EL GOBIERNO, IRRITADO CON CASAS POR ADMITIR LA «CRISIS INSTITUCIONAL» DENUNCIADA POR EL PP

Creen que está molesta «porque le han quitado el balón» al haber tenido que cambiar de ponente en el Estatut

Informe de Gabriel Sanz | Madrid en “ABC” del 28 de abril de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.

Al Gobierno y al PSOE no les ha gustado nada cómo la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, rompió anteanoche el silencio que venía manteniendo en la polémica del estatuto de Cataluña. «Quiero hacer una breve y, para mí, ineludible referencia a la crisis institucional que padecemos y que sufre también el TC...», dijo Casas en la presentación de una conferencia del ex ministro Jerónimo Saavedra. Consciente o no, la presidenta del TC estaba secundando así la tesis del PP de que España sufre una crisis no sólo económica (la Bolsa volvió a perder ayer un 4,18% por miedo al contagio griego), sino también la falta de rumbo político de José Luis Rodríguez Zapatero. Oficialmente, nadie del Ejecutivo salió ayer a criticarla. Mientras la mayoría de los miembros del Gobierno optaban, incluso en privado, por el silencio como forma de desmarcarse de Casas, Zapatero respondía con un escueto «no» cuando se le preguntó en el Senado si España padece una crisis institucional. Horas antes, en un desayuno, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, había respaldado «totalmente» a Casas pero sólo en su petición de respeto al TC.

Pese a todo, algunos diputados del Grupo Socialista admiten a ABC que las palabras de la presidenta el TC son un «error» no sólo por cómo fueron formuladas; también en sí mismas. «Si después de cuatro años hay una crisis institucional en el TC, algo habrán tenido que ver ella y el resto de magistrados», razonaba uno. Su jefe de filas, José Antonio Alonso, no quiso entrar al trapo. Preguntado por ABC en los pasillos de la Cámara Baja, dijo irónicamente: «Yo sólo hablo del PP». Venía de una rueda de prensa en la que había sido interpelado por la crisis institucional. Señaló que el TC merece un clima de «mayor tranquilidad institucional» y disparó contra la oposición: «La única crisis política» en España procede de «los escándalos de corrupción» del PP.

«Le han robado el balón»

«Lo que le pasa a la presidenta del TC es que le han robado el balón» y respira por la herida, sostiene un veterano miembro del Grupo Socialista en referencia al hecho de que la ponencia de la sentencia del Estatuto ha pasado de una ponente progresista, Elisa Pérez Vera, a uno conservador, el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez. El Gobierno, que daba por buena la sentencia del TC fallida en la que se iban a tumbar «sólo» 15 artículos, se teme ahora lo peor: que Jiménez atraiga para sus tesis al magistrado progresista Manuel Aragón incluyendo expresamente en el fallo, como él pide, que la única nación es la española, entre otras cuestiones. En este sentido, la foto de Aragón asistiendo distendido junto a Jiménez y al también magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas, a una corrida en La Maestranza de Sevilla, no ha hecho sino contribuir a alimentar esa tesis en la esfera gubernamental. Aunque el Gobierno se daba por satisfecho con no tener sentencia del Estatuto antes de las elecciones catalanas de noviembre, sin entrar en el fondo del recorte estatutario, ahora tampoco tiene claro que eso se vaya a producir.

«Yo me espero cualquier cosa de este TC», decía a ABC un ministro horas antes de las palabras de Casas. Se refería al «espectáculo» de ver cómo la sentencia fallida había aparecido punto por punto en los medios de comunicación, y a la guerra desatada entre Aragón y el resto del bloque progresista del Tribunal. La tesis, defendida por De la Vega de que los tribunales «siempre» respetan las campañas electorales, y el TC también, sigue vigente. Pero ese plazo empieza a correr en septiembre, cuando el presidente de la Generalitat disuelva el Parlamento catalán.

Y el Gobierno observa con alarma cómo el ponente de la sentencia, Guillermo Jiménez, tiene adelantado mucho del trabajo encomendado por el pleno del alto tribunal el pasado 16 de abril, cuando tiró abajo el borrador de Elisa Pérez Vera. Alguna de las fuentes consultadas por ABC habla de este jueves como día D de la posible sentencia porque concluye el plazo de 15 días dado por el pleno al ponente. Quedaría así en manos de la presidenta convocar otro pleno ya mismo.