EL TC ALARGA LA AGONÍA
Editorial
de “ABC” del 17 de
abril de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
EL
rechazo a la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera
ratificó ayer la existencia de una mayoría de magistrados del Tribunal
Constitucional claramente opuesta al Estatuto de Cataluña, al menos a sus
contenidos esenciales. Sin embargo, esta mayoría no es nueva, y contra su
formación ha estado luchando afanosamente durante estos años la presidenta del
TC, María Emilia Casas, responsable de haber conducido a esta institución a un
callejón sin salida, del que ahora tendrá que salir de la mano del magistrado
Guillermo Jiménez, opuesto a la ponencia de Pérez Vera y nuevo ponente de la
sentencia que habrá de resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido
Popular. Casas, que aguantó estoicamente aquella bronca pública de la vicepresidenta
primera, María Teresa Fernández de la Vega, y para quien se enmendó la ley
reguladora del TC a fin de que conservara indefinidamente la Presidencia y su
voto de calidad, ha gestionado torpemente este compromiso histórico de su
institución, con un coste inconmensurable en desprestigio.
La
votación de ayer en el TC tenía que haberse producido hace mucho tiempo para
que el cambio de ponente no tuviera el tinte agónico que ha adquirido. Resulta
un ejercicio de cinismo que la vicepresidenta primera del Gobierno vea con
normalidad la designación de un nuevo ponente y el Ejecutivo especule ahora
sobre nuevas fechas para el fallo, cuando ambas cosas se enmarcan en una crisis
sin precedentes del TC, a la que el Gobierno ha contribuido en todas sus fases:
promoviendo una ley inconstitucional -como es el Estatuto catalán-, presionando
indisimuladamente para aplazar el fallo o conseguir uno lo menos desfavorable
posible y, ahora, intentando normalizar ante la opinión pública lo que es una
grave disfunción del sistema institucional. En todo caso, el Gobierno es
consciente de que su aventurerismo con el modelo de Estado le puede pasar una
factura muy costosa.
Ahora
bien, el nuevo ponente no debe pagar culpas ajenas y tiene el mismo derecho que
su compañera Pérez Vera a trabajar con sosiego. Lo que no tiene es tiempo,
porque la estabilidad constitucional de España necesita conocer esa sentencia
antes de que los efectos del Estatuto y su desarrollo legislativo pasen a ser
irreversibles. Además, cabe presumir que los debates celebrados hasta el
momento habrán permitido al ponente conocer con bastante precisión qué
criterios para resolver el recurso del PP cuentan con un respaldo mayoritario.
Si así fuera, la nueva ponencia podría estar disponible a corto plazo.