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Administrar una Constitución que deja de estar vigente sin ser derogada exige estabilidad marmórea
Artículo de Gabriel ALBIAC en “La Razón” del 30.12.05
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
En Barcelona, Rubalcaba negocia la «nación » en el preámbulo de esa Constitución catalana a la cual llaman Estatuto.
Caerá. Bajo uno u otro ropaje retórico. En Vitoria, el partido socialista apoya sin objeción los presupuestos de Ibarreche. Y un tal
José Antonio (¡ay, la ironía de los nombres de pila!) Pastor, portavoz suyo, explicita la doctrina Pachi López (que es, ¿a qué andarnos con eufemismos?, la doctrina Zapatero, la doctrina que entona «alegres hacia el abismo y de cabeza»): el acuerdo con el PNV será «antesala de los grandes acuerdos que necesita el país para garantizar su futuro». ¿La clave de esos «grandes acuerdos», sin los cuales para el PSOE no hay perspectiva de «acabar con el terrorismo, consolidar la paz y la libertad y afrontar la reforma y mejora de nuestro autogobierno»?
La reforma constitucional. Sin pasar por el procedimiento legalmente previsto. Porque, para iniciar ese trámite, el partido socialista no ha movido –ni tiene el menor interés en hacerlo– un solo dedo. Desde Vitoria y Barcelona, el PSOE busca un atajo. El procedimiento interno de reforma previsto por la Constitución del 78 resulta demasiado complejo y demasiado inseguro. No es pensable que ningún partido logre arrastrar los dos tercios de ambas cámaras, que fija el artículo 168 para modificar territorio nacional y sujeto de soberanía. Menos aún, que eso pueda ir a referéndum sin cataclismo.
¿Qué otra opción queda transitable? Estabilizar una situación de hecho. Aun cuando sea al margen de la ley. Aun cuando sea al margen de la Constitución. Puede hacerse. Normalizando la coexistencia en paralelo de una legalidad formal y otra real. Los clásicos de la teoría política llaman a eso «doble poder». Y saben hasta qué punto es arriesgado. Hasta qué punto su desenlace es, por definición, imprevisible.
Administrar tal duplicidad (una Constitución que deja de estar vigente sin ser derogada) exige estabilidad marmórea. Sin ella, cualquier desplazamiento de voto haría saltar la ficción. Y el PSOE de Zapatero sabe que, desechada la hipótesis de un gobierno de concentración con el PP como salida al mareante atolladero, sólo queda una vía expedita: universalizar el «pacto del Tinell». Un acuerdo estratégico simultáneo
con las fuerzas nacionalistas catalanas (incluido el PSC) y con el PNV garantizaría la exclusión del PP (esto es, de la mitad del espectro parlamentario) de la esfera política. Y haría estable la gobernabilidad… ¿de qué? Dar nombre a ese indefinido espacio geográfico y político sobre el cual gobernar es el único problema que interesa, hoy, a Zapatero. El precio no le importa. Y no tiene salida.