UN PUESTO A CAMBIO DE SILENCIO

Editorial de  “ABC” del 25 de enero de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web

 

La preocupación del Gobierno por la evolución del sumario sobre el «caso Faisán» -las últimas revelaciones periodísticas de ABC colocan al Ejecutivo socialista en una situación cada vez más incómoda- es la causa más probable de la proposición que ha recibido el magistrado de la sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano Varela para ser miembro del Tribunal Constitucional. El juez Varela es el instructor del procedimiento penal contra Baltasar Garzón por la presunta prevaricación cometida por éste al incoar el sumario por los desaparecidos del franquismo, pese a ser evidente que no tenía competencia para esta investigación. La información que hoy publica este diario sobre las presiones al juez Varela revela una injerencia en la independencia judicial de tal magnitud que debe ser objeto de explicaciones inmediatas por parte del Gobierno. No es admisible en un Estado de Derecho que el Ejecutivo ande trapicheando puestos en las más altas instituciones para cerrar procesos que le incomodan y «apaciguar» a los jueces que le quitan el sueño. No hay que confundirse. El problema del Gobierno no se llama Garzón. Se llama «Faisán», y si su preocupación no fuera creciendo por días, no se explicaría la osada iniciativa de tentar a un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un trueque de cargo por silencio. Además, aun en el caso hipotético de que se archivara la causa contra Garzón, las acusaciones personadas siempre podrían recurrir ante la Sala Segunda. En el Constitucional no hay plazas para tantos.

Las aguas están turbias en estos procedimientos. Llevan demasiado tiempo empantanados. Garzón mantiene el sumario del «caso Faisán» con una actividad mínima, a la espera de acontecimientos y sin resolver sobre las pruebas que le han pedido las acusaciones ni sobre la petición de archivo que ha presentado el Ministerio Fiscal. El caso contra Garzón está en la misma llamativa inactividad, pese a tratarse de un proceso en el que se investiga un posible delito de prevaricación, el cual, por su propia naturaleza, requiere una investigación muy limitada. Cualquiera que sea la razón de estas dilaciones judiciales, hay mecanismos internos para corregirlas. Lo que no es tan fácil de evitar -y, por esto mismo, es un hecho muy grave- es la intromisión desestabilizadora del Ejecutivo en la Justicia, al que no basta con tener una Fiscalía siempre presta a sacarle de los apuros, y que ya necesita llegar al límite de ofrecer prebendas a los jueces.