LA PAZ INACEPTABLE

 

  Editorial de   “ABC” del 11.06.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. 

 

La gran concentración que ayer tuvo lugar en la Plaza de Colón de Madrid, en contra de la negociación con ETA, es un mensaje explícito que el Gobierno ha de interpretar correctamente. Da la impresión de que el Ejecutivo da por descontadas estas convocatorias y las asume como una carga esporádica que debe soportar, pero sin darle mayor trascendencia. Le bastó decir que «ya no hay terrorismo» para dar por injustificada lo que habría de ser la protesta de cientos de miles de ciudadanos. Pero sucede que el pasado año el Gobierno también dijo que «no hay diálogo» con los terroristas, cuando las víctimas del terrorismo se manifestaron en contra de ese diálogo, del que sólo se tenían sospechas. Ahora se sabe, y sin desmentidos convincentes, que dirigentes del PSE y de Batasuna mantuvieron reuniones desde 2002, es decir, con el pacto antiterrorista ya en vigor y con ETA asesinando a concejales socialistas y populares.

Por tanto, el Gobierno se enfrenta a una gran parte de la sociedad española que desconfía de su palabra o, directamente, no cree en ella. Los manifestantes que ayer llenaron el centro de Madrid son la prueba de que el problema de Rodríguez Zapatero no es sólo el PP, ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ni siquiera la actuación de jueces que no se pliegan a la «realidad social del momento» y lanzan avisos tan serios como la admisión a trámite de la querella contra el lendakari Ibarretxe por dar carta de legalidad a Batasuna. El problema del jefe del Ejecutivo es que no cuenta con el respaldo social necesario para emprender la negociación con ETA en los términos en que está planteada. Por más viajes que haga a la tregua de 1998-1999 o los terribles acontecimientos sucedidos entre el 11 y el 13 de marzo de 2004, el Gobierno no encontrará suficientes argumentos para compensar los errores que está cometiendo.

Esta tregua actual está pactada, se basa en expectativas políticas para los terroristas y avanza a golpe de concesiones -y no sólo verbales- del Gobierno que preside Zapatero. El fiscal general está empeñado en inhibir a la Justicia y se han sacrificado las instituciones representativas de los vascos para propiciar el diálogo político con ETA/Batasuna.

La respuesta ciudadana que ayer se renovó en la Plaza de Colón no es una más de las manifestaciones de la «derecha», como gusta decir la izquierda para tranquilizar su conciencia. La división de lemas en la convocatoria y la irrupción del 11-M en pleno proceso de preparación del diálogo político con ETA han sido decisiones con las que la AVT probablemente se privó innecesariamente de un respaldo aún mayor de otros grupos cívicos y de víctimas. Aun así, la justicia intrínseca de la causa contra la negociación con los etarras fue suficiente para incorporar explícitamente a personas de la izquierda y de sectores de las víctimas que, hasta ahora, habían dado un generoso margen de confianza al Gobierno, a cambio del cual empiezan a recibir decepción y preocupación. El Ejecutivo deberá asumir que sus discursos sobre la paz no producen el efecto anestésico que pretendía, y la razón no es que los manifestantes de ayer o el PP no quieran la paz. La razón es que no quieren la paz que se intuye en la osadía de Otegi, la verborrea de ETA, la manipulación de la ley, el acoso a los jueces que defienden el Estado de Derecho, la legitimación política de Batasuna o la decadencia ética de los dirigentes del socialismo español.

En 1997, la sociedad vasca no nacionalista rompió su silencio frente a la hegemonía nacionalista y el imperio del terror. Fue el Espíritu de Ermua. El Gobierno socialista se enfrenta al riesgo de generar en toda la sociedad española el mismo instinto de supervivencia, por ética y dignidad, como reacción a un proceso, incomprensible en las actuales circunstancias, de diálogo político con ETA. Pero para que esto sea así -y es lo deseable- el discurso que lo fundamente habrá de buscar el mismo efecto integrador que entonces. Ya no hay margen para especular con el fin del terrorismo y sólo es admisible que el saldo final de ETA quede a cero después de su disolución y desarme, del paso por los tribunales de Justicia y tras pedir a las víctimas el perdón que adeudan todos los criminales vencidos.