ESTATUTOS PARA LA RUPTURA

  Editorial de   “ABC” del 03.05.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

EL Parlamento andaluz aprobó ayer el proyecto de reforma estatutaria, con el voto favorable de PSOE e Izquierda Unida y la oposición del PP y del Partido Andalucista. Se consumó así, en primera instancia, el fracaso del método de consenso prometido por Rodríguez Zapatero para legitimar las reformas estatutarias con amplias mayorías o, al menos, tan amplias como las que respaldan a los actuales estatutos. La reforma catalana se aprobó en el Congreso con algo más de la mitad de los parlamentarios y cuenta ahora con más rechazo en Cataluña que cuando fue aprobada por la Cámara catalana el pasado 30 de septiembre. La degradación del consenso político se ha agravado en Andalucía, donde PSOE y PP habían llegado a un acuerdo de principios que los socialistas dinamitaron al incluir en el preámbulo del texto estatutario la definición de la comunidad andaluza como «realidad nacional» y suprimir la mención a la unidad de la Nación española. La situación, por tanto, es inequívoca, en el sentido de que los hechos desmienten los discursos del PSOE y demuestran que este partido se encuentra embarcado en una estrategia de ruptura política y social que no sólo contradice el designio constitucional de fijar con la oposición las cuestiones de Estado, sino también la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles, que ni han dado su mandato para este proceso de fines constituyentes ni refrendan, según las encuestas, los proyectos estatutarios aprobados hasta el momento.

El caso andaluz implica un salto cualitativo en la estrategia socialista, porque transfiere a una comunidad sin nacionalismo un proyecto político generado por demandas nacionalistas. Es evidente que el PSOE sirve en Andalucía a sus intereses como partido y que, con este criterio, la colaboración institucional con la oposición popular resulta imposible. Por eso rondan la hipocresía política las anunciadas intenciones del PSOE de buscar en Madrid el consenso que rompió en Sevilla, pues uno de los objetivos finales de la reforma andaluza es encubrir el carácter agraviante de la catalana, extendiendo al mayor número posible de comunidades autónomas el modelo confederal que se votará en Cataluña -y sólo en Cataluña- el próximo 18 de junio. Pero el problema de este modelo no se soluciona aplicándolo a todas las autonomías, porque su vicio es de origen, al empujar al Estado a una revisión que se ejecutará al margen del procedimiento debido de reforma constitucional. Andalucía se suma a un guión ajeno a la voluntad de sus ciudadanos y a su auténtica realidad nacional, que es España, salvo que a falta de «derechos históricos» el PSOE andaluz base la condición nacional andaluza en un súbito prurito identitario.

El argumento de que España no se rompe, empleado ayer por el presidente andaluz, Manuel Chaves, es falaz y engañoso. Desde luego, España no se romperá porque son sus instituciones las que están bendiciendo un proceso de emancipación territorial que hace innecesaria la ruptura formal y la independencia. Basta el vaciamiento del Estado al que se llegará en cuanto entre en vigor el Estatuto catalán y le siga su clon andaluz. España corre el riesgo no de la ruptura, sino de su consunción, de su neutralización como proyecto político capaz de mantener compromisos colectivos y, llegado el caso, de exigir efectivamente su cumplimiento mediante políticas comunes de cohesión, fiscalidad, educación, infraestructuras o justicia. Si Andalucía también se define como «realidad nacional» y se blinda competencialmente frente al Estado -es decir, frente a la Administración central, pero también frente a las demás autonomías- no habrá razones para oponer a otras comunidades que aspiren a lo mismo y, dada su riqueza, con una incidencia sobre la solidaridad nacional más acusada aún.

El proyecto estatutario andaluz es, como el catalán, un proyecto ideológico y de partido. Ninguno aspira realmente a una mejora del respectivo autogobierno, pues en tal caso habría que haber auditado antes sus numerosos fracasos para ver si realmente el principio autonómico ha sido correctamente ejecutado en ambas comunidades y, en función del saldo, decidir colectivamente si está justificado o no que aumenten sus capacidades. Por el contrario, los consensos menguantes con los que se afronta esta etapa neoconstituyente demuestran que se está buscando la exclusión del centro-derecha y la imposición de un nuevo modelo de Estado que satisfaga el pacto de intereses entre la izquierda y los nacionalismos.