MILLET, HÉROE CORRUPTO DE LA CULTURA CATALANA

Informe de Martín Zaragüeta en “ABC” del 18-10-09

Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web

De Fèlix Millet Tusell se dijo que logró reanimar una entidad centenaria y convertir una sala sinfónica que vivía su peor momento en la más bella del país. Nadie parecía dudar de su labor como mecenas. Su reputación se tornó intachable al frente de una entidad a la que siempre se le guardó no sólo el mayor de los respetos y admiraciones, sino aquel halo de inquebrantabilidad y, sobre todo, impoluta gestión que uno espera de «los intocables» patrimonios culturales de la ciudad. Sin embargo, hace poco más de dos meses, el ciego enaltecimiento que se le había brindado se desmoronaba con una de las mayores estafas de los últimos tiempos: el presunto desvío de 20 millones de euros de los fondos destinados al Palau, según aseguraban esta semana fuentes cercanas a la entidad. El orgullo de Barcelona se había convertido en feudo de los oscuros negocios de Millet, personaje cuyo declive, ya en caída libre, le llevaba de ostentar el apelativo de prohombre de la cultura a ser demonizado y convertirse en blanco de todas las iras. Mañana, él y su principal cómplice, el ex director administrativo, Jordi Montull, comparecen por vez primera ante el juez.

El shock inicial

Las imágenes del pasado 23 de julio en las que los Mossos d'Esquadra registraban las oficinas del Palau y sacaban numerosas cajas y documentos para investigar el desvío de, en aquel momento, 3,3 millones de euros, caían como un jarro de agua fría sobre la sociedad barcelonesa. El hecho de que una fundación centenaria, a priori filantrópica y nacida por y para el arte, terminara ensuciándose las manos de esa forma cayó como una losa a la que pocos daban crédito. Una inocencia generalizada de la que el propio Millet se aprovechó para aferrarse al beneficio de la duda desde el principio, a través de una carta abierta remitida a la Fundación donde pedía un cínico perdón por su posible «error» en la gestión del Palau —un «error» del que se dice ya supera los 20 millones de euros—. Sin embargo, la presión mediática, el avance de la investigación y el montante del dinero sustraído hicieron de su culpabilidad algo irrebatible, y tanto él como Jordi Montull se vieron obligados a confesar la apropiación indebida de 3,3 millones de euros y presentar la renuncia definitiva de sus cargos. De la cifra asumida por ambos empresarios a la cantidad sustraída que hasta ahora se ha podido probar —diez millones— distan oficialmente más de siete millones de euros. Y más que se espera que puede distar en el futuro.

A pesar del secreto sumarial y de la desaparición de la esfera pública de ambos imputados durante la investigación, las continuas filtraciones a los medios de comunicación por parte de la fiscalía y las siempre presentes «fuentes cercanas al Palau» han mantenido un control incesante sobre las numerosas irregularidades, ilegalidades y tomaduras de pelo llevadas a cabo por Félix Millet. Por si los veinte millones de los que se hablan no fueran suficientes, el paulatino descubrimiento del destino del dinero desviado vierte aún más polémica sobre el protagonista del verano. Según denunció un anónimo remitido a la Agencia Tributaria en 2002 y por lo que se desprende del sumario, los fondos desviados estaban siendo aprovechados por Millet y sus colaboradores para «cruceros, viajes y Mercedes 500» por valor de más de 500.000 euros y obras y reformas de inmuebles de su propiedad por valor de 1,3 millones de euros, además de operaciones especulativas con varios inmuebles cercanos al Palau y un largo etcétera de otros desvíos de los que el fiscal señala que aún «se ignora su destino». Otros escabrosos detalles de la denuncia apuntan a que la lista de apropiaciones indebidas incluye «pisos para sus encuentros sexuales, en las calles Verdaguer i Callís, y también los preservativos. Incluso las bodas de sus dos hijas, que se celebraron por todo lo alto en el Palau, fueron pagadas por la fundación». Son sólo algunos ejemplos de los usos que Millet y Montull dieron al dinero que durante años fueron sustrayendo de todas las formas imaginables: mediante reintegros sin justificar de 500 euros a través de «una maraña de cuentas bancarias o justificaciones documentales mendaces» o «mediante empresas pantalla, convirtiendo fondos en dinero efectivo y haciéndolos desparecer después».

Una estafa con mayúsculas que se escudó en el más de medio centenar de cuentas que el conglomerado del Palau manejaba en 18 entidades bancarias, de las cuales nueve no constan en las contabilidades.

