OPORTUNISTA POLÍTICA DE AGUA

 Editorial de  “ABC” del 16.04.08

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

LA política del agua es la primera víctima del desbarajuste territorial provocado por Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura y es probable por desgracia que no sea la última. Cuando se quiebra el principio de solidaridad y se toman decisiones por intereses puramente partidistas no es extraño que las consecuencias sean el enfrentamiento y el fracaso de una política de alcance nacional. Ayer se firmó en Barcelona el acuerdo entre José Montilla y la ministra Elena Espinosa para realizar un trasvase de agua excedente del riego en Tarragona por medio de un tubería de unos 60 kilómetros paralela a la autopista, con objeto de aliviar la necesidad de agua de Barcelona y su área metropolitana. Se trata, obviamente, de un trasvase en sentido estricto por mucho que se oculte bajo eufemismos burocráticos tales como «interconexión de cuencas» o «aportación puntual de agua». Montilla ha procurado darle al problema del agua la condición de «emergencia nacional», en el sentido del Estatuto catalán, y ayer recibió a Artur Mas, en calidad de líder de la oposición, para darle cuenta de los acuerdos alcanzados con el Gobierno, La nueva titular de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se estrena así con un asunto heredado de su antecesora, Cristina Narbona, cuya ineficacia en la gestión se ha sumado al criterio oportunista en las decisiones sobre una cuestión que exige perspectivas amplias y solidarias para lograr un uso racional de un recurso escaso.

Hace más de un siglo que Joaquín Costa hablaba de la «guerra interna contra la sequía», pero no podía imaginar que las obras hidráulicas fueran un mero instrumento para las ventajas coyunturales del Partido Socialista. Ahora la España seca se moviliza contra este «gesto» de Zapatero hacia Cataluña e invoca con toda razón su derecho a utilizar también el agua del Ebro. Francisco Camps habla de «humillación» hacia la Comunidad Valenciana y ese sentimiento de discriminación se refleja básicamente en la idea de que el Ejecutivo utiliza una vara de medir diferente para catalanes y valencianos. A su vez, Ramón Luis Valcárcel mantiene su reclamación de que se trasvase agua del Ebro al resto de regiones deficitarias y defiende, en concreto, la ejecución del «pacto del agua» de Aragón como primera actuación de una política hidrológica nacional. Lo cierto es que la Generalitat había renunciado en 2005 a cualquier posible trasvase o incluso «minitrasvase» y que ahora afirma que es algo puramente estacional y transitorio. El argumento sobre la provisionalidad resulta falaz porque también el PHN aprobado en la etapa de José María Aznar contemplaba el trasvase del Ebro como una solución provisional. Al parecer, lo que entonces no servía, ahora sí vale, pero sólo en beneficio de Cataluña. Dadas las circunstancias, se comprende fácilmente el sentimiento de agravio en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en otras regiones, de modo que el Gobierno no debería extrañarse de la indignación de muchos miles de ciudadanos que se sienten de víctimas de la doble vara de medir que aplican los socialistas.

Bien está la solidaridad siempre que funcione con criterios de reciprocidad y no en una sola dirección. Montilla tiene muy pocos argumentos para reclamar la ayuda de los demás cuando el Estatuto que apoya contiene una regulación exclusivista sobre la política catalana del agua, sin consideración alguna a las necesidades ajenas. La opinión pública no se llama a engaño. Por mucho que la vicepresidenta Fernández de la Vega diga que la solución elegida no implica «ningún tipo de trasvase», ha quedado muy claro que el Gobierno acude a una solución que antes rechazaba por razones puramente partidistas y que lo hace en beneficio de la estabilidad del tripartito catalán, seriamente cuestionado por su ineficacia a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. El agua debe utilizarse en provecho de todos y para todos, al amparo de los principios de igualdad y solidaridad, y de las reglas más elementales del sentido común.