ENTREVISTA A ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO PRESIDENTE EMÉRITO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
por NIEVES COLLI en “ABC” del 24/04/2005
«La reforma territorial se planteó por la élite de algún partido que no se llama nacionalista y lo es: el PSC»
Por su interés y relevancia, he seleccionado la entrevista que sigue para incluirla en este sitio web. (L. B.-B.)
Álvaro
Rodríguez Bereijo (La Coruña, 1938) habla con la libertad de quien ya no soporta
sobre sus espaldas la responsabilidad de un cargo institucional. Nombrado
presidente del Tribunal Constitucional en el último año de Gobierno de Felipe
González, se ha convertido en uno de los intelectuales más críticos con la
política del también socialista Rodríguez Zapatero. Hasta fechas recientes, fue
vocal del Consejo de Estado.
-Permitir que EHAK participara en las elecciones autonómicas, ¿ha supuesto abrir
de nuevo la puerta de las instituciones a ETA?
-Tengo la convicción personal
de que ha sido el cauce para que Batasuna y ETA entren de nuevo en el Parlamento
vasco. Es mi impresión, probablemente compartida por muchos vascos.
-Parece que hay varios aspectos que encajan en los requisitos que establece la
ley para poder ilegalizar un partido y, sin embargo, el Gobierno sigue
argumentando que no son pruebas suficientes...
-La respuesta es aquí más
compleja. No basta con la convicción que uno, incluso el propio Gobierno, tenga
de que eso puede ser una argucia urdida por ETA/Batasuna para eludir el límite
impuesto por la ley de Partidos Políticos y la ley Electoral respecto de la
continuidad en la representación política de los partidos ilegalizados. Entramos
ya en un terreno exquisitamente jurídico respecto del cual es necesario tener
muchas cautelas. No basta sólo con la convicción, con la impresión que uno pueda
tener; es necesario que haya elementos probatorios suficientes y bastantes. Y
desde esa perspectiva, con los datos que yo conozco a través de los medios de
comunicación, no puedo afirmar que esos elementos probatorios concurran en este
caso. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre Aukera
Guztiak, establece requisitos muy exigentes en esta materia.
-¿Hay un endurecimiento de la exigencia probatoria?
-Sí. El TC dirige mensajes muy
claros. Si bien la doctrina permanece constante, hay avisos de que no puede
valer cualquier acción y, desde luego, de que no valen las impresiones que uno
pueda tener, los indicios, la convicción personal y moral de que eso es una
argucia de ETA y Batasuna para sustentar una acción judicial. Tienen que existir
también pruebas. ¿Pudo haberse hecho una investigación exhaustiva desde el
momento en que se constituyó este partido político para evitar este resultado?
Seguramente sí, y seguramente se hubieran podido encontrar conexiones entre este
partido político y elementos más o menos conectados al entorno de ETA.
-Entonces, ¿es inevitable que una organización del complejo ETA se «cuele» en el
juego democrático?
-Inevitable, no. Pero ése es
el riesgo de una sociedad democrática y abierta: que los derechos y libertades
que reconoce los pueden utilizar también los enemigos del Estado. Y ésa es la
historia que llevamos sufriendo en España con el nacionalismo radical de todo
tipo y, en concreto, con el terrorismo de ETA. En este sentido, la lucha que se
inició en 1996 contra el terrorismo de ETA en todos sus frentes, quitándoles el
agua de la pecera, me ha parecido un acierto. Y la ilegalización de Batasuna,
contra todo lo que pronosticaron algunos agoreros, no ha supuesto ningún
peligro, sino todo lo contrario. Ha sido un avance en la lucha contra el
terrorismo.
-Desde la llegada del PSOE al Gobierno, ¿se ha reducido la presión contra el
entorno de ETA o ha sido un espejismo fruto, por ejemplo, de las elecciones
vascas?
