ZAPATERO CORRIGE A CASAS Y NIEGA LA «CRISIS
INSTITUCIONAL»
Informe de E. M. / P. C. | Madrid en “ABC” del 28 de abril de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.
En
contra del acuerdo de Montilla y Mas, el presidente del Gobierno ha apelado al
«sosiego» en el debate sobre la renovación del Alto Tribunal y rechaza cambiar
la ley del TC porque sería «enmendar al constituyente»
Zapatero, esta tarde en la sesión plenaria en el Senado / EFE
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado esta tarde en el Senado cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como pedirán en el Senado el tripartito -con el presidente catalán José Montilla como impulsor- y CiU, alegando que eso sería "enmendar al constituyente", de modo que apostó por dejar que las cosas "funcionen como están en el ordenamiento actual" y así "fortalecer la credibilidad de la democracia". Además, de forma clara, ha puesto en solfa las palabras ayer de la presidenta de la institución, María Emilia Casas, negando que haya una "crisis institucional".
Lo ha hecho, eso sí, una vez acabada la sesión de control y ante la mesnada de
periodistas que se han abalanzado hasta él para preguntarle si estaba de
acuerdo con la denuncia formulada por Casas durante una conferencia en el siglo
XXI y si cree que España está viviendo una "crisis institucional", ha
respondido con un lacónico "no".
«Se puede hablar» de cambiar la Ley General del TC.
Recogiendo
el guante que le ha lanzado el senador catalán de CiU Jordi Vilajoana sobre la
posibilidad de que pueda contar con mayorías absolutas en las Cortes para
cambiar la Ley General del TC y limitar los plazos para la citada renovación,
Zapatero ha admitido que "se puede hablar" de cambiar la Ley
que regula el Constitucional, pero añadió que "a día de hoy" es preferible que el Alto
Tribunal funcione conforme a la ley actual. "Al Tribunal Constitucional lo
que es del Tribunal Constitucional y al Parlamento lo que es del
Parlamento", ha espetado en la sesión plenaria en la Cámara Alta.
Tras
subrayar que los cuatro años que lleva al recurso contra el Estatuto en el TC
es un plazo que se encuentra "en la media histórica", ha recalcado en
que, mientras no se acuerde la renovación, los partidos deben ser
"extraordinariamente fieles al espíritu y la letra de las reglas
constitucionales" y dejar trabajar al tribunal.
Vilajoana
le había pedido su opinión sobre el acuerdo entre PSC y CiU para
que el TC se inhiba en el caso del Estatuto catalán, cuya sentencia lleva
pendiente cuatro años, y le reclamó un cambio de la ley para que el
Constitucional no tenga que pronunciarse sobre leyes refrendadas en referéndum
y para que los miembros que tengan su mandato caducado cesen al cabo de un
tiempo.
El jefe del Ejecutivo le ha replicado que el Constitucional no puede "abdicar" de sus responsabilidades y que, en todo caso, la renovación de los miembros del Alto Tribunal debe hacerse con "sosiego" y "discreción", no en medio del debate público actual.
En la misma sala, se han repartido culpas el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, y la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, se han
repartido hoy culpas por la estancada renovación de algunos magistrados del
Tribunal Constitucional (TC). El titular de Justicia y la "número
dos" del PP, quien ha reprochado a Caamaño no haber salido en defensa del
Alto Tribunal se han enzarzado hoy en un tenso debate durante la sesión de
control al Gobierno celebrada en el Senado. Ambos han relatado dos versiones
muy diferentes sobre cómo cuatro de los magistrados del Constitucional, los que
dependen del Senado, permanecen aún en sus puestos a pesar de haber agotado el
mandato, y si para De Cospedal la responsabilidad es del Gobierno, para Caamaño
la culpa hay que atribuirla al PP.
La
secretaria general de los populares ha acusado también al Ejecutivo de
"estar sometiendo a casi todas las instituciones del Estado a unas
presiones intolerables", especialmente dos de las más importantes del
ordenamiento español, el Constitucional y el Supremo. La situación, según ha
recalcado De Cospedal, llevó ayer a Casas a "salir en defensa" del
Tribunal Constitucional a pesar de que deberían haber hecho eso mismo los
integrantes del Gobierno, en concreto el propio Caamaño. Ha añadido: "Está
siendo el PSOE el que avala los ataques al Constitucional".
De Cospedal ha sentenciado que la responsabilidad del deterioro que puedan
padecer algunas instituciones será únicamente del equipo de Zapatero. Caamaño
ha respondido con una reclamación al PP: "Sigan el criterio de la
Constitución y actúen con lealtad, y hagan posible la renovación de las
instituciones democráticas".
Dos caras de la misma moneda
Precisamente
sobre la renovación del Constitucional, la dirigente del PP y el ministro de
Justicia han ofrecido dos versiones muy diferentes. Caamaño, tras indicar que
el Gobierno "siempre ha actuado con respeto institucional y lealtad
institucional", ha manifestado que si el plazo de renovación de cuatro
magistrados no ha culminado, se debe a que "el PP ha hecho todo lo posible
para impedirlo". Primero, de acuerdo con sus palabras, los populares
recurrieron la modificación de la Ley Orgánica del TC aprobada en 2007 para
permitir que los parlamentos autonómicos incidieran en la designación de los
magistrados; segundo, los populares recurrieron la modificación del reglamento
del Senado que daba pie a la articipación de las comunidades, según recoge Efe.
En ambos casos, el Alto Tribunal estableció qué procedimiento encajaba con la
Constitución. Pese a ello, ha afirmado Caamaño, el "puesto de mando"
del PP "dio la orden de que se presentaran sólo dos candidatos" en
las listas de los parlamentos autonómicos en los que los populares tienen mayoría,
negando con ello la autonomía de las cámaras territoriales, según el ministro.
Para De
Cospedal, es el Gobierno el que "ha bloqueado cualquier posibilidad de
acuerdo". Por un lado, ha subrayado, modificó la Ley Orgánica del TC
creando "minorías de bloqueo", y por otro, propició que Casas
alargara su mandato. "Y luego cambiaron el procedimiento para que los
magistrados del Constitucional los designaran las comunidades autónomas, pero
nuestras propuestas no les gustaron, y entonces interrumpieron "sine die"
el proceso de elección", ha resumido la dirigente del PP.