UN PUESTO A CAMBIO DE SILENCIO
Editorial de “ABC” del 25 de enero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
La preocupación
del Gobierno por la evolución del sumario sobre el «caso Faisán» -las últimas
revelaciones periodísticas de ABC colocan al Ejecutivo socialista en una
situación cada vez más incómoda- es la causa más probable de la proposición que
ha recibido el magistrado de la sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano
Varela para ser miembro del Tribunal Constitucional. El juez Varela es el
instructor del procedimiento penal contra Baltasar Garzón por la presunta
prevaricación cometida por éste al incoar el sumario por los desaparecidos del
franquismo, pese a ser evidente que no tenía competencia para esta
investigación. La información que hoy publica este diario sobre las presiones
al juez Varela revela una injerencia en la independencia judicial de tal
magnitud que debe ser objeto de explicaciones inmediatas por parte del
Gobierno. No es admisible en un Estado de Derecho que el Ejecutivo ande
trapicheando puestos en las más altas instituciones para cerrar procesos que le
incomodan y «apaciguar» a los jueces que le quitan el sueño. No hay que
confundirse. El problema del Gobierno no se llama Garzón. Se llama «Faisán», y
si su preocupación no fuera creciendo por días, no se explicaría la osada
iniciativa de tentar a un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
con un trueque de cargo por silencio. Además, aun en el caso hipotético de que
se archivara la causa contra Garzón, las acusaciones personadas siempre podrían
recurrir ante la Sala Segunda. En el Constitucional no hay plazas para tantos.
Las
aguas están turbias en estos procedimientos. Llevan demasiado tiempo
empantanados. Garzón mantiene el sumario del «caso Faisán» con una actividad
mínima, a la espera de acontecimientos y sin resolver sobre las pruebas que le
han pedido las acusaciones ni sobre la petición de archivo que ha presentado el
Ministerio Fiscal. El caso contra Garzón está en la misma llamativa
inactividad, pese a tratarse de un proceso en el que se investiga un posible
delito de prevaricación, el cual, por su propia naturaleza, requiere una
investigación muy limitada. Cualquiera que sea la razón de estas dilaciones
judiciales, hay mecanismos internos para corregirlas. Lo que no es tan fácil de
evitar -y, por esto mismo, es un hecho muy grave- es la intromisión
desestabilizadora del Ejecutivo en la Justicia, al que no basta con tener una
Fiscalía siempre presta a sacarle de los apuros, y que ya necesita llegar al
límite de ofrecer prebendas a los jueces.