-No tengo elementos para hacer
una valoración de eso, por el momento. Al margen de las cosas que se afirman con
motivo de unas elecciones, no creo que haya una renuncia a luchar contra el
terrorismo de ETA bajo todas sus formas porque, entre otras cosas, no es un
problema de uno u otro partido. Ahí nos estamos jugando todos la democracia y la
libertad y, sobre todo, quienes se la están jugando antes que nadie son las
personas que viven y trabajan en el País Vasco, algunos de los cuales no tienen
libertad ni tampoco reconocido de manera efectiva el derecho a la vida, puesto
que tienen que vivir amenazados, con escolta y sometidos continuamente a la
coacción.
-¿Cómo se explica entonces el cambio de criterio de la Fiscalía en el «caso
Atutxa», en el que ha pasado de ser querellante a anunciar que pedirá la
absolución?
-No tengo elementos de juicio
en ese punto concreto. Lo que sí puedo decir es que me preocupa
extraordinariamente la quiebra de la fuerza de la ley cuando ésta es dictada por
los tribunales de justicia en el País Vasco, donde las leyes y las resoluciones
judiciales ni se acatan ni se cumplen. Me preocupa que haya una especie de
territorio exento a la ley y al Derecho, no sólo con respecto a los derechos
individuales de las personas, la vida, la libertad de expresión, reunión o
movimiento, restringida de manera lamentable para algunos, sino también ese área
exenta e inmune al Derecho y al Estado de Derecho en donde las leyes, las normas
y las sentencias judiciales se cumplen sólo si son de su agrado. Es una especie
de ley del embudo, a la que los nacionalistas son muy proclives, según la cual
«sólo es justo lo que es de mi gusto».
-Entonces, cuando el Supremo ordenó disolver Sozialista Abertzaleak no se
entrometió en la actividad de la Cámara vasca...
-Para nada. El Supremo dictó
una sentencia impecable que debió cumplirse en sus propios términos. Lo que
preocupa es eso, que resoluciones o normas jurídicas dictadas para todos con la
generalidad que implica la ley no se cumplan sólo por la voluntad de aquéllos
que en un determinado momento tienen la responsabilidad de gobierno e
institucional en el País Vasco.
-¿Es posible aplicar en España un modelo territorial basado en las «comunidades
nacionales»?
-Esa es una ocurrencia, dicho
sea con todos los respetos, que trata de enredar una cuestión que en el artículo
2 de la Constitución está meridianamente claro. Evidentemente, si nos ponemos en
el plano constituyente, uno se puede inventar todos los conceptos que quiera,
aunque para eso no hace falta idear un término tan equívoco y ambiguo.
-Luego el término «nación» no es discutible...
-Lo que quiero decir es que el
articulo 2 es muy claro: hay una única nación, la española, en la que descansa
la unidad política del Estado; y las nacionalidades y regiones son una
composición de esa nación española dentro de la pluralidad que la Constitución
reconoce, pero que alude más a la identidad histórica, cultural e incluso
jurídica que tienen algunas Comunidades Autónomas. Aquí estamos manejando
conceptos jurídico-políticos que están plasmados en la Constitución. Por lo
tanto, no se puede decir que el concepto de nación, que recoge el artículo 2, es
discutido y discutible. Es un concepto jurídico que se podrá cambiar, y
legítimamente se puede iniciar una reforma constitucional para ello, pero no se
puede alterar, contradecir o relativizar si no es mediante la reforma de la
Constitución misma.
-¿Ha llegado el momento de reformar el artículo 2?
