POR UN ESTADO VIABLE

  Editorial de   “ABC” del 03.12.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. 

El Partido Popular ha presentado sus propuestas sobre el modelo de Estado, la organización autonómica y la alternativa a la política territorial del POSE durante una conferencia celebrada este fin de semana. El discurso general de los dirigentes populares ha sido muy crítico con Rodríguez Zapatero, señalado como responsable de encabezar un proceso de ruptura constitucional mediante el pacto con los nacionalistas para transformar el Estado autonómico en otro confederal, que habrá, además, de desembocar en el escenario de una España con varías categorías autonómicas, organizadas conforme al privilegio político y financiero que el socialismo está dispuesto a pactar con los nacionalistas allí donde sea necesario. Ya ha sucedido en Cataluña y desearían lo mismo para el País Vasco.

El PP ha puesto este problema del modelo de Estado sobre la mesa de la opinión pública, asumiendo el riesgo de una cierta incomprensión por parte de sectores de la sociedad que no alcanzan a valorar en toda su intensidad los problemas que este momento político representa para el Estado y su repercusión en la vida del ciudadano. Sin embargo, el PP no pisa en falso cuando considera que junto con la inmigración, la seguridad ciudadana, la vivienda, el empleo y la educación, el mantenimiento del Estado autonómico empieza también a ser una preocupación corriente de los españoles. Y está justificado que así sea, porque de la misma manera que la organización autonómica diseñada en la Constitución de 1978 ha sido decisiva para el progreso de España -dijo ayer Rajoy que si no hubiera autonomías, «habría que crearlas»- y su bienestar general, las alteraciones, si no quiebras auténticas, que ha introducido el PSOE en el modelo territorial con el Estatuto de Cataluña empiezan a ser claramente percibidas como fuente de agravios entre ciudadanos del mismo Estado y como una ruptura de la igualdad entre los integrantes de una misma nación. Lo que está en juego no es la eficacia de un determinado equilibrio de competencias entre el Estado y las Autonomías, sino la continuidad de un modelo de convivencia política y social asentado en principios que, como la cohesión, la solidaridad y la igualdad de derechos, dependen de la existencia de un Estado unitario con capacidad de respuesta.

La evolución de los acontecimientos es preocupante porque si este proceso de reformas estatutarias se inició con el propósito de integrar definitivamente a los nacionalismos, el resultado está siendo un fracaso. Perseverar en él sólo aumentará el volumen del fracaso. En Cataluña, los nacionalismos y el propio socialismo catalán contemplan el nuevo Estatuto como una estación de paso a mayores cotas soberanistas. En el País Vasco, las expectativas son aún más alarmantes en la medida en que dependan del proceso de negociación con ETA. Y, en general, allí donde se ha alcanzado un acuerdo con el PP ha sido gracias a la ausencia de nacionalismos relevantes y no sin aceptar ciertas frivolidades historicistas, como la «realidad nacional» del Manifiesto andalucista de 1919, cita inocua tanto política como jurídicamente, pero expresiva de la artificiosidad de una parte del actual debate estatutario. Por eso es oportuna la propuesta de reforma constitucional que Rajoy ha planteado al PSOE, y cuya finalidad sería garantizar la existencia de un Estado viable, con competencias intocables y que obligue a que las grandes decisiones institucionales se apoyen necesariamente en el consenso de los dos principales partidos.

El discurso de clausura de Mariano Rajoy situó con acierto la causa inmediata de esta crisis del modelo de Estado en la ruptura del consenso constitucional por parte del PSOE. Otra causa, más lejana, consistió en entregar al nacionalismo un protagonismo desproporcionado como contraprestación a su lealtad constitucional, que nunca han respetado pese a cobrarse el precio de su hegemonía en el País Vasco y Cataluña. Es tranquilizador que Rajoy comprometa su oferta de consenso no sólo ahora, que está en la oposición, sino también cuando el PP recupere el poder, pues, como dijo al término de la conferencia de su partido, «seguiremos necesitando el consenso». Así es, sin duda, y hace bien Mariano Rajoy en no dar pie a confusión alguna sobre la disposición futura del PP a volver a los pactos de Estado con el PSOE, porque es la mejor manera de que la derecha democrática de este país contribuya a superar los lesivos efectos del mandato de Zapatero sobre la estabilidad constitucional de España y la viabilidad del Estado como garante de libertades, derechos y progreso común.