SABER Y NO SABER
Artículo de Ignacio Camacho en “ABC”
del 16 de junio de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Las decisiones gubernamentales
—erráticas, borrosas e inconsistentes— siembran el caos
LA
sensación de que este Gobierno no sabe gobernar es algo más que una opinión
política: se trata de una cuestión puramente técnica relacionada con el
(des)conocimiento del manejo de las herramientas administrativas y los
procedimientos jurídicos que dan forma a la gobernación de un Estado. Más allá
de la improvisación, la contradicción y la incoherencia, las decisiones
gubernamentales carecen a menudo de consistencia legal y dan lugar a amplias
lagunas de interpretación que las vuelven borrosas y siembran el caos sobre el
modo de ejecutarlas. Bajo el mandato de Zapatero el poder no sólo se ha vuelto
arbitrario, errático, caprichoso, inconsecuente y propenso a las ocurrencias
impremeditadas, sino que se ha abandonado a la impericia y emite normas y
órdenes imprecisas o equívocas que cuando no ofrecen dudas de
inconstitucionalidad albergan preceptos confusos y convierten su aplicación en
un mareante litigio. Como errores de bisoñez estos desajustes no tienen ya un
pase al cabo de seis años, de manera que sólo pueden atribuirse a la simple
incompetencia de un equipo que se ha puesto a gobernar sin la capacitación
requerida para una tarea cuya complejidad desmiente el desahogado voluntarismo
del presidente, capaz de confesarle a su mujer que su trabajo era tan sencillo
que cientos de miles de españoles podrían desempeñarlo.
Esta
inseguridad jurídica ha alcanzado el paroxismo en la reforma del mercado de trabajo,
que después de dos años de perezosos tanteos el Gabinete pretende resolver con
las prisas del típico arreón de mal estudiante.
Presionado por la urgencia de presentarse con el proyecto en el examen final de
Bruselas, Zapatero ha decidido tramitar por decreto lo que luego habrá de ser
desarrollado como ley, creando así un limbo al que pueden ir a parar millares
de trabajadores afectados por la aplicación inmediata de sus preceptos. Si los
nuevos contratos, los plazos y los límites de las indemnizaciones por despido
quedarán durante unos meses establecidos en parámetros que pueden ser
modificados por la negociación parlamentaria posterior… ¿a quién y cómo
reclamarán las empresas y los empleados que actúen como involuntarios
conejillos de prueba de esta creativa experiencia de legislación por etapas?
¿Qué validez, qué firmeza tendrán las medidas adoptadas durante el período de
transición? El asunto podría ser hasta risible si no se tratase de una reforma
que desmantela importantes aspectos de la protección laboral y liquida derechos
vigentes especialmente delicados. En una situación de desamparo social como la
presente, esta forma de gobernar ya constituye una emergencia crítica; si hay
tantos ciudadanos que podrían ser presidentes del Gobierno, es urgente encontrar
a uno que lo haga siquiera un poco mejor que éste.