LA REALIDAD ARROLLA A ZAPATERO

Informe de Iva Anguera | Barcelona en “ABC” del 28 de abril de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.

Mientras las previsiones económicas sobre la recuperación de España dan otro baño de realidad al Gobierno, los frentes políticos se multiplican sin que el Ejecutivo de Zapatero muestre capacidad de respuesta. Al desafío independentista en Cataluña se unen las presiones cada vez más radicalizadas a la Justicia y una guerra del agua enconada. La única respuesta de Zapatero es el silencio.

El PSC está dispuesto a llevar a las Cortes una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para «resolver la prolongación forzosa del mandato» de los magistrados cuya renovación quede bloqueada por la falta de acuerdo en las Cortes, como es el caso actual. Los socialistas catalanes anunciaron ayer su disposición a asumir esta exigencia de CiU para cerrar una declaración conjunta de los partidos catalanes en defensa del Estatuto que permita al presidente de la Generalitat, José Montilla, escenificar una reacción política a la amenaza de una sentencia adversa del TC.

La resolución debe votarse en la reunión del Pleno del Parlamento autonómico que se celebrará mañana y trasladarse después a las Cortes -al Senado si se cumplen las exigencias del PSC, al Congreso si CiU impone sus tesis- donde los socialistas catalanes se han comprometido ya a votar lo que se apruebe en Cataluña y a arrastrar al PSOE a esa postura.

Un texto en el que hasta ayer el partido de José Montilla se negaba a incluir ninguna referencia a la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, para no comprometer al PSOE más allá de lo asumible por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La ejecutiva del PSC decidió ayer obviar esta salvedad para facilitar «el frente catalán» que permita a Montilla presentarse como adalid de la defensa del Estatut. El viceprimer secretario del PSC y portavoz de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, fue el primero en reconocer que su partido ha modificado su postura inicial en este punto. De hecho, hace apenas un mes CiU y ERC ya llevaron una propuesta similar al Congreso y en esa ocasión el PSOE la rechazó en bloque.

Límites al TC

Los socialistas catalanes asumen la reforma de la ley para introducir el cese automático de los magistrados del TC cuyo mandato lleve más de seis meses prorrogado y se declaran abiertos a debatir otras reformas, aunque Iceta no concretó hasta qué punto. De hecho, el texto propuesto por el PSC a CiU y ERC se limita a plantear la reforma en la cuestión de la renovación de los magistrados «y otras cuestiones que se puedan suscitar», entre las que podría incluirse la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad, como reclama el PP.

CiU, por su parte, ha propuesto limitar el ámbito de acción del Alto Tribunal para que no pueda aprobar sentencias interpretativas sobre leyes aprobadas en referendo, mientras que ERC va más allá y quiere excluir estos textos del ámbito de acción del TC.

Resolución al Senado

El PSC exige, a cambio de esta cesión, que el texto aprobado por el Parlamento catalán se remita al Senado, bajo el argumento de que en la Cámara Alta cuenta con grupo propio -la Entesa, compartido con ERC e ICV- y por tanto puede responsabilizarse de sus acciones de principio a fin. Consideran además que es en esta cámara donde está encallada la renovación del Tribunal Constitucional.

CiU, sin embargo, ve en esta petición una maniobra para evitar tensiones dentro del Grupo Socialista y retrasar el debate sobre la reforma del Constitucional en el Congreso. En todo caso, si se aprueba la iniciativa legislativa en el Senado la reforma llegará también a la Cámara Baja, y que en todo caso esa iniciativa no tiene futuro si no es con el apoyo del PSOE.

El auténtico punto de la discordia, aseguraban ayer fuentes de la negociación, es la exigencia nacionalista de instar a la revocación de los magistrados del TC cuyo mandato ha caducado. Una propuesta que el PSC ve abocada al fracaso y que considera jurídicamente inviable y políticamente ineficaz.

Hace poco más de un mes, tanto CiU como ERC llevaron al Pleno del Congreso sendas proposiciones de ley para acelerar la renovación de sus miembros. Las iniciativas fueron rechazadas por amplísima mayoría, al votar en contra tanto el PSOE como el PP. Los 25 diputados del PSC siguieron la férrea disciplina de voto de su grupo parlamentario y votaron también que «no». Sólo estuvo ausente un socialista, el ministro Moratinos, nada «sospechoso».