IGUALDAD Y CIUDADANÍA
Editorial de “ABC” del 16.12.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.
LA confederación estatal de sindicatos médicos plantea sin rodeos la vuelta a un modelo sanitario centralizado al considerar que el actual sistema nacional de salud se ha convertido en un «reino de Taifas». Denuncian los profesionales que las diferencias en salarios y condiciones de trabajo son abrumadoras, mientras el Ministerio no cumple sus funciones de cohesionar y coordinar. Visto desde la perspectiva de los pacientes, es notorio también que las diferencias de prestaciones y las características de los servicios de salud convierten cualquier desplazamiento dentro de España en una «aventura» sanitaria. Es significativo que, al mismo tiempo, el círculo de empresarios haya reclamado un único órgano nacional que gestione la inmigración con objeto de coordinar recursos hoy dispersos entre las diversas administraciones. Voces similares se han alzado en los últimos tiempos en relación con el suelo y la ordenación del territorio o con el sistema educativo en sus distintos niveles.
El Estado moderno se caracteriza por un sentido de la ciudadanía que no se corresponde con el ejercicio fragmentario del poder, producto de una visión estrecha y localista. Esa ciudadanía tiene su plasmación jurídica en el principio de igualdad ante la ley, que goza del máximo rango en nuestro ordenamiento de acuerdo con los artículos 1 y 14 de la Constitución. A mayor abundamiento, el artículo 149.1 exige al Estado que garantice que los derechos y deberes de los españoles sean iguales en todas las partes del territorio nacional. En definitiva, los privilegios y la diversidad de regímenes jurídicos nos devuelve a épocas anteriores al surgimiento del Estado constitucional. Los datos macroeconómicos son también concluyentes: el Estado del Bienestar sólo es factible a escala nacional porque es la única forma de optimizar los recursos humanos y materiales. La izquierda europea ha aprendido la lección hace tiempo, pero un sector del PSOE sigue empeñado en vincular progresismo con cesiones territoriales, con un resultado muy negativo para la igualdad y la cohesión social. El problema no sólo se plantea en los niveles políticos, sino que las propias administraciones están desarrollando pautas de comportamiento ajenas a las exigencias constitucionales y legales.
El sistema autonómico está basado en el equilibrio y la complementariedad de los principios de unidad, autonomía y solidaridad que proclama el artículo 2 de la Constitución. No puede funcionar sobre una base de egoísmo insolidario, como si fuera la simple yuxtaposición de entidades aisladas. Ni era esta la voluntad del constituyente, ni el sistema administrativo y financiero puede resistir un modelo centrífugo en el que cada uno va a lo suyo y actúa en función de sus intereses exclusivos. La forma de organización territorial establecida por el título VIII y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional configura un Estado complejo. Requiere, por tanto, que funcionen los mecanismos de coordinación y cooperación, y que la administración central no sea un espectador de lujo, con políticos que viven de ocurrencias publicitarias y funcionarios que apenas tienen competencias. Por este camino, la legislación estatal se convierte en papel mojado, ya que su puesta en práctica dependería por entero de la voluntad de las comunidades autónomas. La nefasta idea del Estado «residual» que se desprende del Estatuto catalán amenaza con extenderse a toda España, no sólo por razones jurídicas, sino por la dejadez de un Gobierno que parece haber bajado la guardia en estos asuntos. La política no consiste sólo en hacer gestos para la galería y planear estrategias partidistas, sino que exige una gestión eficaz de los asuntos que realmente importan a los ciudadanos, entre ellos, sin duda, sanidad, educación, vivienda o inmigración. La propuesta de reforma constitucional del PP resulta discutible en aspectos concretos, pero apunta hacia el núcleo básico del problema: si los poderes centrales no recuperan cierta iniciativa y ejercen las competencias que la Constitución les otorga, el sistema autonómico terminará por resultar inviable. La sociedad civil empieza a exigir a los políticos que busquen soluciones razonables.