ZAPATERO, ANTE SU ÚLTIMO FRACASO
Editorial
de “ABC” del 29 de junio de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
La conclusión política de esta sentencia es que el PP tenía razones suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto y que su recurso ante el TC fue un servicio al Estado
LA
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha
ratificado la decisión de todos cuantos presentaron contra él un recurso de
inconstitucionalidad. Aunque la decisión final haya limitado la anulación a
catorce artículos e interpretado una treintena más —abusando así del peligroso
método de la sentencia interpretativa que declara constitucional no lo que dice
la norma, sino cómo debe ser aplicada—, el Estatuto de Cataluña lesionaba
gravemente la Constitución Española de 1978 y gracias a los recursos
—encabezados por el PP— se ha reparado en parte esta vulneración. En efecto, el
Poder Judicial se mantendrá unitario para todo el territorio nacional, sin caer
en el sistema confederal que preveía el Estatuto, auténtica ruptura de la
unidad jurisdiccional del Estado. También gracias al recurso del PP, el
Estatuto no será la base legal de la imposición monolingüística
que defienden el socialismo y el nacionalismo catalanes. Y queda meridianamente
claro que Cataluña no es una nación más que en el diccionario nacionalista y en
el terreno de los símbolos. La inclusión de este término en el Preámbulo del
Estatuto es, según el TC, irrelevante porque no tiene valor jurídico, sino
testimonial. Gracias a esta declaración, la presidenta del TC, María Emilia
Casas, logró el apoyo del magistrado Manuel Aragón, hasta ayer baza principal
de quienes confiaban en que el Alto Tribunal aprobara un pronunciamiento más
defensivo del orden constitucional y del Estado. En suma, casi la mitad de los
artículos impugnados por el PP tenían tachas de inconstitucionalidad.
La
conclusión política inmediata de esta sentencia es que los recurrentes tenían
razones más que suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del
Estatuto, que su recurso ha sido un servicio al Estado y a la Nación, y que el
TC ha reparado en parte la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero embarcó a
España en una aventura confederal, cuyo objetivo no era otro que sellar una
política duradera de
pactos con el nacionalismo catalán. Al final, ni una cosa ni otra.
El Estatuto con el que se identifica el PSOE, según su secretaria de
Organización, atacaba bases esenciales del Estado y su responsabilidad política
por haber aprobado esta ley es innegable. Ahora vendrá una estrategia de
propaganda tendente a mitigar los efectos políticos de la sentencia del TC,
refugiándose en la minoría del llamado bloque conservador —cuyos cuatro
integrantes han anunciado votos particulares a la decisión— y en el limitado
número de artículos anulados en proporción a los que fueron impugnados. Será la
enésima maniobra de distracción para evitar asumir el daño que el Gobierno y el
PSOE han causado a la estabilidad del Estado introduciendo en su ordenamiento
jurídico un auténtico «caballo de Troya» contra la soberanía del pueblo español
y la unidad constitucional.
La
satisfacción impostada del Gobierno socialista ya contó ayer con las primeras
reacciones exacerbadas del tripartito catalán y del nacionalismo, convocando a
la sociedad catalana a arremeter contra el TC. Su estrategia más reciente ha
consistido en negar al TC cualquier legitimidad para decidir sobre el Estatuto,
porque había sido votado en referéndum por los catalanes. También este desafío
se ha saldado con una derrota de los postulados social-nacionalistas, porque
queda claro que la Constitución está por encima de cualquier ley aprobada por
el Parlamento, aunque sea ratificada en referéndum. Solo las reformas
constitucionales aprobadas por el pueblo español, titular de la única soberanía
nacional existente en España, quedan al margen de la competencia del TC.
Una
vez que se conozcan los criterios interpretativos aprobados por el TC para la
treintena de artículos que la sentencia acomoda a la Constitución, podrá
valorarse de qué manera se gestionará el día siguiente a la sentencia. Porque
hay dos opciones: o meter a Cataluña en un proceso de insubordinación
constitucional, o abrir un período de
recomposición del Estado autonómico. La responsabilidad de elegir
correctamente es solo de los gobiernos central y
autonómico, y especialmente del PSOE y del PSC. Mariano Rajoy ha hecho lo que
tenía que hacer: defender, y con éxito, el interés nacional. El problema es
ahora de los socialistas entre sí, porque tendrán que resolver sus
contradicciones internas. El TC ha despejado del escenario catalán una
incógnita que condicionaba el período preelectoral y las relaciones entre
partidos. Al PP ya no se le puede exigir que retire el recurso, porque está
resuelto, ni reprocharle que lo interpusiera, porque tenía razones para
hacerlo.
Pese
a que el TC ha reducido la intensidad de los daños causados por el Estatuto, la
sentencia se queda corta, porque queda en pie buena parte de una norma
estatutaria que se generó como competidora de la Constitución. Por eso, su
vicio de inconstitucionalidad era mucho más radical que parcial.