UN GOBIERNO INCAPAZ EN LA NUEVA ESPAÑA «RESIDUAL»

 

  Editorial de   “ABC” del 13.08.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. 

 

LA efímera visita de Rodríguez Zapatero a Galicia no ha neutralizado la pérdida de crédito de su Gobierno tras la incompetente respuesta de las administraciones públicas a la marea de incendios que están asolando las tierras gallegas. No todo, sin duda, es responsabilidad del Ejecutivo central, pero tenía razón Mariano Rajoy cuando reclamaba un liderazgo para afrontar estas situaciones catastróficas. Ese liderazgo no existe, fundamentalmente porque Zapatero, reiniciadas sus vacaciones, no ha querido asumirlo. Sin toma de decisiones políticas, ni creación de equipos de crisis, ni convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros -que sí se convocó de domingo para lunes con el único fin de aprobar a toda prisa la reforma del Consejo General del Poder Judicial-, el Ejecutivo socialista ha demostrado una vez más su incapacidad para gestionar con eficacia y confianza estados de crisis o de alarma colectiva.

No hay, en este momento, un frente de la acción política del Gobierno en el que no se confirme lo que ha sido su signo distintivo: promesas en cascada, leyes de propaganda y resultados nulos. No fue suficiente la tragedia de Riba de Saelices el pasado año, con once muertos. Los incendios de Galicia han vuelto a coger al Estado -eso que ya Maragall, con soez sinceridad, califica de «residual» en Cataluña- sin una capacidad de respuesta que ya no se puede disculpar con excusas como las altas temperaturas, la falta de lluvias o la acción de pirómanos. Si en algo no se puede exonerar a ninguna administración pública es en la prevención de incendios en Galicia. Pero la pauta de encadenar promesas electoralistas, proclamas de firmeza y anuncios propagandísticos es la misma en otros muchos problemas nacionales. La inmigración, la sequía, la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres o el mismo proceso de fin del terrorismo retratan a un Gobierno que dice a la opinión pública lo que ésta quiere oír, pero luego es incapaz de llevar a la práctica una política sostenida, coherente y decidida para lograr los resultados prometidos. A todo esto se une la tendencia del Gobierno a generar grandes expectativas a cargo de sus promesas y luego endosar a otros las causas de sus fracasos. Se dijo que habría agua para todos a pesar de la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional, que las mujeres maltratadas estarían protegidas -ya son cuarenta y cinco las muertas por sus parejas-, que se acabó la inmigración ilegal gracias a la regularización masiva y que la paz no se haría a costa del Estado de Derecho. Dos años después, esas promesas no resisten la más mínima auditoría con la situación actual de los problemas a los que se referían, lo que afecta no sólo al propio Gobierno y al PSOE, sino también a esa izquierda cultural y social que tan servilmente actuó de amplificador callejero de las movilizaciones contra el Gobierno de Aznar y que ahora, ante similares problemas, pero mucho más agravados, callan y exhiben el sectarismo que le movió entonces y que le ha hecho desaparecer de la actualidad.

Si la incompetencia de este Gobierno -realmente inédita- resulta alarmante, más lo es que se sustraiga sistemáticamente a las reglas del control democrático, evitando que sus ministros comparezcan puntualmente ante la opinión pública en sede parlamentaria para dar cuenta de sus gestiones. O mutilando sus comparecencias, con un perfil suficientemente bajo para cubrir el expediente. A ello contribuye, de forma eficaz, el desistimiento de la mayoría de los partidos minoritarios a sus responsabilidades parlamentarias, salvo para aprovechar cada coyuntura en beneficio de sus demandas nacionalistas, como el caso de la ocupación ilegal de las pistas de El Prat. En lo demás, el consorcio de poder formado por el socialismo con los nacionalismos ha reducido hasta lo simbólico la función de control sobre el Gobierno que la Constitución atribuye al Parlamento. Por eso es más necesaria que nunca una oposición con capacidad de presencia y comunicación, tanto como una opinión pública que eleve el listón de la exigencia a un Gobierno realmente ineficaz