«CASO FAISÁN»: LLEGAR HASTA EL FINAL
Editorial
de “ABC” del 16 de
febrero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
En plena
negociación política con ETA, un supuesto «chivatazo» policial en el bar
«Faisán» de Irún alertó al aparato de extorsión de la banda sobre una operación
antiterrorista. Se trata de un episodio de máxima relevancia jurídica y
política, respecto del cual la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
corrigió ayer la decisión del juez Baltasar Garzón al admitir los recursos de
Dignidad y Justicia y de la AVT contra el archivo de las actuaciones y la
negativa a practicar nuevas pruebas. Nada menos que 32 diligencias había
rechazado el juez instructor en una decisión como mínimo precipitada, según
refleja el acuerdo de la sala, que también deja en mal lugar al Ministerio
Fiscal por su apoyo al sobreseimiento provisional. La implicación en el caso de
un ex director general de la Policía y de varios inspectores es motivo más que
suficiente para llegar hasta el fondo del asunto con el rigor que corresponde
al Estado de Derecho en la comprobación de los hechos y la determinación de los
presuntos culpables. No sobran, por tanto, nuevos informes de la Guardia Civil,
declaraciones de otros policías o análisis de llamadas telefónicas, entre otras
diligencias solicitadas en su día y que Garzón eludió de forma injustificada.
En el plano jurídico, el asunto presenta una «gravedad sin precedentes», según
los términos rotundos de la propia sala. Hay que felicitarse por ello de que
las asociaciones recurrentes vean reconocido su interés legítimo en llevar la
investigación al extremo para la búsqueda de la verdad.
En el
ámbito político, el «escándalo Faisán» es una consecuencia directa de la
vergonzosa negociación con ETA impulsada por Rodríguez Zapatero durante la
pasada legislatura. Si se confirman los indicios, afectaría directamente al
presidente del Gobierno y al ministro del Interior, porque se trata de eventuales
delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada cometidos -si
es el caso- por subordinados de Alfredo Pérez Rubalcaba en el contexto de una
decisión política al más alto nivel. Procede ahora practicar las pruebas
indebidamente rechazadas, por mucho que el deseo de agradar a los responsables
políticos haya podido influir en las prisas del instructor para cerrar el
asunto. Utilizar los instrumentos del Estado al servicio del interés partidista
supone una grave perversión del sistema democrático. La investigación tiene que
llegar hasta el final, sin omitir ningún elemento que permita extraer todas las
consecuencias.