-Creo que no. El artículo 2
es, junto con el Título VIII, la clave del arco sobre el que se ha hecho ese
gran pacto histórico que ha conducido al Estado de las Autonomías, que es la
fórmula más abierta, más flexible, y la que mejor puede dar respuesta a las
tensiones territoriales y a las cuestiones que siempre han venido entorpeciendo
la historia política de España desde el antiguo régimen. Y en este sentido,
nosotros creímos que esa solución de la Constitución del 78, ese gran pacto que
permitió alumbrar esa nueva organización territorial del Estado para vertebrar
sobre ella la unidad nacional, la unidad de la nación de España, es la fórmula
en la que pueden tener mejor cabida todas las tensiones que los nacionalismos
periféricos generan. Y no creo que vayamos a encontrar una fórmula que dé mayor
apertura y flexibilidad a la expresión política de la pluralidad constitutiva de
España (desde luego, en modo alguno el Estado federal, en el que no
encontraremos una descentralización mayor que la que posibilita el Estado de las
Autonomías), a no ser que lo que se pretenda sea otra cosa. Y muchos sabemos muy
bien que lo que algunos partidos nacionalistas pretenden no es una reforma de la
Constitución sino una ruptura de la Constitución, porque lo que quieren es la
independencia. Pero eso no es ya un cambio en la Constitución, es un cambio de
Constitución, una ruptura profundamente abrupta del orden constitucional y del
pacto constitucional.
-¿Se avecina un cambio propiciado por la presión de los compromisos
parlamentarios del Gobierno?
-No exactamente. Probablemente
el tema de la reforma territorial, de los estatutos y de la Constitución se
planteó por las elites dirigentes de algunos partidos políticos nacionalistas e
incluso de otros partidos políticos que no se llaman nacionalistas pero que lo
son (me refiero concretamente al PSC,que tiene más de nacionalista que de
socialista). Esas jóvenes elites dirigentes que han perdido la memoria histórica
del gran pacto del 78, por puros criterios de oportunidad política han decidido
poner encima de la mesa como un elemento más de su programa político la reforma
territorial del Estado. Y todo ello sin que exista una demanda ciudadana y bajo
el paradigma de que esta Constitución y estos estatutos ya no nos sirven. Son
una elite política que, sin atender a la memoria histórica, a lo que ha costado
poner en pie este Estado constitucional, han decidido hacer tabla rasa de todo
eso bajo el paradigma de que las constituciones se cambian porque las
generaciones se suceden, con lo cual estaremos en un proceso permanentemente
constituyente. Y han decidido abrir este proceso de reforma territorial de una
manera a mi modo de ver irresponsable. El presidente del Gobierno ha decidido
que efectivamente ha llegado el momento de llevar a cabo una segunda transición;
que la que se hizo de forma modélica y ejemplar y que ha dado un fruto
espectacular desde el punto de vista de la Historia de España no sirve; que hay
que hacer una segunda transición política para hacer acaso ahora la ruptura que
no se quiso hacer en 1978 porque se tenía una conciencia muy clara y una memoria
muy presente de lo que había sido la Historia de España. Y precisamente porque
se tenía una memoria histórica muy viva de lo que había representado la Guerra
Civil, se pensó que eso había que superarlo con un pacto constitucional que
diera estabilidad a nuestro país para un futuro muy largo. Pues ese futuro muy
largo es el que algunas personas quieren ahora poner en cuestión. Lo que me
parece sobre todo un error estratégico es haber admitido como punto de partida
que esta Constitución del 78 no sirve y que hay que sustituirla por otra.
-¿Aconseja el actual clima político iniciar la reforma constitucional?
-No existen hoy las
condiciones ni están los mimbres para hacer el pacto que se hizo en 1978, porque
hay algunos partidos que no tienen ni voluntad de consenso ni voluntad de
reforma de la Constitución. Reformar la Constitución implica como condición
indispensable su defensa. Y tengo muchas dudas de que ERC, PNV o BNG quieran
defender esta Constitución y no deconstruirla, es decir, derribarla. Esto no es
una reforma de la Constitución, sino un cambio de Constitución.
-¿Tampoco lo aconsejan las relaciones PP-PSOE?