Cae el «clan Millet»

Una vez encarrilada su implicación en el escándalo, son ahora sus hombres y mujeres de confianza —los tesoreros del Orfeó y la Fundación Pau Duran y Enrique Álvarez, y su secretaria, Elisabeth Barberà, última despedida del Palau— y los miembros de su familia los que empiezan a sonar como posibles colaboradores en lo que el fiscal tacha ya de «saqueo constante y continuado de los fondos del Orfeó». La trama apunta ya a todo el «clan Millet» —así como al de Montull—, esposas e hijas incluidas. Sus mujeres participaron como administradoras de las empresas pantalla que usaban para desviar el dinero; la hija de Montull, la ex directora financiera, Gemma Montull, aparece como una de las implicadas por intentar esconder en un lápiz de memoria la realidad contable del Palau —ella era la principal conocedora del verdadero entramado financiero—; la hija del principal imputado, Clara Millet, también será investigada por participación en un desfalco que salpica a un creciente número de figuras del entorno de Millet. Todos ellos, tesoreros e hijas de Millet y Montull, han sido despedidos o están en proceso de despido del Palau.

El «ciudadano que nos honra»

Echando la vista atrás, todo parece una broma de mal gusto. Y el colmo del cinismo por parte del ex presidente del Palau, quien en 2008 recibió el título de «Ciudadano que nos honra», entregado por el Grup Set, grupo de empresarias catalanas, ideado para premiar a una persona de la sociedad civil que se haya distinguido por su «labor honesta y profesional» y haya contribuido a la mejora «del diálogo y la concordia social». La Creu de Sant Jordi —galardón entregado por la Generalitat en la etapa de Jordi Pujol— y la Llave de Barcelona —por Pascual Maragall— se suman a la lista de reconocimientos que se otorgaron a Félix Millet confiando plenamente en su gestión cultural y en el uso de los millonarios fondos del Palau.

Las habilidades de Fèlix Millet para llevar a cabo este fraude masivo con total impunidad no se limitan a su larga experiencia en un mundo empresarial de dudosa moral —estuvo preso durante dos meses por la estafa de Renta Catalana en 1983, en la que también se vieron envueltos los diputados de CiU, Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins, el tío del actual abogado de Millet, Pau Molins—, sino a su interminable y oscura agenda personal, que le permitió mantenerse en lo más alto con el beneplácito de las autoridades y los principales líderes de opinión. Por todos es sabido que Félix Millet, gracias a su don de gentes, logró sacarle al Gobierno de José María Aznar 13 millones para la remodelación del Palau, dándole a cambio su participación en la rama catalana de la FAES, Catalunya Futur. Sin embargo, eso no impidió que Millet protegiera sus verdaderas amistades e intereses: los que le vinculan al nacionalismo y el catalanismo, a los que supo mantener contentos con sus aportaciones a la Fundación Trías Fargas y al Partit per la Independència de Àngel Colom. La primera, directamente vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, recibió 630.554 euros de la fundación del Palau, un dinero que voces políticas de lo más dispares han pedido que devuelva y que el secretario general de CDC, Felip Puig, se niega a reembolsar.

La causa independentista

El caso de Àngel Colom, actual dirigente de CDC y ex líder de Esquerra Republicana de Catalunya, fue mucho más sonado, pues en el año 2000 solicitó a Millet ayuda económica para solventar las deudas que contrajo con el PI. Solicitud prontamente atendida, pues recibió 72.000 euros. El objetivo era disolver el partido y saldar las deudas que había dejado la campaña electoral. Sin embargo, las mismas fuentes que aireaban el préstamo aseguraban que, en el libro de cuentas de la institución presidida por Millet, esos pagos quedaban registrados con un valor de 150.000 euros, más del doble. Colom negó rotundamente haber cobrado tal cifra y alegó que creía que ese dinero procedía de las arcas particulares del empresario y no del Palau.

Se abre la veda

Las reacciones políticas ante el desfalco no se han hecho esperar y tanto la Generalitat de Catalunya como el Ministerio de Cultura, afectados por su participación en el Consorcio del Palau, han decidido esta semana personarse en la causa contra Millet y Montull, por los perjuicios que todas esas irregularidades hayan podido suponer para los intereses públicos puestos en la gestión. A pesar de la cautela que mantuvieron las administraciones durante el proceso, la confesión de los dos imputados abrió la veda para que todos aquellos que reprimieron sus opiniones salieran a la palestra para reclamar justicia. El propio presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró que «le remueve las entrañas la forma en la que Millet se aprovechó del cargo». En tanto que el consejero de Interior, Joan Saura, exigió al juez instructor la adopción de «medidas cautelares» con las personas que habían confesado el delito.

Desde el bando indirectamente afectado, CiU, su presidente, Artur Mas, trata de quitar hierro al asunto pidiendo calma y asegurando que el partido está abierto a colaborar y plantear una posible devolución del dinero recibido por la Fundación Trías Fargas si la dirección de la fundación del Palau así lo solicita. Al tiempo que su compañero y portavoz parlamentario en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, denunciaba el «mazazo para la sociedad catalana» que ha supuesto el escándalo. Una actitud compartida por toda la clase política que se traduce en una petición muy simple: la de modificar los mecanismos de control sobre este tipo de entidades culturales que, a pesar de su condición filantrópica y de «lo que lucen» en la ciudad, mueven millones de euros, incluidos los del contribuyente.