LA QUIEBRA ANUNCIADA DEL TRIPARTITO

  Editorial de   “ABC” del 12.05.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. 

LA ruptura del tripartito catalán y el adelanto a otoño de las elecciones autonómicas eran efectos inevitables de la decisión de Esquerra Republicana de Catalunya de votar no en el referéndum del 18 de junio sobre el nuevo Estatuto. Por tanto, resulta desolador el balance del experimento tripartito y del aventurerismo político de Rodríguez Zapatero en sus alianzas con el nacionalismo separatista. La gravedad de esta crisis se sitúa mucho más allá de la imprevisibilidad de los republicanos de Carod o del desahucio político de Maragall. Está centrada en el proyecto político diseñado y defendido por el presidente del Gobierno, basado en la concertación del socialismo y del nacionalismo de izquierda para forzar un cambio del régimen constitucional. Maragall es sólo el mascarón de proa, pero la conducción de este proceso político que ayer hizo crisis estaba en manos de Rodríguez Zapatero. Por eso, la crisis del tripartito catalán es una crisis en el mandato del Gobierno socialista, aupado a una propaganda pro estatutaria con mensajes y promesas que se estaban desvaneciendo antes del divorcio entre Maragall y Carod-Rovira.

Por lo pronto, la inestabilidad constitucional de España es el oneroso precio que habrá que pagar sin beneficio alguno, porque con el nuevo Estatuto catalán no sólo no se va a resolver ningún problema, sino que se agravan los que ya existían y se crean otros nuevos. Sigue la «tensión territorial», esa que el PSOE achacaba a Aznar y que Zapatero iba a resolver con diálogo y talante. Los nacionalismos catalanes se han radicalizado -el que era moderado, ahora lo es menos; y el que era radical, ahora se ha hecho más extremista-, porque el Gobierno aceptó convertir el Estatuto en una sala de subastas en la que los nacionalistas pujaban por más soberanía. El PSOE ha quemado sus naves impidiendo el necesario viraje a su política territorial, antes de que el Estado se colapse por inviabilidad económica y competencial. La Constitución de 1978 ha sido despojada del blindaje del consenso y expuesta al éxito inexplicable de los partidarios de las «realidades nacionales» y de las «lecturas flexibles». La Nación española está menoscabada como titular de la soberanía y, con ella, el Estado decae como garante del proyecto nacional que fundamentó la Constitución de 1978.

Todo esto, para que Rodríguez Zapatero presente un Estatuto que ha recibido mucho menos apoyo en el Parlamento nacional que el vigente. Fue el presidente del Gobierno quien hizo solemne la insuficiencia del «51 por ciento» para aprobar normas de convivencia como un Estatuto de autonomía. Se lo dijo a Ibarretxe, pero es aplicable la fórmula al proyecto catalán, que en el Congreso recibió el 56 por ciento de apoyos, y en el Senado no llegó al 50 por ciento. Realmente, el mandato de este Gobierno está siendo el de los consensos menguantes, cuando no de los consensos rotos, porque no ha conseguido ninguno que mejore cualquiera de los heredados, sea en materia antiterrorista o territorial. El PSOE se puso a prueba a sí mismo en dos cuestiones fundamentales y ha fracasado sin paliativos tanto en el modelo de Estado que propone a los ciudadanos como en su receta de apaciguamiento con los nacionalismos extremistas, algo sumamente preocupante por lo que tiene de aviso para el País Vasco.

Además, está Cataluña. Las consecuencias de este lamentable proceso estatutario son especialmente intensas para los catalanes, cuya clase política -con la excepción del PP gracias a su no inicial al Estatuto- no ha podido ocultar por más tiempo la falacia del victimismo, demostrando que la impotencia para articular un proyecto social integrador en Cataluña no se debe a Madrid sino a incapacidades propias. El Estatuto ha sido una coartada de intereses de los partidos catalanes, dispuestos a pasar por alto todas las exigencias de la ética democrática antes que perjudicar la oportunidad de reforzar un régimen de aprovechamiento recíproco, como se ha visto en la política de diplomacia secreta entre el Gobierno socialista de Madrid con el partido -CiU- de oposición al Ejecutivo socialista de Cataluña; o los encubrimientos del escándalo del Carmelo o de las comisiones al tres por ciento; o de la designación como consejero de la Generalitat de un sospechoso de extorsión y voluntarioso terrorista -según su confesión- hasta hace no muchos años.

Nada ha sucedido hasta el momento sin la aprobación de Rodríguez Zapatero, quien pudo haber parado en seco esta espiral de inestabilidad constitucional en las dos ocasiones en que, mano a mano con CiU, rescató el Estatuto del fracaso al que estaba abocado y del que nunca debió salvarlo.