-Eso ya es el remate. Me
preocupa cómo se ha ido erosionando el apoyo y el consenso de los grandes
partidos nacionales a la Constitución. Esta Constitución no se sostiene sólo con
un gran partido nacional, sea cual sea, ni se sostiene tampoco con un partido y
medio. Esto requiere como mínimo dos grandes partidos firmemente unidos en la
defensa y el mantenimiento de esta Constitución. Y con esto no quiero sugerir
que yo sea un inmovilista, porque rápidamente se ha disparado con esta munición
sobre cualquier persona que levantara la cabeza para decir algo que no está en
la línea del pensamiento único que algunos quieren imponer. No soy ni un
fundamentalista constitucionalista ni un inmovilista. Si se va a cambiar esta
Constitución, lo que quiero saber es por qué, para qué y cuál es la otra
Constitución que usted me ofrece, en qué va a ser mejor y qué problemas va a
solucionar. Y dígame qué ha funcionado mal, hágase un balance de estos 25 años.
Aquí lo que hemos hecho es poner el carro delante de los bueyes: primero digo
que vamos a reformar la Constitución y los estatutos y luego ya veremos a dónde
esto nos conduce.
-¿Era necesario adaptar nuestra Carta Magna al Tratado de la Constitución
europea?
-Creo que no. Participé como
representante de Aznar en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la UE y lo que puedo decir es que una de las preocupaciones primordiales en
aquella tarea era que la Carta, germen de lo que es ahora la Constitución
europea, no pusiese patas arriba ni los tratados constitutivos ni las
constituciones nacionales de los Estados miembros. Por eso siempre he creído que
no había incompatibilidad alguna. Y el TC ha dejado zanjado este problema,
aunque con una resolución que es muy pobre desde el punto de vista jurídico y
argumental. Pero en todo caso, es un asunto zanjado y no hay necesidad alguna de
reforma.
-¿Y la reforma promovida por el Gobierno para introducir el nombre de las
Comunidades Autónomas?
-Ocurre lo mismo. La
singularidad de nuestra Constitución es que organiza un territorio sin definir
el Estado, con lo cual la estructuración del mismo se defiere a un momento y a
una dinámica política posterior, que es todo el proceso estatutario que ha ido
produciéndose. Es verdad que después de 25 años, el Estado español, desde la
perspectiva de su estructura territorial, ya está definido: es un Estado de las
Autonomías, compuesto por 17 Comunidades Autónomas más dos Ciudades Autónomas.
Bien, ahora se puede plasmar esa realidad en el texto de la Constitución. Si se
quiere meter esto en la Constitución me parece bien, pero que se explique qué
problema resuelve de los planteados por los nacionalismos periféricos. Eso no va
a satisfacer las pretensiones de los nacionalistas, que lo que quieren es hacer
una reforma radical y constituir el Estado bajo supuestos territoriales
completamente distintos de los de 1978. En esa línea van el plan Ibarretxe e
incluso muchos de los planteamientos que hacen Maragall y el PSC, que
difícilmente tienen encaje en esta Constitución. Por tanto, añadir el nombre de
las comunidades no va a resolver ningún problema sobre cómo ha de vertebrarse la
unidad constitucional de España, la unidad de la nación española, la pluralidad
y los nacionalismos periféricos.
-Nacionalistas catalanes y vascos pretenden crear consejos del poder judicial
autonómicos. ¿Es viable?
-No. El Poder Judicial es
único. La unidad del Poder Judicial es un concepto asentado profundamente en la
Constitución y no cabe la posibilidad de fragmentarlo.
-¿Qué opinión tiene de la reforma del sistema de nombramiento de los altos
cargos judiciales?
-No tengo una opinión sobre
eso. Lo único que constato es que se ha producido una situación lamentable de
bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que no añade nada bueno ni nada
nuevo a la atormentada y triste historia de este órgano constitucional que se ha
visto politiqueado hasta los extremos más inconcebibles. Y eso ha minado las
bases sobre las que un órgano constitucional puede funcionar con tranquilidad y
con sosiego.