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A estas alturas ya debería saberse -y, si no,
malo- que el democrático es un gobierno muy exigente y que nuestra vida
pública se contenta con bastante menos. La primera exigencia sería
aprender qué es democracia y adquirir otras cuantas nociones políticas
elementales, empezando por quienes más las nombran y vocean. Pues el caso es
que muchos de nuestros políticos han exhibido los días pasados unas confusiones
preocupantes. Y hayan obtenido refrendo electoral o no, los disparates no dejan
de ser disparates.
Nuestra máxima autoridad declaró hace poco que, quienes deseen arrebatarnos
nuestro régimen foral o aspiran a lo mismo para su propia Comunidad, deberán
obtener la mayoría en las elecciones y proponer la reforma de la Constitución.
Revisemos el supuesto en que se apoya: la democracia es el gobierno de la
mayoría y lo único que en él importa es alcanzar el respaldo del mayor número
de ciudadanos. Pues no, señor. La democracia es ante todo un gobierno de
ciudadanos iguales y libres, un gobierno basado en el respeto de los derechos nacidos
de esa igual libertad. Y si un régimen fiscal rompe tal igualdad de derechos
entre los ciudadanos, será un régimen que contraría un principio democrático
elemental. Y si una Constitución admite ese régimen, será una norma
incoherente, además de injusta, y habrá que reformarla. ¿Que tendrá que ser a
través de una nueva mayoría? Naturalmente, pero para promover este debate no
hay que esperar a tenerla. Esa mayoría renovada deberá formarse en el debate
mismo sobre la justicia o injusticia del sistema foral.
Muchos de los candidatos se postulaban como los más fieles transmisores de los
intereses de Navarra en Madrid. Parecían olvidar que elegíamos a quienes debían
representar la voluntad política de todos los españoles en el Parlamento de
España. Un aspirante a diputado proclamó en titulares que él era "rojo y
republicano hasta las cachas", para a continuación añadir que hay que
defender como sea nuestras ventajas fiscales. Digo yo que esa defensa no se
basará en un ideario rojo y republicano. A lo mejor es que nuestro hombre no
percibe contradicción entre su excelente autoconciencia de izquierdas de toda
la vida, y el reaccionario mensaje que predica. Pero a lo peor consigue que la
gente acabe creyendo que la defensa del privilegio local es propio
de un pensamiento izquierdista; que el derecho a la diferencia incluye la
diferencia de derechos, o sea, el derecho a la desigualdad. Otro aspirante de
su partido se confesaba a la vez "nacionalista, socialista e
internacionalista", porque no quiere privarse de nada. ¿Por qué había de
entender la incompatibilidad entre aquella primera convicción y las restantes
si nadie le exigirá justificar sus efusiones ético-líricas?
La
palma del disparate se la lleva la tararira de los nacionalistas en presentarse
como adalides del cambio. Así, del cambio a secas, como si todo cambio en
política fuera bueno y necesario, lo mismo si se alcanza con argumentos que con
mentiras, para la equidad o para la iniquidad. El "cambio" es muy ilusionante.
Más grave aún: se presentan como los abanderados del progresismo y hasta
logran introducir entre la población la equivalencia entre soflamas
nacionalistas y criterios progresistas. Quienes mantienen las creencias
políticas más trasnochadas e injustificables del país se sienten la
reencarnación del Cid Campeador. El pueblo ideal por encima de la
sociedad real, el territorio por delante de sus habitantes, los derechos
colectivos más allá de los individuales, los derechos históricos antes que los
democráticos, el nacimiento por encima de la elección, los correligionarios
antepuestos a los conciudadanos, la solidaridad con los propios a costa de la
insolidaridad con los ajenos...: a todo este caldo de barbaridades le llaman
progresismo. El mismo progresismo que solicitar amparo legal -hasta la víspera
del último atentado- para los cómplices de los criminales. Pero los demás
no replican a tamañas simplezas, no vaya a ser que les tomen por
conservadores...
De suerte que este
progresismo reaccionario sigue triunfando. Por ejemplo, días atrás, cuando
todos los grupos "progresistas" en nuestro Parlamento acordaron
extender la zona mixta a la Comarca entera de Pamplona. ¿Por ignorancia o por
precaución? Según el estudio sociológico de partida deseaban esa medida un 71 %
de los comarcanos, aunque quienes dicen hablar más vascuence que
castellano alcanzan en la zona la abrumadora proporción del... ¡1 %!. Nuestros
diputados debieron de suponer que una demanda de tantos ya es razón suficiente
de la legitimidad de tal demanda. No penetrararon las
razones (desde el miedo hasta la cobarde hipocresía) que mueven a los
habitantes a hacerla, porque es sabido que todas las razones son respetables.
No les inquietó cuánto contribuían con su voto a la "construcción
nacional" de Euskalherría, porque eso sólo lo
descubrirán cuando no haya remedio. No se preguntaron si estaban cometiendo una
gruesa injusticia contra los derechos lingüísticos, sino que la cometieron con
buena conciencia. Ya ven: otra decisión profundamente antidemocrática aprobada
por mayoría.