatuto. Artur Mas lo valoró sin rodeos: reconoce la existencia de la nación catalana. Así es, y además por doble vía: la voluntad de los catalanes -pese a que nunca se les ha preguntado directamente sobre esta cuestión- y la decisión del Parlamento catalán. A estos efectos, tanto da que ese reconocimiento se encuentre en el Preámbulo y no en un artículo: todo es ley, que, además, habrá de ser aprobada por las Cortes Generales. No obstante, la trascendencia de ese reconocimiento no se mide únicamente por su presencia en la parte expositiva de la futura Ley, sino también porque tiene una continuidad en los capítulos de derechos, competencias, financiación e instituciones, que realmente confieren al Estatuto un sesgo constitucional, al avanzar en la línea del nacionalismo posmoderno que aboga por la soberanía sin Estado, con fórmulas de cooperación bilateral propias de un sistema confederal.

Tanto es así que, a pesar de las advertencias en contra de los constitucionalistas que asesoraron al PSOE, el nuevo Estatuto establece una doble legitimación del autogobierno catalán, en la Constitución y en unos derechos históricos preexistentes y resistentes a la inauguración constitucional de 1978. El potencial secesionista que acumulan el reconocimiento de Cataluña como nación y la coexistencia de la Constitución con derechos históricos no se mostrará a largo plazo: ya es bien visible en el optimismo de un nacionalismo que ve cómo, nuevamente, en aras del desarrollo constitucional del Estado, hay menos Estado y con menos sentido nacional, lo que augura aún mejores posibilidades para futuras reclamaciones, porque las instituciones nacionales serán más débiles.

Por tanto, las discrepancias entre PSOE y sus socios del cuatripartito ERC en concreto, son tácticas, y responden más al deseo de dosificar la generación de acuerdos y propiciar la imagen de que ninguno está rendido al otro, al mismo tiempo que se procura remarcar el supuesto aislamiento del PP. Al día siguiente de que Mariano Rajoy se ofreciera al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo nacional sobre los asuntos de Estado, el PP ya tiene una respuesta con la forma de una futura ley orgánica que reconocerá, por primera vez, la existencia en España de una nación que no es la española. La estrategia del Gobierno hace imposible el acuerdo con la oposición.