Editorial de “ABC” del 15 de
enero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
La iniciativa
del Ayuntamiento de Vic de rechazar el empadronamiento de los inmigrantes
ilegales ha desatado algunas reacciones contrarias que llaman la atención por
su hipocresía. Por lo pronto, el apoyo de todos los grupos municipales a esta
medida, propuesta por una formación ultraderechista también con electos en el
Consistorio, demuestra que la realidad de la inmigración empieza a preocupar
social y electoralmente a muchos que hasta ahora adornaban el problema con
retóricas seráficas. Vic cuenta con 40.000 habitantes y la población inmigrante
alcanza el 25 por ciento. Sociológicamente es un dato que no debe ser ignorado
porque afecta directamente a la cohesión y la integración de la comunidad. Por
otro lado, las protestas del Gobierno central y del PSOE, calificando como
disparate el veto al empadronamiento de inmigrantes ilegales, se producen meses
después de que apoyaran en Bruselas una dura directiva de retorno contra la
inmigración ilegal y, en el Parlamento español, un aumento del plazo de
internamiento -materialmente una detención administrativa- de los inmigrantes
sin papeles de 40 a 60 días. Es cierto que el empadronamiento de los
inmigrantes ilegales permite saber cuántos son, pero el reverso de este
beneficio es que conlleva una apariencia de legalización de situaciones
ilegales, debilitando las políticas de disuasión que hay que aplicar en esta
materia. Hay que recordar que el empadronamiento fue una fuente de fraudes
consentidos por el Gobierno para tramitar la regularización masiva de 2005,
origen de muchas de las agravaciones que ha sufrido el fenómeno de la
inmigración en España.
Como
ayer recogía ABC, el Anuario de Inmigración en España correspondiente a 2009
cifraba en el 28 por ciento la tasa de paro entre los inmigrantes. Otras
fuentes calculaban que 180.000 familias iberoamericanas podrían perder su
vivienda en España por no poder pagar la hipoteca. Además, la escasa
cualificación de la mano de obra y el desincentivo para retornar a sus países
hacen probable una tasa de paro alta y constante entre la población inmigrante.
Ambas -la iniciativa de Vic, por un lado, el desempleo inmigrante, por otro-
son situaciones distintas y en medio siempre debe estar presente la dignidad de
las personas, sea cual sea su situación jurídica. Pero la incompetencia de partidos
y administraciones abona el terreno a formaciones ultras siempre prestas a
abanderar legítimas preocupaciones sociales, desatendidas por quienes, tarde y
mal, se abrazan a ellas para no perder votos.