Editorial de “ABC” del 08 de
enero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
EL
empeño del tripartito catalán en coaccionar al Tribunal Constitucional ha
protagonizado las primeras declaraciones políticas de sus máximos representantes
en el año nuevo, certificando así que la estrategia preventiva de
deslegitimación del orden constitucional es la prioridad de la coalición
social-nacionalista catalana. El coste de esta contumaz y desleal actitud de
desafío al Estado va a ser, a este paso, la implantación de un régimen en
Cataluña, dominado por el dogmatismo nacionalista y la sacralización de un
estatuto convertido en excusa para mantener el victimismo contra el resto de
España. Así es como el presidente Montilla no ha tenido reparo en dirigirse por
carta a dos centenares de instituciones catalanas para agradecerles el apoyo al
editorial conjunto que publicaron varios medios de comunicación para presionar
al TC. La imagen que transmite esta iniciativa de Montilla desvela un panorama
de subordinación de la sociedad civil a los dictados políticos, anulando la
autonomía que toda sociedad democrática debe tener para mantener su capacidad
crítica y su propia identidad frente a los poderes públicos. La confusión entre
ideología y sociedad es el primer paso para la instauración de un auténtico
régimen monopolístico.
Por eso,
el problema de fondo de Cataluña es consigo misma, no con el resto de España,
porque la dominación que ejerce sobre ella la clase política es patológica. La
defensa del estatuto frente al TC es la coartada de esta enfermedad, como ayer
expuso crudamente, sin quererlo, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, quien apostó por replantear las relaciones entre
Cataluña y España, sea cual sea el fallo del TC, porque la Transición no ha
funcionado. Esta descalificación del pacto constitucional es la base de la
actitud desleal de la alianza que gobierna Cataluña, más allá de lo que, en
efecto, diga el TC sobre el estatuto. Por tanto, con estatuto o sin él, el
problema seguirá vivo, pero agravado porque en su origen inmediato se sitúa la
irresponsable decisión de Rodríguez Zapatero de inocular en el ordenamiento
jurídico el virus de la cosoberanía, la relativización de la Nación española y
la deslegitimación del pacto constituyente. Pretendiendo impostadamente
-porque lo buscado era un mero reparto de poder- que Cataluña se sintiera
«cómoda» en España, Zapatero ha conseguido que la crisis territorial sea más
aguda que nunca desde 1978.